–El presidente Gustavo Petro madrugó este martes a tuitiar sobre la decisión de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y de la situación de El Plateado, donde la fuerza pública fue literalmente expulsada por la población civil, instrumentada por la agrupación ilegal armada.

«El EMC ha resuelto no asistir a la mesa de negociación sin romper la tregua. Eso no es posible. El cese al fuego solo es posible si avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de hostilidades a la población civil», precisó el jefe del Estado, al concluir un largo trino en su cuenta en la red social X.

«Es cierto que el pueblo del plateado en el cañon del Micay, Cauca, quiere a la fuerza pública y sustituir las economías ilícitas», comienza diciendo el presidente Petro.

«Estos territorios como el Micay, eran controlados antes por las Farc. Con los acuerdos de paz, no pasaron a la construcción de un estado de derecho, sino que fueron abandonados por el Estado, por la actitud displicente del pasado gobierno copn el proceso de paz de (Juan Manuel) Santos», puntualiza.

Señala que esos territorios «pasaron entonces a los nuevos grupos armados, muy ligados a las economías ilícitas» y que asi El Plateado se convirtió «en una especie de bolsa de la cocaína a donde iban diferentes representantes de mafias a negociar. La base de la fase actual, de la violencia es la economía ilícita y su lucha por controlarla».

Advierte que estos territorios «no han sido ganados militarmente por los nuevos grupos, sino más bien el estado les ha abierto las puertas; en algunos casos como el cañón del Micay, han sido ocupados ilegalmente gracias a la ayuda de funcionarios que reciben sobornos. Las denuncias sobre mandos de la fuerza pública que entran en asocio con los nuevos grupos para rentar del negocio ilícito han aumentado».

Subraya el mandatario que «mientras en la violencia liberal/conservadora, y en la de la insurgencia/estado la separación entre el estado y sus rivales eran tajante, en la fase actual, esa separación no es es tan tajante porque, a diferencia de la política y la ideología como ejes vertebradores de la violencia, el dinero y la economía ilícita que lo produce genera una base objetiva de asociación».

Y puntualiza: «Esa asociatividad entre economías ilícitas y funcionariado corrupto, potencia a la economía ilícita y por tanto al actor armado ilegal».

Dice que en el caso dell cañon del Micay éste fue «cedido» al Estado Mayor Central de esa manera.

«Mi gobierno inició un proceso de saneamiento de la fuerza pública, aún incompleto, y decidió recuperar militarmente el cañón del Micay. Personalmente di la orden de comenzar la «operación Trueno» para recuperar el cañón, articulado a una estrategia de sustitución de su economía ilícita de manera integral», anota.

Subraya que «la operación retomó todas las posiciones dominantes alrededor del Plateado y bloqueo la salida de la economía ilícita» y añade que en medio de la «operación trueno» se presionó el cese al fuego y el inicio de la negociación con el EMC».

Recuerda que al EMC en el decreto presidencial se le estableció priorizar el abandono de los centros poblados y las vías principales y secundarias y colaborar en la sustitución de la economía ilícita.

«Eso significaba abandonar el Plateado y su vía de conexión con Argelia y el cañón del Micay. Alisté el gobierno para iniciar las inversiones para una sustitución de su economía», indica y complementa:

«En la fase actual de la violencia, el proceso de paz debe comenzar por un acuerdo de sustitución de economías ilícitas por lícitas con ayuda del Estado. Significa esto que la paz se convierte en una política territorial. La paz lleva a un territorio donde prime el Estado Social de Derecho, la economía sea lícita y las ciudadanías tengan el gobierno real y sean sujetos de derechos fundamentales»

Y concluye: «El EMC ha resuelto no asistir a la mesa de negociación sin romper la tregua. Eso no es posible. El cese al fuego solo es posible si avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de hostilidades a la población civil».