–La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia divulgó este miércoles su último informe sobre la situación humanitaria en 2023, registrando que por cuarto año consecutivo, aumentaron las masacres, mientras que por otro lado, se redujo la cifra de líderes sociales asesinados.

Además precisa que a pesar de una disminución en algunos indicadores de violencia en 2023, la continua expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales contra la población civil, organizaciones étnico-territoriales y las organizaciones de base siguen poniendo en riesgo la pervivencia física y cultural de varios pueblos y procesos organizativos históricos.

Señala que la Oficina recibió 123 alegaciones de posibles masacres en 2023. De éstas, se verificaron 98 y 25 fueron consideradas no concluyentes. Se observa un incremento de 6,5% respecto de las masacres verificadas de 2022. En las masacres verificadas, se registraron 320 víctimas (242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y 7 niñas).

Del total de víctimas, 18 pertenecían a pueblos étnicos (15 indígenas y 3 afrodescendientes). Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. En el 93% de las masacres verificadas, la presunta autoría recayó en grupos armados no estatales y organizaciones criminales.

Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2023 aproximadamente 62.967 personas fueron desplazadas y 87.646 confinadas. Estas cifras representan una disminución del 22.9% en desplazamientos y del 14,3% en confinamientos respecto de la información de OCHA en el año 2022. Un 55% de las personas desplazadas y un 79% de las confinadas en 2023 pertenece a pueblos étnicos.

Los departamentos más afectados por el desplazamiento fueron Bolívar, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, y por confinamiento Caquetá, Cauca, Chocó y Nariño. OCHA también informó que, en 2023, 20.370 personas fueron afectadas por limitaciones al acceso humanitario, siendo los departamentos más afectados Amazonas, Chocó, Norte de Santander y Putumayo. La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal registró durante 2023 85 accidentes con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, siendo los departamentos más afectados Nariño, Chocó y Bolívar.

La Oficina verificó 134 casos de reclutamiento, uso o utilización de niños y niñas en el conflicto armado por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales (86 niños, 42 niñas, 6 sin confirmación de género). Persiste un alto subregistro en estas violaciones, por lo que estas cifras son solo una muestra de un fenómeno de mayor magnitud.

Preocupa particularmente, dice, que en 75 casos, las víctimas pertenecían a pueblos étnicos (71 indígenas y 4 afrodescendientes). En 37 de los casos, las víctimas sufrieron múltiples violaciones de derechos.

“De nuestro balance de la situación en el 2023, preocupa que a pesar de existir una disminución en algunos indicadores de violencia, continúa la expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales con graves consecuencias para los derechos humanos”.

El documento advierte que a pesar de las iniciativas del Gobierno colombiano de negociar con grupos armados y de enfocarse en la “seguridad humana” de las poblaciones, la realidad sigue siendo desoladora.

Al respecto señala que a través del Índice de Impacto de la Violencia, se ha comprobado que hay 206 municipios en 28 de los 32 departamentos del país donde la violencia afecta a la población, con un significativo aumento con relación al 2021 cuando la violencia se extendía a 156 municipios y en 2022, a 180.

ONU Derechos Humanos afirma que “el actuar de los grupos armados y el que no se haya podido frenar su consolidación, ponen gravemente en riesgo la pervivencia física y cultural de varios pueblos y procesos organizativos históricos del país”.

“La consolidación del poder de los grupos en algunos territorios representa un riesgo para la gobernabilidad en Colombia y para la protección de los derechos humanos de la población”, subraya.

Frente a este panorama, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera “crucial que se construya, con la plena participación de la sociedad civil, un nuevo modelo de protección para personas defensoras que no dependa exclusivamente de la Unidad Nacional de Protección y que tenga un enfoque de género, territorial, étnico, civil, integral y colectivo”.

Advierte que la capacidad de la Unidad ha quedado rebasada ante las múltiples necesidades de protección de líderes/as y comunidades. No obstante, subraya, la Unidad brinda actualmente protección a más de 6.439 personas defensoras, en 2023 recibió 64.581 nuevas solicitudes de protección. La Oficina registró el homicidio de 11 personas defensoras que contaban con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección y 5 que solicitaron medidas, pero no les fueron otorgadas.

