–El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa calificó de “trascendental para la historia de este país” la decisión que profirió en las últimas horas la Corte Constitucional sobre la “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, con base en la ley 2272 que se expidió durante el segundo semestre del año 2022, en el punto relacionado con la designación de “voceros de paz” y su excarcelación por solicitud expresa del presidente Gustavo Petro.

“Es una decisión que me parece muy importante porque respaldó y le dio un espaldarazo profundo a la Fiscalía General de la Nación de Colombia en la defensa por la institucionalidad judicial de este país”, puntualizó.

“No era posible de un plumazo presidencial sacar delincuentes de la primera línea de la cárcel”, afirmó Barbosa, quien agregó que en cumplimiento de este fallo “seguramente los fiscales, en el marco de su autonomía e independencia en los próximos días solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz, se encontraban en libertad y se les otorgaron esas libertades”.

“Estamos haciendo el balance rápidamente para saber cuáles son las personas que salieron como voceros de paz”, señaló el Fiscal Generalad y explicó:

“Hay que distinguir la palabra con gestores de paz que es otra figura jurídica que está amparada por la ley 975, de personas que hacen parte de organizaciones al margen de la ley que pueden además tener esa figura, pero aquellas que no hacen parte de organizaciones al margen de la ley, la Corte Constitucional colombiana nos ha dicho también que es inconstitucional en lo atinente a personas privadas de la libertad que la obtuvieron de esa manera”.

Barbosa hizo las precisiones en la ponencia que presentó en el III Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria: ‘Su impacto en la Administración de Justicia’, que tiene lugar en Neiva, Huila.

También se pronunció sobre “la Ley de Sometimiento colectivo” y reconoció que “era fundamental”, advirtiendo que así lo dijo el 11 de enero de este año “cuando me negué a levantar unas órdenes de captura de narcotraficantes con fines de extradición en Colombia que no pertenecían a organizaciones que tenían carácter político”.

Recordó que había levantado órdenes de captura en el caso del Eln y también lo hizo en el caso de las disidencias de las Farc, “con una interpretación que a nuestro juicio fue adecuada, pero no lo hicimos frente a los narcotraficantes”.

Añadió que le señaló al Presidente de la República “en su momento que debía establecerse una ley de sometimiento y que no deberían utilizar ese mecanismo para levantar o buscar el levantamiento de órdenes de captura”.

Y puntualizó: “Hoy la Corte Constitucional nos avala esa posición diciendo que la ley de sometimiento es necesaria y tiene que ir al Congreso de la República”.

“Hace unos minutos el Ministro de Justicia señaló que iban a presentar la Ley de Sometimiento”, anotó y lamentó:

“Un año y medio de desgaste simple y llanamente porque las cosas se tienen que hacer bien y conforme al derecho y esa es la característica que tiene este país y es que hoy la Rama Judicial del poder público está sosteniendo la institucionalidad colombiana”.

Francisco Barbosa, indicó en su ponencia advirtió que “este año ha sido muy difícil para todos, no solamente para la Fiscalía General de la Nación, para todos” y expuso las razones:

“Se profiere una decisión de la Corte Constitucional, en donde la Corte Constitucional define una inexequibilidad en torno a la ley tributaria o el proyecto tributario y la respuesta: es voy a mutilarle el presupuesto a la Rama Judicial del poder público. ¿En qué tipo de sociedad se pretende que están? O cuando el Consejo de Estado se pronunció sobre unos decretos ilegales, la reacción fue ‘hay un golpe blando del Consejo de Estado'”, complementó.

“Claro que la Rama judicial hace su tarea –continuó diciendo–, pero cuando hace su tarea no es para molestar a los otros poderes, hace su tarea para preservar el orden jurídico nacional. Esa es la garantía que todos tenemos desde el punto de vista de lo que significa la administración de justicia, de lo que significa la tarea de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, de la Comisión de Disciplina, de la misma Jurisdicción Especial para la Paz, del Consejo de la Judicatura”.

El Fiscal General de la Nación hizo énfasis en que “la administración de Justicia es un soporte del Estado de Derecho. Si uno dice que algo ha ganado Colombia en los últimos 30 años, es que la Rama Judicial del poder público se convirtió en un eje central de la protección de la institucionalidad y de los derechos fundamentales de los colombianos”.

Además indicó que “la Rama Judicial del poder público se convirtió en el freno a los ejecutivos excesivos que se dieron incluso antes de la Constitución del 91 y que han tenido además una mala praxis por parte de algunos que han seguido esas maneras de concebir el ejercicio autoritario del poder”.

En ese sentido, subrayó, “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se convierte en un cuerpo muy importante para preservar también, para conocer, para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas que también administran justicia, de todos los intervinientes siempre en el marco del debido proceso de las garantías judiciales, una Comisión de Disciplina Judicial que no puede desde ningún punto de vista ni siquiera dejarse cercar por parte de otras ramas del poder público para tratar de cobrarse deudas, porque la autonomía y la independencia de la Rama Judicial es la que preserva la institución dentro de sus entornos, pero también a futuro”.

Sobre resultados concretos de su gestión, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, indicó que “estos cuatro años para la Fiscalía General de la Nación han sido absolutamente importantes desde el punto de vista de gestión, de lo que yo llamo la paz habitual, la paz cotidiana, la paz no grandilocuente, la paz de los delitos del día a día”.

Dijo que encontró la Fiscalía General de la Nación con el 27% de esclarecimiento en homicidios y destacó los resultados de su gestión:

-Entregamos la entidad en el 45% de esclarecimiento en homicidios. En feminicidio la encontramos en el 80% y le entregamos en el 98%.

-En violencia intrafamiliar el promedio en los últimos 10 años era el 15%, 13% de esclarecimiento y hoy tenemos un esclarecimiento del 64.53%.

-En delitos sexuales recibimos en el 11% y este último año lo tenemos en el 50%.

-Hurto violento con indiciado conocido lo tenemos en el 73%, lo que demuestra que alcaldes y gobierno nacional deben hacer más en prevención para poder tener cámaras en las ciudades, para poder saber que cuando la justicia sabe quién es el delincuente, rápidamente la justicia actúa.

“No son los fiscales y los jueces los responsables de que aumente la criminalidad en un país, es la falta de políticas de prevención que existen en un momento determinado por una convicción política o por una convicción errónea de la administración”, puntualizó.