Judicial Nacional

JEP aceptó de manera excepcional el sometimiento del ex-cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso

–La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, anunció este viernes que aceptó «de manera excepcional» el sometimiento del excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso. De hecho, este sujeto, que recientemente fue designado «gestor de paz» por el presidente Gustavo Petro, es el primer integrante de las llamadas autodefensas que es incorporado al proceso, con lo cual, entre otras cosas, le representará una considerable rebaja de las penas por las atrocidades que cometió a lo largo y ancho del territorio colombiano.

La decisión la tomó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en la culminación de la Audiencia Única de Verdad de Salvatore Mancuso llevada a cabo este 17 de noviembre en Bogotá, con la presencia remota del excabecilla paramuilitar.

La justicia transicional tomó la decisión tras cuatro días de audiencia con Mancuso, «como sujeto incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004».

La JEP considera que Mancuso ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública.

Según la sala, Mancuso se incorporó funcional y materialmente a la fuerza pública, condición que le «permitió ubicarse desde la ilegalidad pero cobijado por la autoridad en una connivencia que, precisamente, investiga y juzga la JEP».

Para definir si Mancuso Gómez podía ingresar o no a la JEP, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas analizó y contrastó judicialmente que hubiera hecho aportes presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena.

La magistrada Heydi Baldosea, presidenta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, explicó que, una vez hecha la contrastación, es decir la revisión de lo dicho por Mancuso en estos espacios reservados, se procedió a levantar la reserva parcial de estas declaraciones atendiendo a los derechos al acceso a la información incluido en la Constitución.

El análisis de la magistratura contempló el nivel de involucramiento que tuvo Mancuso Gómez y el poder de rango que ostentó en la estructura ilegal para influir en las operaciones de la fuerza pública con la condición de máximo responsable en patrones de macrocriminalidad.

Otra de las consideraciones tenidas en cuenta para determinar el acceso y la publicidad de la información declarada por Mancuso ante la JEP tiene que ver con los riesgos para su seguridad, la de su familia y su defensa.

Durante la primera sesión de la Audiencia Única de Aporte a la Verdad realizada en mayo, Mancuso debió demostrar que bajo el rol de bisagra o punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública asumió y le fueron delegadas funciones propias de las fuerzas estatales.

Así mismo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, bajo lo ordenado por la Sección de Apelación de la JEP, debió establecer los estándares de verdad para determinar la calidad de los aportes hechos por Mancuso y definir qué era novedoso y qué no.

Este análisis y contraste de los aportes de verdad hechos por Mancuso también debía permitir «avanzar en una mejor comprensión del fenómeno paramilitar durante el conflicto armado colombiano», según señaló la magistrada Baldosea.

La sala también subrayó que en la Audiencia Única de Verdad de Mancuso «se pudo ver a una persona con una actitud distinta a la que las y los colombianos vieron en el Congreso de la República en el año 2004, dispuesto a dignificar a las víctimas», destacó la magistrada Baldosea

En este sentido, la sala conminó «al señor Salvatore Mancuso Gómez para que dicha actitud no solo se mantenga, sino que sea progresiva y se amplíe con fines al aporte de los derechos de las víctimas y a los procedimientos restaurativos que adelanta este Jurisdicción».

La sala también resaltó el carácter restaurativo que guió la Audiencia Única de Verdad de Mancuso, quien «evitó caer en discursos justificatorios y revictimizantes», subrayó la magitrada Heydi Baldosea.

Por su parte, la magistrada María del Pilar Valencia presentó el análisis de los aportes de verdad de Mancuso durante los dos primeros días de audiencia.
«Se hizo evidente que el rol de bisagra desempeñado por él permitió que la fuerza pública incrementara sus resultados», dijo.

La magistrada Valencia agregó que los aportes de Mancuso fueron presentes, efectivos, novedosos y suficientes «para soportar la cantidad de operaciones conjuntas desarrolladas (con paramilitares) y la manera como el paramilitarismo cooptó la misionalidad de la fuerza pública».

El magistrado Pedro Díaz presentó el análisis y la contrastación de lo dicho por Mancuso durante el tercer y cuarto día de Audiencia Única de Verdad. La contrastación reveló que amplió el umbral de verdad con relación a señalamientos sobre la parapolítica.

«Mancuso evidenció que detrás de la violencia desplegada por el contubernio entre el paramilitarismo y la fuerza pública (en Córdoba contra sindicalistas y profesores) se encontraban importantes actores económicos y políticos de la región», precisó el magistrado Díaz.

