Una nueva Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, revela que el accionar violento de los grupos armados ilegales y las organizaciones delincuenciales tiene a los habitantes de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, inmersos en una situación compleja, lo cual viene perturbando su tranquilidad, por ende, la garantía de sus derechos.

En el Distrito portuario, de aproximadamente 310.0000 habitantes, hacen presencia el Estado Mayor Central, con su frente Jaime Martínez, y la Segunda Marquetalia (los dos, grupos disidentes de las Farc), el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y las bandas delincuenciales conocidas como ‘Los Espartanos’, ‘Shottas’ y ‘La Empresa’, a las que se suman nuevas organizaciones delincuenciales: ‘Los Chiquillos’ y ‘Jalisco Nueva Generación’. 
  
“Nuestra recién emitida Alerta Temprana determinó que en 112 de los 136 barrios que tiene Buenaventura, es decir, en el 82% del territorio de los bonaverenses, hay presencia de actores armados ilegales o delincuenciales. Esta situación genera una grave afectación a los derechos humanos, ya que la población está completamente expuesta a la violencia generada por esos grupos”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. 

La comuna 12, la cual tiene tanto zona rural como urbana, es la que presenta mayor complejidad, pues allí tienen asiento prácticamente todos los grupos criminales. La razón, el lugar es un corredor estratégico, por su ubicación y características, que permite el auge de rentas ilícitas. 

“Encontramos que hay afectaciones al derecho a la movilidad de la población, pues en el territorio hay fronteras invisibles; además, ha habido homicidios selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Estos grupos, dependiendo de sus intereses, hacen alianzas entre ellos o se enfrentan para tener el control territorial y social, con el propósito de asegurar sus economías ilegales”, advirtió el Defensor del Pueblo. 

Las denominadas vacunas son algunas de las acciones delincuenciales que más afectan a comerciantes y personas cuyos negocios están relacionados con el movimiento productivo del puerto. De acuerdo con información conocida por la Defensoría del Pueblo, se estima que las extorsiones generan una renta mensual de aproximadamente 2300 millones de pesos. A pesar del monto, las denuncias solamente alcanzan el 3% de los casos. Las autoridades judiciales han establecido que las intimidaciones obligan a las víctimas a retirar las denuncias. 

En las zonas rurales de Buenaventura, los combates entre el ELN, la Segunda Marquetalia, las AGC y el Estado Mayor Central han generado desplazamientos, confinamientos, y la siembra de minas antipersonales, riesgos a la vida e integridad de los pobladores. 

Un total de 45.000 personas desplazadas, 54 homicidios y 25 desapariciones forzadas es el crudo panorama registrado en la ciudad del puerto del Pacífico colombiano entre el 2022 y lo que va del 2023.   

Ante el escenario de riesgo extremo, la Defensoría del Pueblo le presentó 57 recomendaciones a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), del Ministerio del Interior. 

“Necesitamos que las entidades del Gobierno Nacional y locales garanticen los derechos humanos y lo establecido en el derecho internacional humanitario. La población, como deber misional que nos asiste, debe ser protegida del accionar criminal en Buenaventura”, remarcó Carlos Camargo Assis.