–La Procuraduría General de la Nación anunció este martes investigaciones disciplinarias contra dos exgobernadores de la Guajira y uno del Quindío, por actuaciones irregulares frente al Plan de Alimentación Escolar, PAE.

En la Guajira, la investigación disciplinaria afecta a los exgobernadores encargados José Jaime Vega Vence (2022 – 2023) y Diala Patricia Wilches Cortina (2023), por presuntamente omitir realizar las gestiones necesarias para la planeación y oportuna operación del Programa de Alimentación Escolar durante la vigencia 2023.

La Entidad sostuvo que posiblemente se presentaron retrasos en los 12 municipios no certificados de La Guajira para atender a la población estudiantil infantil no étnica y de la indígena, por no estar culminado el trámite contractual, a pesar de ser situaciones que pudieron estar previstas antes del inicio del año escolar.

La Tercera Delegada para la Contratación Estatal señaló que, según un informe de la entidad territorial certificada en educación, a corte 23 de febrero se habrían presentado inconsistencias, por las que se incluyó como parte de la investigación al exsecretario de Educación, Adaulfo Adolfo Manjarrez Mejía.

Con la solicitud de pruebas que se hizo el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

En el departamento del Quindío, la Procuraduría General le abrió una investigación disciplinaria al exmandatario Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas (2020 – 2023), por presuntas omisiones en la planeación y en los trámites administrativos, presupuestales y contractuales necesarios para que el Programa de Alimentación Escolar se brindara desde el primer día de clases y durante todo el calendario escolar de 2024 en el departamento.

El proceso incluye a la secretaria departamental, Ana María Giraldo Martínez.

La Tercera Delegada para la Contratación Estatal señaló que las aparentes falencias provocaron que la administración elegida para el periodo 2024 – 2027 se viera obligada a decretar la urgencia manifiesta, con el fin de contratar de manera directa la prestación del servicio.

En aras de definir la posible falta disciplinaria, el Ministerio Público solicitó la práctica de pruebas y así verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, y validar si actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Por otra parte, la Procuraduría informó que en desarrollo de las verificaciones “en caliente” del PAE, visitó en Quibdó, Chocó, instituciones educativas y a la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar, UApAen.

Al efecto, señaló que a pesar de que el Programa inició oportunamente en la capital chocoana, evidenció una situación de deterioro de la infraestructura educativa como cocinas, comedores y áreas de almacenamiento en varias instituciones de la Entidad Territorial ETC.

Como parte del seguimiento al funcionamiento del PAE, los funcionarios del Ministerio Público arribaron al Instituto Integrado Carrasquilla Industrial, Institución Educativa Normal Superior de Quibdó y el Instituto Tecnológico Antonio Ricaurte, 3 de las 124 instituciones y sedes educativas en Quibdó y de las 1.1047 sedes en el departamento, para revisar la calidad de la atención y las prácticas que preservan la calidad de los alimentos, hallando limitaciones en la dotación y menaje, así como falencias en el registro diario de beneficiarios, control y seguimiento a los productos que ingresan y salen del comedor.

La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer también evidenció que aún no se ha cumplido con la conformación de los comités de alimentación escolar y que falta definir los ciclos de menús aprobados por el profesional en nutrición de la ETC y que deben ser publicados en la institución.

Para el órgano de control, si bien se cumplen los procesos de recibo y desinfección de productos, se evidenció la necesidad de contar con rutas de suministro, limpieza, manipulación, preparación de alimentos y jornadas de capacitación para el personal a cargo.

Frente a este panorama, la Procuraduría le pidió a la Secretaría de Educación tomar las acciones correctivas, además de establecer los formatos de registro y el plan de rutas de funcionamiento del programa, incluyendo las acciones y estrategias para la conformación y funcionamiento de los comités de alimentación escolar.