–La economía colombiana ha avanzado mucho para alcanzar un nivel de actividad económica más sostenible, con notables reducciones de la inflación y del déficit de la cuenta corriente, asegura el Fondo Monetario Internacional, FMI, en una declaración final del equipo técnico, en la cual, sin embargo, baja a 1,3 por ciento su pronóstico de crecimiento para Colombia este 2024

En el documento establece que las políticas macroeconómicas adecuadamente restrictivas de los dos últimos años han permitido una reducción significativa de los desequilibrios internos y externos que se acumularon durante 2021-22.

“Se estima que el crecimiento del PIB real se ha reducido al 1,2 por ciento en 2023 desde los niveles insostenibles altos después de la pandemia, debido a la desaceleración de la demanda interna. Mientras tanto, la inflación ha caído de un máximo de 13,3 por ciento (interanual) en marzo pasado a 8,4 por ciento (interanual) en enero de este año, a pesar de los efectos del aumento significativo pero necesario de los precios regulados”, precisa.

Sobre las perspectivas del país, el FMI prevé que la economía mantenga esta tendencia en 2024 antes de alcanzar su potencial a mediano plazo, y puntualiza:

-Se espera que el PIB real crezca un 1,3 por ciento este año a medida que las políticas macroeconómicas se normalicen gradualmente.

-Se espera que el consumo privado, actualmente por encima de los niveles observados antes de la pandemia, se modere este año a medida que los hogares se desendeuden y las condiciones del mercado laboral se suavicen, mientras que la inversión privada se recupere gradualmente, aunque se mantenga por debajo de los niveles prepandemia.

-Se proyecta que la inflación siga disminuyendo y se sitúe alrededor de la meta de 3 por ciento a finales de 2025.

-Se prevé que el déficit de la cuenta corriente aumente ligeramente en 2024, hasta cerca del 3¼ por ciento del PIB, debido principalmente a la recuperación de las importaciones, y que convergerá gradualmente hasta cerca de 3¾ por ciento del PIB en los años siguientes, financiado en gran medida por inversión extranjera directa.

-A mediano plazo, se prevé que el crecimiento del PIB real converja al 3 por ciento, apoyado también por grandes proyectos de infraestructuras, una mayor recuperación de la inversión privada y los beneficios económicos producto de la integración de los migrantes venezolanos.

El FMI dice que aunque los riesgos han disminuido, todavía existen más riesgos a la baja para la economía.

Los riesgos para la economía mundial se han moderado, aunque permanecen elevados. Una intensificación de los conflictos geopolíticos alrededor del mundo podría endurecer aún más las condiciones financieras mundiales, perturbar las cadenas de suministro y elevar los precios mundiales de los alimentos, lo que afectaría negativamente las perspectivas de crecimiento de Colombia y aumentaría las presiones inflacionarias. A nivel interno, un fenómeno de El Niño más fuerte de lo previsto también podría obstaculizar la actividad económica y elevar la inflación. Una demanda privada más débil de lo esperado debido a unas condiciones financieras más duras y/o un mercado laboral más débil también representan riesgos a la baja para el crecimiento. En tanto que las primas de riesgo han mostrado una disminución desde el año pasado, la incertidumbre sobre las reformas sociales y de transición energética podrían elevar los costos de endeudamiento y deteriorar la inversión privada. A pesar de estos riesgos, el mantenimiento de unos colchones en niveles adecuados y un historial sostenido de aplicación de políticas muy sólidas, incluyendo el continuo cumplimiento de la regla fiscal y del marco de inflación objetivo, mitigaría los riesgos y seguiría apoyando la resilencia de Colombia

De otro lado, el organismo internacional indica que la inflación y las expectativas de inflación en Colombia están bajando gradualmente, que el banco central mantuvo adecuadamente la tasa de interés de política monetaria durante la mayor parte de 2023 mientras la inflación y las expectativas de inflación se reducían, endureciendo efectivamente la postura monetaria durante el año.

“Esta política ha contribuido significativamente a reducir la inflación y las expectativas de inflación, las cuales deberían mantener una tendencia a la baja”, subraya.

Advierte que “la normalización de la política monetaria debe seguir avanzando con cautela”.

Al respecto, precisa que dados los riesgos al alza para la inflación, incluidos los derivados del fenómeno de El Niño y de la alta indexación, “será necesario proceder con cautela en futuras reducciones de la tasa de interés de política monetaria”.

