–Por posibles irregularidades en la adjudicación de una licitación a UNE- EPM Telecomunicaciones, por más de $3.400 millones, la Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra tres exfuncionarios del Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Los procesados son la exsecretaria general de la cartera de Educación, Dalila Astrid Hernández Corzo; la entonces subdirectora de contratación del MEN, Karen Ezpeleta Merchán, y el exjefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, Roger Quirama García.

Los hechos están relacionados con un contrato de nube privada para el MEN y secretarías de educación que fue adjudicado a la empresa UNE- EPM Telecomunicaciones tras considerar, al parecer, de manera errada, que era la oferta más favorable, pues ocho de los ítems a contratar, no incluían el Impuesto de Valor Agregado (IVA) que sí deberían tener, por lo que resultó inferior a las demás.

La oferta se adjudicó por más de $3.400 millones cuando el valor real debió ser superior a los $ 4 mil millones.

Por estos hechos se formuló cargos a Hernández Corzo, quien habría adjudicado la respectiva orden de compra a la oferta que no era más favorable en términos financieros para ese organismo, violando al parecer, el deber de selección objetiva.

Adicionalmente, el documento de estudio previo, al referirse a los servicios de nube contratados, señaló que “todos los servicios requeridos por el Ministerio se encuentran gravados con el impuesto del IVA (…) situación que se pasó por alto al momento de adjudicar la orden de compra que nos ocupa”.

El ente disciplinario también formuló cargos a la exsubdirectora de contratación del Ministerio quien al parecer no verificó el cumplimiento de los requisitos en la presentación de las ofertas ni veló porque la orden de compra fuera adjudicada de acuerdo con los estudios previos emitidos por su dependencia.

Por último, el ente de control cuestionó al exjefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y supervisor dentro de la cuestionada orden de compra, quien presuntamente vulneró el deber de selección objetiva por haber suscrito el documento en la que salió favorecido UNE EPM Telecomunicaciones.

La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta de estos tres exservidores como falta gravísima a título de culpa gravísima.