–El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo nuevamente un llamado al Eln a que le respeten la vida y la integridad a Luis Manuel Díaz y a todos los secuestrados de Colombia, y le pidió que tengan gestos genuinos de adelantar un verdadero proceso de paz.

Además advirtió que no se debe confundir el cese al fuego con un despeje», pues subrayó que la fuerza pública no puede tener territorios vedados en el país», esto en relación con la exigencia que hizo el Eln de retirar las tropas para la liberación del papá del futbolista Luis Díaz.

Afirmó igualmente que “los grupos armados ilegales tienen que ponerse serios con el proceso de paz. Es el sentir de las comunidades las cuales sienten vulnerados sus derechos debido al accionar de violentos en los territorios”.

«Desde la Defensoría reiteramos el llamado a los grupos armados al margen de la ley, para que se comprometan con la paz y no afecten más a las comunidades en todo el territorio nacional.

«No debemos confundir el cese al fuego con un despeje. La fuerza pública no puede tener territorios vedados en el país. Los grupos armados ilegales no pueden seguir frustrando el anhelo de paz de los colombianos», Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo de Colombia. pic.twitter.com/44Ugq6ZTZm

— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 7, 2023

El Defensor del Pueblo participó este martes en el Congreso en audiencia pública sobre el proyecto de ley que presentó la Defensoría del Pueblo y cuyo fin es reformar la Ley de Víctimas.

Allí Camargo Assis explicó el diseño metodológico que aplicó la entidad para garantizar la participación de las víctimas y entidades concernidas en todas las fases de la investigación, como también respondió las inquietudes de algunos senadores y senadoras.

“En atención al interés manifestado por la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, de la cual ejercemos la Secretaría Técnica, decidimos avanzar en un proyecto de investigación, sustentado en un estudio sobre la Ley 1448 de 2011 a partir de dos líneas: las posibles modificaciones directas a la estructura del articulado y el fortalecimiento en aspectos relacionados con la implementación. Es una investigación que contó con todo el rigor académico y una metodología participativa denominada ‘Información, consulta y consenso’, propuesta por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales”, aseguró Carlos Camargo Assis.

En la audiencia pública, convocada por la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, el Defensor del Pueblo explicó que, en esa misma línea, el proyecto de reforma se ha comprendido en tres fases. En la fase de información, una de las fuentes centrales de investigación fueron los diez informes de la Comisión de Seguimiento, los cuales son una fuente autorizada para la evaluación de los indicadores de cumplimiento de las entidades responsables de la implementación de la Ley, y más aún que los últimos dos informes han contado con el capítulo de percepción de las víctimas, razón por la que la participación de la población víctima del conflicto se evidencia desde un primer momento.

“La segunda fase de nuestro proceso de investigación nos permitió conocer la opinión de las víctimas. La hicimos a través de instrumentos cualitativos, como las cartas asociativas en 28 grupos focales en territorio. Así mismo, por medio de una encuesta en todo el país dirigida a organizaciones de víctimas y servidores públicos y visitas a ocho Mesas Departamentales de Participación Efectiva de Víctimas en Nariño, Santander, Cauca, Vichada, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, San Andrés, entre otras”, añadió Carlos Camargo Assis.

La última fase de consenso, la llevó a cabo la Defensoría del Pueblo a través de 15 mesas de trabajo, en las que participaron las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), con 123 funcionarios, y 15 representantes de la Mesa Nacional de Víctimas. Cada mesa atendió un aspecto que no responde a la satisfacción de los derechos de las víctimas, por ejemplo: una mesa discutió los problemas de registro; otra, la restitución de tierras; otra, el derecho a la participación de las víctimas; otra, las víctimas en el exterior; otra, retornos y reubicaciones.

“Una inquietud que nos manifestaron los senadores fue sobre la participación y los aportes de las universidades en este proyecto de investigación. En este punto, quiero precisar que no hubo tercerización ni cofinanciación, solo realizamos acuerdos académico-institucionales desde nuestro Centro de Estudios en Derechos Humanos con algunas instituciones educativas y sus grupos de investigación”, enfatizó el Defensor del Pueblo.

Frente a nueve proposiciones presentadas por los congresistas, el Defensor del Pueblo explicó que cinco de ellas deben ser incluidas, pues son complementarias y por lo tanto, valiosas para fortalecer la propuesta del proyecto de ley presentado por la entidad nacional garante de los derechos humanos.