La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a 18 presuntos integrantes de ‘Comité’, una estructura delincuencial que sería la responsable de realizar llamadas extorsivas y promover estafas desde la cárcel La Modelo de Bogotá.

Investigadores del CTI, con apoyo del Gaula Militar, capturaron a siete personas en diligencias ejecutadas en Bogotá e Ibagué (Tolima). Entre los detenidos están tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), identificados como Cristian Camilo Silva Aparicio, Guillermo Aguilar Hernández y Heiver Alexis Vargas González.

De manera simultánea, fueron notificados en el centro carcelario 11 internos, a quienes les fueron incautados 63 celulares, 2.701 sim card de diferentes empresas de telefonía móvil y estupefacientes.

Los privados de la libertad, al parecer, ubicaban a sus víctimas por redes sociales, las contactaban por vía celular y las engañaban mediante distintas modalidades de estafa. En una de estas simulaban ser una autoridad e indicaban que una maleta cargada con estupefacientes había llegado a un aeropuerto a nombre de un ciudadano específico, a quien le pedían hacer una transferencia inmediatamente a una de las denominadas billeteras virtuales para no capturarlo ni judicializarlo.

Cuando el afectado se percataba de la mentira, era amenazado de muerte y obligado a consignar.  El dinero entregado, a través de esta forma de estafa, y de las extorsiones que se hacían desde La Modelo, era retirado y administrado por conocidos de los internos que vivían en Bogotá e Ibagué.

Los elementos de prueba dan cuenta de que dos privados de la libertad serían los máximos cabecillas de ‘Comité’. Se trata de Carlos Edgar Olarte Reyes, alias El Pluma o Pollo; y Gonzalo Olaya Olaya, alias Gonzalo.

De otra parte, en el curso de la investigación se conoció que los integrantes del INPEC vinculados, presuntamente, recibían el 3% del valor de cada estafa o extorsión que se materializaba; y por dejar ingresar elementos prohibidos a las cárceles como celulares y estupefacientes.

Por estos hechos, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó a estas 18 personas el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Adicionalmente, a los tres funcionarios les fue imputados el delito de cohecho propio.