Previamente, en el mes de mayo de este año, Salvatore Mancuso se presentó, desde la misma cárcel de Georgia, EE.UU, donde cumple una condena por narcotráfico, de manera virtual ante la JEP para demostrar que actuó como ‘bisagra’ o punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública durante el conflicto armado. De la calidad de sus aportes dependía si se podía someter o no a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Durante cuatro días de Audiencia Única de Verdad, ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Mancuso Gómez, confesó ante la magistratura y las víctimas, en calidad de oyentes, los crímenes y relacionó los altos mandos de la fuerza pública y de otras entidades del Estado, con los cuales los grupos paramilitares se aliaron para planear, ejecutar y ocultar los crímenes, además de tejer alianzas que facilitaron el despliegue y las acciones de los grupos paramilitares en las zonas en que operaron.

Como punto de partida, en el proceso de contrastación judicial, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se basó en un informe elaborado por el Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP que reúne el contexto macrocriminal de las estructuras paramilitares que operaron en Córdoba bajo el mando de Mancuso. Es en ese departamento donde inició y se consolidó su rol como comandante paramilitar.

Además, Córdoba constituye uno de los territorios claves para entender la lógica de incursión y expansión del fenómeno paramilitar. ¿La razón? los modus operandi, prácticas, planes y/o políticas que fueron puestas en marcha se replicaron en otras regiones del país, como Norte de Santander, Sucre y Cesar.

Para construir el informe, el Grai consultó 120 fuentes judiciales provenientes de Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Consejo de Estado, así como sentencias de la Jurisdicción Especial de Restitución de Tierras. También tuvo en cuenta cinco informes entregados a la JEP por entidades del Estado, el Informe Final de la Comisión de la Verdad, nueve informes de organizaciones de víctimas y la sociedad civil, y doce informes de prensa.

A partir del análisis del Grai, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP identificó el siguiente patrón criminal: Apoyo a la conformación y expansión de grupos paramilitares, el cual está constituido por cuatro prácticas criminales que llevaron a la configuración de un aparato organizado de poder que facilitó la expansión y consolidación del control territorial de los paramilitares:

1. Las Convivir como fachada del accionar paramilitar

Las Convivir fueron presentadas como asociaciones cuyo fin principal era brindar seguridad y prevenir y contrarrestar a los grupos criminales y las guerrillas. Bajo ese ropaje legal, establecieron vínculos estrechos con miembros de la fuerza pública, incluyendo algunos altos mandos militares de la Brigada 11, como el general (r) Iván Ramírez Quintero y el coronel (r) Lino Sánchez Pardo.

2. Operaciones conjuntas entre paramilitares y fuerza pública

Las operaciones mixtas entre integrantes de la fuerza pública y los paramilitares generaron zozobra entre las comunidades y sembraron desconfianza en los miembros del Ejército y la Policía. Además, fueron el combustible de la violencia y una máquina de violaciones de los derechos humanos cuya principal víctima fue la población civil.

3. Alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y fuerza pública

Salvatore Mancuso lideraba en Córdoba una estrategia de consolidación política y social que se tradujo en nexos con funcionarios públicos y civiles que en su mayoría poseían un capital político en la región.

Esa estrategia buscaba:

Insertar paramilitares entre la población civil.
Adquirir reconocimiento de estatus político.
Reclutar nuevos integrantes en las filas paramilitares.

4. Filtración de información del DAS con fines contrainsurgentes

La cooptación y el control de entidades públicas les permitía a los paramilitares no solo acceder a información privilegiada, sino perseguir a quienes consideraban un obstáculo en sus objetivos tanto militares como sociales, económicos y políticos. Funcionarios del desaparecido DAS, que entonces estaba en cabeza de Jorge Noguera y José Miguel Narváez, suministraron información de inteligencia que les permitió a los paramilitares afianzar su poder en entidades como la Universidad de Córdoba.

Esta Audiencia Única de Verdad de Mancuso hizo parte de una serie de diligencias especiales ordenadas por la Sección de Apelación de la JEP para resolver las solicitudes de sometimiento de los también excabeillas paramilitares, como Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 40’, de agentes del Estado integrantes de la fuerza pública como el general ( r ) Jesús Armando Arias Cabrales, y terceros civiles como Enilce López, quienes, por sus condiciones particulares, tienen condicionado su ingreso a la JEP a la calidad de los aportes de verdad que puedan entregar a esta Jurisdicción. Arias Cabrales, por ejemplo, ya fue rechazado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, luego de la Audiencia Única de Verdad.