Acabar con la Procuraduría, que es un emblema de la lucha contra la corrupción y contra las inmunidades frente al poder disciplinario, sería muy grave y un retroceso para el país. 

Esa fue una de las conclusiones citadas por los magistrados de la Corte Constitucional, Juan Carlos Cortés y José Fernando Reyes Cuartas, así como de la exconsejera de Estado, Rocío Araújo González, durante el panel que analizó los alcances de la sentencia C-030 de 2023, en desarrollo del Congreso Internacional de Derecho Disciplinario organizado por la Procuraduría en Cartagena. 

Al discutir lo ordenado por la sentencia, que ratificó las facultades de la Procuraduría para investigar, juzgar y sancionar a servidores de elección popular, el magistrado José Fernando Reyes sostuvo que con ella el país avanza en los estándares de garantía del derecho disciplinario y por eso no se puede considerar como un retroceso, al tiempo que agregó que acabarla sí sería un retroceso.

Por su parte, el magistrado Juan Carlos Cortés sostuvo que “hay derecho disciplinario para rato en el país”, al tiempo que señaló que la sentencia contribuye al proceso de reconocimiento de garantías, y le permite al elegido popularmente tener una seguridad adicional de reserva porque estamos aplicando un estándar más alto de protección.   

Garantía de debido proceso

Por su parte, la exconsejera de Estado, Rocío Araújo, precisó que el recurso de revisión introducido por la sentencia es una “repotencialización de la justicia, porque permite revisar de manera exhaustiva y en corto plazo la sanción disciplinaria, y brinda un conjunto de herramientas e instrumentos procesales que garantizan el debido proceso”. 

Como complemento a lo anterior, el magistrado Reyes Cuartas precisó que con la sentencia se están respetando los estándares interamericanos y a su vez los derechos de los electores, porque nadie que esté en el ejercicio del cargo público puede ser removido sin esa garantía, lo que es bueno para los electores que han confiado en una persona.  

Agregó que “haría muy bien si la institucionalidad colombiana, desde el Presidente de la República para abajo, defiende la existencia de la Procuraduría solo por una razón, y es porque es una entidad que lucha contra la corrupción” y ha sido fundamental en la construcción de la democracia y en la vigilancia de la función pública. 

Finalmente, los panelistas puntualizaron que los funcionarios públicos de elección popular “no son impermeables al derecho punitivo, ni al penal ni al disciplinario, es decir, no debe haber un efecto teflón”.