–El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) cumplió este sábado cuatro días refugiado en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, huyendo de una condena de casi 11 años de cárcel por lavado de dinero. El mandatario sandinista Daniel Ortega le concedió asilo político, generando fuertes críticas entre sus detractores.

Aunque aún es incierto el destino de Martinelli, pues la Cancillería panameña le negó el viernes salvoconducto para viajar a Managua, la oferta de asilo es vista como «perjudicial» para la imagen de Nicaragua, donde están refugiados otros dos expresidentes centroamericanos acusados de corrupción: los salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

«Nicaragua está siendo percibida como un refugio para personajes vinculados con actos de corrupción y otros delitos», comentó a DW la analista política nicaragüense Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), con sede en Costa Rica.

Funes se asiló en Nicaragua en 2016 y Salvador Sánchez Cerén en 2021, recibiendo protección también para sus hijos, nietos y bisnietos. Los salvadoreños obtuvieron además la nacionalidad nicaragüense y fueron contratados junto con sus familiares en altos cargos públicos.

Sánchez Cerén enfrenta una orden de captura, después de que la Fiscalía salvadoreña lo acusara de cometer un fraude al Estado por más de 350 millones de dólares cuando ocupaba el cargo de vicepresidente durante el gobierno de Funes (2009-2014).

Tras conocer la negativa del gobierno panameño al salvoconducto para Martinelli, el el gobierno de Nicaragua emitió una declaración exigiendo «respeto» al asilo político «como un derecho humanitario», bajo el argumento de que «el asilo al señor Martinelli ha sido concedido por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad».

Elvira Cuadra recordó que bajo el gobierno de Ortega, reelegido tres veces desde 2007, también han obtenido asilo personas involucradas con la guerrilla colombiana y exfuncionarios de alto nivel de Honduras, que escaparon de la Justicia de su país.

Esta misma semana, Marvin Ponce, exasesor del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), preso y en espera de juicio por narcotráfico en Estados Unidos, reveló que el exmandatario recibió hace dos años una oferta de asilo en Nicaragua, la cual rechazó pues prefirió entregarse y ser extraditado.

«El Estado de Nicaragua está siendo visto con sospecha. Pese a que (Ejército y Policía) afirman ser un ‘muro de contención’ del crimen organizado, el gobierno protege a extranjeros evasores de la justicia y facilita el tráfico ilegal de personas migrantes hacia Estados Unidos, modificando las condiciones de seguridad para Nicaragua», aseguró Cuadra.

La oferta de asilo a Martinelli se conoció justamente al cumplirse un año del destierro de 222 presos políticos nicaragüenses que el 9 de febrero de 2023 fueron excarcelados y enviados en un avión a Estados Unidos, para posteriormente ser despojados de su nacionalidad y expropiados de todos sus bienes en Nicaragua.

«En Nicaragua la justicia se tuerce bajo el peso de la doble moral de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo: expulsa a los justos y acoge a los injustos, trazando una línea difusa entre lo que es un legítimo refugio y lo que es una guarida de fugitivos de la justicia», declaró a DW Félix Maradiaga, politólogo y exaspirante a la presidencia encarcelado por Ortega en 2021 y también expulsado del país en ese avión.
Maradiaga, exdirector del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), una de las más de 3.500 ONG clausuradas por Ortega, señaló que los tres personajes han sido implicados en actos de corrupción y por lo tanto no aplican al beneficio del asilo político, una figura jurídica internacional que da protección a personas perseguidas por motivos políticos, de raza, género, religión o nacionalidad.

A su juicio, la acción de Ortega, además, perjudica la imagen de Nicaragua, porque «convierte al país en un Estado paria, al perpetuar un ciclo de impunidad que daña el tejido de la justicia y la igualdad ante la ley».

«Mientras la obligación de los Estados es cooperar internacionalmente con las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito y corrupción, Ortega burla el principio jurídico de refugio y asilo político, reconocido en varios instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 14) y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, junto con su Protocolo de 1967», indicó.

Para Félix Maradiaga, la llegada a Nicaragua de personas perseguidas por delitos de lavado de dinero «dibuja un retrato de la degradación ética y moral del régimen de Ortega».

«Hoy Nicaragua es el espejo roto de la justicia en América Latina, donde no hay ni siquiera un intento de simular legalidad», subrayó. (Información DW).