Adicionalmente, reitera las siguientes recomendaciones al Gobierno y a las autoridades colombianas:

a) Realizar todos los esfuerzos para desplegar una presencia integral en puntos estratégicos del país con el fin de recuperar y extender el control territorial del Estado frente a la actuación de los grupos armados no estatales y organizaciones criminales.

b) Fortalecer la capacidad institucional para mejorar la protección de la población civil en los territorios.

c) Fortalecer la articulación entre la política de paz total, la política de seguridad, la política de desmantelamiento y la política de drogas para atender la situación territorial y los factores estructurales de la violencia.

d) Formalizar un diálogo permanente y articulado con los procesos organizativos de base en los territorios, independiente de los diálogos y negociaciones de paz con actores armados no estatales, en el que la población civil organizada pueda expresarle directamente al Estado sus propuestas y opiniones sobre seguridad humana y paz territorial.

e) Incluir como un punto central en los diálogos y/o negociaciones con actores armados no estatales el cese de acciones que atenten contra los derechos de la población civil, en particular el reclutamiento infantil y la violencia basada en género.

f) Garantizar la participación equitativa y efectiva de las mujeres en los espacios de construcción de paz y a implementar las recomendaciones realizadas en los espacios de consulta del Plan de Acción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

g) Desarrollar estrategias territoriales, a través del Ministerio de Igualdad, para brindar atención integral y confidencial a víctimas de violencia basada en género, incluida violencia sexual en zonas de conflicto, incorporando la participación de las autoridades étnicas en la identificación de casos.

h) Fortalecer, a través del Gobierno Nacional y autoridades territoriales, los mecanismos de prevención y atención del reclutamiento y violencia sexual contra la niñez, desde enfoques étnico y de género, así como establecer que niños y niñas menores de 18 años reclutados o utilizados por grupos armados no estatales deben ser considerados víctimas.

i) Instar a los gobiernos departamentales y locales a destinar recursos y esfuerzos para la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, como contribución a la construcción de paz en los territorios.

j) Continuar con los esfuerzos para que las entidades encargadas de la seguridad pública y los servicios de inteligencia integren transversalmente de manera efectiva los estándares internacionales de derechos humanos en su doctrina e instrumentos misionales, y los apliquen de manera efectiva en el desarrollo de sus operaciones y operativos, incluyendo mediante una reforma de la ley de inteligencia.

k) Redoblar esfuerzos en el marco de los procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, para garantizar la participación plena de las víctimas, y que sus propuestas y preocupaciones sean consideradas en la determinación de las sanciones propias y que las mismas tengan un impacto restaurador y transformador.

l) Impulsar una política pública para las personas campesinas que incorpore los lineamientos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.

m) Continuar los esfuerzos – incluyendo financieros – para la implementación integral del enfoque étnico y del Capítulo étnico del Acuerdo de Paz, en coordinación con la Instancia Étnica de Participación para el seguimiento de los Acuerdos de Paz.

n) Reconocer y fortalecer, a través del Gobierno Nacional y las autoridades locales, las instancias de gobierno propio de los pueblos indígenas y afrodescendientes mediante la implementación de un mecanismo permanente de sostenibilidad financiera, asesoría y acompañamiento técnico para ejercer su función pública en el marco de su derecho a la autonomía y auto-determinación.

o) Establecer una política pública conforme con los estándares internacionales de derechos humanos para la protección urgente de los pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural, que incluya y consolide las estrategias
y medidas que han sido efectivas en el fortalecimiento de las capacidades de pervivencia de dichos pueblos.

p) Elaborar un diagnóstico, con la participación del movimiento comunal, que identifique los factores de riesgo para la acción comunal, con el fin de concertar un Plan de Acción que garantice la protección de las y los integrantes de las Juntas de Acción Comunal.

q) Instalar una mesa de trabajo, bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, con plena participación de la sociedad civil, para construir un nuevo modelo de protección para personas defensoras, incluyendo una reforma de la Unidad Nacional de Protección, el fortalecimiento de los modelos de protección colectiva con enfoques diferenciados y del seguimiento a la implementación de las medidas con enfoque de género para mujeres y personas LGBTIQ+.

r) Fortalecer el modelo y la capacidad de la Unidad Especial de Investigación y el Grupo de Trabajo de Amenazas de la Fiscalía General para garantizar que las fiscalías seccionales sean más efectivas en la investigación de muertes y amenazas contra personas defensoras. También insta a modificar la normatividad interna para garantizar que los delitos de tentativa de homicidio contra personas defensoras sean investigados bajo alguna de estas instancias especializadas.

s) Adoptar una ley estatutaria que establezca un marco normativo al ejercicio del derecho de reunión pacífica, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.