–El Defensor del Pueblo alertó sobre la expansión de la violencia en Bogotá y la atribuyó a la disputa territorial que libran las autodefensas gaitanistas del «clan del golfo» y el «tren de Aragua», de origen venezolano, en 9 localidades de la capital de la República. Por esto, urgió a las autoridades Distritales a adoptar medidas para contener la expansión de estas bandas criminales.

Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria son zonas urbanas donde persiste la violencia, precisa la Defensoría del Pueblo, recordando que esta situación la advirtió desde el año. No obstante, añade, se extendió a Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

El Defensor del Pueblo, Carlos CamargoAssís, considera «preponderante» recomendar a las autoridades civiles y los cuerpos de seguridad del Distrito que «implementen medidas efectivas de prevención, atención y protección para los distintos tipos de poblaciones de las 22 UPZ (donde habitan alrededor de 954.000 personas) en riesgo.

“La expansión de la violencia en Bogotá, originada por disputas entre las autodefensas gaitanistas y el grupo criminal ‘tren de Aragua’, es la principal causa por la que emitimos la Alerta Temprana 004 del 2024. Es una forma de advertir a las autoridades sobre el riesgo que aumenta para un número importante de habitantes de nueve localidades de la capital colombiana”, precisó Camargo Assis.

La Alerta Temprana (AT) indica que persiste la violencia en Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria, tal como lo había indicado en el 2019 con su Alerta 046. Pero esa situación está sucediendo ahora en Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

El Defensor señaló que en el trabajo de la entidad por la ciudad, sus funcionarios establecieron cómo la exacerbación de la violencia selectiva e indiscriminada se ha configurado a través de amenazas de muerte, homicidios selectivos o masacres, desapariciones forzadas y extorsiones.

«Las personas están siendo víctimas de métodos y medios que generan terror en la población civil, tales como panfletos, llamadas intimidantes, videos o correos electrónicos amenazantes», puntualiza.

Añadió que son fenómenos de violencia que concretamente exponen a los habitantes de 22 Unidades de Planeamiento Zonal, UPZ, donde habitan alrededor de 954.000 personas, el 11.8% de la población total de Bogotá, de las nueve localidades.

Subrayó que en estas UPZ hay altos índices de población flotante, así como una densidad importante del territorio donde se llevan a cabo actividades relacionadas con el comercio y la industria.

Además, destacó que se registró el control que ejercen los grupos criminales de redes de trata y explotación sexual, mendicidad ajena y trabajos forzados. Igualmente, se mantiene el riesgo por vinculación, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, principalmente para expendio de drogas y armas. Por todo esto, se dieron casos de desplazamientos forzados intraurbanos.

El Defensor indicó que las acciones criminales son cometidas por grupos con los que tienen alianzas tanto las autodefensas gaitanistas o clan del golfo, como el ‘tren de Aragua’.

Afirmó que esta última banda criminal financia a ‘los Satanás’, que está en guerra por el territorio contra grupos criminales vinculados al clan del golfo, como la ‘Oficina de San Andresito’ y ‘Los Boyacos’, entre otras estructuras locales, así como ‘Los Camilos’, ‘Los Costeños’, ‘Los Paisas’ y ‘Los Pereiranos’”.

«Bogotá vive su propio conflicto interno» –continuó el Defensor–, «que, como en otras regiones, está permeado por el narcotráfico, por eso el llamado urgente es a que las variadas formas de violencia no avancen a otras zonas de la capital de los colombianos, pero también, a que sean contenidas y, en el mejor de los casos, anuladas”.

Advirtió que «hay riesgo para todos los habitantes, pero existen condiciones críticas para la población socialmente estigmatizada, como recicladores y carreteros, personas dedicadas a actividades sexuales en contextos de prostitución, migrantes venezolanos y consumidores de sustancias psicoactivas, que la hace más susceptible a ser instrumentalizada por los grupos criminales en las localidades advertidas en la recientemente emitida AT 004».

Finalmente, Camargo Assís sostuvo que se hace necesaria en estos momentos la implementación de medidas efectivas de prevención, atención y protección, a cargo de las autoridades civiles y las fuerzas del orden del Distrito Capital, para salvaguardar las distintas poblaciones que habitan en las 22 UPZ de las nueve localidades en riesgo”.