Agrega que a medida que disminuyen la inflación y las expectativas de inflación, ajustar la tasa de interés de política monetaria en función de los datos con el objetivo de situar la inflación firmemente en la meta del 3 por ciento a mediados del 2025, permitiría alcanzar un buen equilibrio entre salvaguardar la actividad económica y la credibilidad de la política monetaria.

“El tipo de cambio debería seguir respondiendo con flexibilidad a los choques, como lo ha hecho hasta ahora, a no ser que surjan condiciones de mercado desordenadas. Dados los riesgos mundiales, el plan de compra de reservas internacionales del banco central, el cual ha sido bien acogido, fortalecería gradualmente las reservas internacionales y mantendría unos colchones de liquidez en niveles adecuados. La Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI proporciona colchones externos adicionales y mejora la confianza del mercado”, puntualiza.

Estos son otros apartes del informe:

Política fiscal – Se justifica una gestión fiscal prudente

El fortalecimiento de las finanzas públicas durante 2023 fue apropiado. Los déficits del Gobierno Nacional Central (GNC) y del Sector Público Consolidado (SPC) se redujeron por segundo año consecutivo, sobrecumpliendo de forma encomiable con la regla fiscal. Esto refleja principalmente los beneficios de las reformas tributarias del 2021-22 y a la continuación de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Los menores déficits contribuyeron a reducir la deuda pública como proporción del PIB, que disminuyó en gran medida debido a la apreciación del peso.

Sin embargo, los aumentos previstos del déficit y de la deuda para este año representan riesgos fiscales. El Plan Financiero para 2024 recientemente publicado tiene como objetivo una mejora en el balance primario neto estructural de 1,2 por ciento del PIB, de acuerdo con la regla fiscal, lo que representa una posición fiscal adecuadamente restrictiva tanto en el balance del GNC y del SPC, contribuyendo a reducir de forma duradera los desequilibrios restantes. Dicho esto, se espera que el déficit del GNC aumente al 5,3 por ciento del PIB y la deuda al 57 por ciento del PIB en 2024, ya que los costos de endeudamiento siguen siendo elevados. Además, el plan prevé un incremento en gastos primarios de alrededor de un punto porcentual del PIB, con el nivel de déficit fiscal fijado una vez más en el límite de la regla fiscal, según los cálculos del Ministerio de Hacienda. El plan supone beneficios ambiciosos pero inciertos derivados de las mejoras de la administración tributaria y de la más rápida resolución de los arbitrajes fiscales. Si los ingresos observados no cumplen con las expectativas, entonces los planes de gasto tendrían que reducirse, como se hizo en el 2023, para cumplir la regla fiscal.

La reducción proactiva de los planes de gasto ayudaría a reducir los costos de endeudamiento y permitiría una reducción más rápida en la tasa de interés de política monetaria. Los costos de endeudamiento han estado por encima de los de sus pares desde que Colombia perdió el grado de inversión en 2021. Reducir con anticipación los planes de gasto para este año, no solo disminuiría el riesgo de tener que identificar recortes de gasto más adelante, sino que también disminuiría la deuda y las necesidades de financiamiento. Es importante destacar que esta estrategia podría ayudar a normalizar más rápidamente la posición de la política monetaria, lo que a su vez reduciría los costos de endeudamiento del sector privado, estimularía la inversión y ayudaría a asegurar la competitividad, allanando el camino para que Colombia recupere el grado de inversión. Continuar con la reducción de los subsidios a los combustibles ahorraría recursos públicos escasos y se alinearía con el objetivo de Colombia de reducir la dependencia en los combustibles fósiles. Si se aprueban las reformas a la salud y las pensiones, o surgen otros choques que presionen las finanzas públicas, podrían ser necesarias nuevas reducciones en los planes de gasto para cumplir con la regla fiscal. Dadas las importantes rigideces presupuestarias, será esencial estar preparados para activar planes de contingencia.

La reorientación del gasto hacia la inversión, dentro de un menor techo de gasto, apoyaría la transición energética y aumentaría el potencial de crecimiento. Los planes ambiciosos de transición climática y energética de Colombia requerirán una mayor inversión tanto pública y privada. La reorientación de parte del gasto hacia proyectos de infraestructura y relacionados con el cambio climático apoyaría el objetivo de Colombia de impulsar su potencial de crecimiento y ser un líder mundial en la agenda de transición climática.

