–Por supuestamente haberse extralimitado en sus funciones al frenar el proceso de licitación para la elaboración de pasaportes, la Procuraduría General de la Nación suspendió del cargo, por un lapso de tres meses, al canciller Álvaro Leyva Durán.

Simultáneamente, el ministerio público llamó a juicio disciplinario al alto funcionario, por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo.

En primer lugar, al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.

Y en segunda instancia, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.

Sobre la decisión de la suspensión provisional la Sala Disciplinaria sostuvo que la medida se tomó en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes.

Finalmente, la entidad dispuso el archivo de la investigación a favor del secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.

El proceso contra el canciller Leyva Durán se inició el 20 de septiembre de 2023, cuando la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en su contra , lo mismo que contra el secretario general Salazar Ramírez, por las presuntas irregularidades que hubo en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló entonces que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria.

De igual forma, la entidad advirtió que posiblemente Leyva Durán y Salazar Ramírez pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

En esa oportunidad, el organismo de control destacó igualmente que como parte de su actuación disciplinaria, solicitó la práctica de pruebas, para determinar si esa actuación era constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.