Sector financiero – Reforzando su resilencia

Los bancos siguen siendo resilientes a pesar del aumento en la morosidad. Con la desaceleración económica, la morosidad ha aumentado, especialmente en los préstamos al consumo, y el marco de provisiones anticíclicas se ha activado adecuadamente proporcionando a los bancos un margen de maniobra adicional. Así pues, el sector bancario sigue siendo líquido y está bien capitalizado, con coeficientes de solvencia muy por encima del mínimo reglamentario, y el crecimiento del crédito se ha moderado a niveles más sostenibles.

No obstante, es necesario seguir vigilando atentamente los riesgos para la estabilidad financiera. A medida que la economía continúe estabilizándose, la morosidad podría seguir aumentando, lo que requiere un seguimiento cuidadoso. Deberían mantenerse los mecanismos basados en las normas del marco de provisiones anticíclicas, introduciendo los ajustes necesarios tras cuidadosas deliberaciones. Dado el papel sistémicamente importante que desempeñan los fondos de pensiones privados en los mercados financieros y de capitales, cualquier posible impacto de la reforma pensional debería analizarse cuidadosamente e informar las discusiones entre las diferentes partes involucradas en la reforma para ayudar a mitigar sus potenciales riesgos. Seguir vigilando de cerca los riesgos de vencimiento y liquidez, y seguir las mejores prácticas internacionales en materia de reglas sobre el financiamiento estable será importante para contener las presiones sobre el fondeo. A medida que se avance en la mejora de la cobertura de los datos, se podrá ampliar el conjunto de herramientas macroprudenciales, especialmente aquéllas basadas en los prestatarios, lo que ayudará a complementar una buena supervisión.

Reformas sociales y estructurales – Aumentar la productividad, diversificar la economía

Las reformas sociales previstas tendrían que diseñarse dentro de los marcos de política pública y equilibrar adecuadamente las consideraciones de equidad y eficiencia. Si bien los objetivos más amplios de las reformas sociales de aumentar la equidad y la inclusión en la sociedad se acogen favorablemente, deberían diseñarse e implementarse de conformidad con los marcos fiscales de Colombia, abordando los problemas en el sistema actual, garantizando a la vez que los incentivos económicos estén bien alineados y se fomente la inversión.

Aumentar la productividad es esencial para impulsar el crecimiento potencial en el mediano plazo. Para revertir la caída en la productividad total de los factores observada en Colombia en las tres últimas décadas será necesario mejorar el clima empresarial, por ejemplo, simplificando la regulación, reduciendo la rigidez del mercado laboral, ofreciendo más certidumbre en la política pública (por ejemplo, en materia de precios regulados) y eliminando los cuellos de botella que evitan el crecimiento de las empresas más pequeñas y las mantienen al margen de la economía registrada. Además, las medidas para impulsar el ahorro interno—incluyendo el aumento del ahorro público—y reducir el costo del capital podrían favorecer una mayor inversión.

Un plan de transición energética y de diversificación de las exportaciones debe ser bien diseñado y ejecutado para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia de la economía colombiana en el largo plazo. El objetivo gubernamental de reducir la dependencia del petróleo y del carbón es encomiable y, con razón, una prioridad, habida cuenta de la disminución de las reservas de combustibles fósiles de Colombia y de la transición energética mundial en curso. La diversificación de las exportaciones sería una parte esencial de la estrategia de transición energética, que requiere identificar las ventajas comparativas entre sectores y eliminar las fricciones del mercado para fomentar la inversión privada, evitando al mismo tiempo medidas proteccionistas. La aplicación de la estrategia de transición energética y de diversificación de las exportaciones llevará tiempo y necesitará asociaciones sólidas entre entidades públicas y privadas, así como precios adecuados de la energía. El ritmo y el calendario de la transición deben equilibrar el logro de los objetivos climáticos y la preservación del crecimiento y la estabilidad fiscal y externa.

Los esfuerzos de reforma deberán complementarse de manera útil con un mayor fortalecimiento de la gobernanza y la transparencia. El desarrollo de una estrategia integral de lucha contra la corrupción centrada en las áreas con mayor riesgo de corrupción debe guiar los avances en la agenda de gobernanza. Garantizar la continua publicación y el fácil acceso de las declaraciones integrales de ingresos y bienes de las personas políticamente expuestas y facilitar el acceso público a la información de beneficiarios finales efectivos aportaría más transparencia y responsabilidad al sector público. Prestar atención especial a la mejora de la tramitación de los grandes casos de corrupción a través del sistema judicial con una mayor capacidad de investigación podría demostrar la determinación del Estado a la hora de abordar la corrupción y fomentar una mayor confianza entre el público.