–Familiares de alrededor de 220 víctimas de «falsos positivos» registrados en Antioquia, participan este viernes y sábado en la audiencia pública promovida por la JEP y en la cual se presentarán sus observaciones a las versiones entregadas por 81 exintegrantes de las Brigadas IV y XIV del Ejército Nacional que comparecen por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como supuestas «bajas en combate» entre 2004 y 2008.

En esta Audiencia de Observaciones, que hace parte del Caso 03, Subcaso Antioquia, los familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, se pronunciarán sobre las versiones rendidas por 81 exintegrantes de la IV y la XIV Brigada del Ejército Nacional, quienes comparecen ante la JEP en el Caso 03.

Una segunda jornada de la JEP se cumplirá en el municipio de El Carmen de Viboral, también en territorio antioqueño, los próximos días 4 y 5 de este mismo mes.

Entre los militares procesados por “falsos positivos» en Antioquia figura el general (r) Mario Montoya Uribe, quien fuera el comandante de la IV Brigada entre los años 2002 y 2003. También los comandantes de los distintos batallones, especialmente del Batallón de Infantería No. 4 «Jorge Eduardo Sánchez» (BAJES).

La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que la obligación impuesta por el general Montoya Uribe, a las unidades tácticas de reportarse en términos de “litros», “chorros», “ríos», “barriles», o “carrotancados» de sangre, como una orden recurrente.

La audiencia de observaciones que se cumple en Medellín, es un mecanismo propio de la JEP que garantiza la participación de las víctimas en el proceso de construcción dialógica de la verdad. En esta diligencia pública, las víctimas, además de presentar observaciones a las versiones que han rendido 81 comparecientes, expondrán cómo experimentaron ellas los crímenes y el daño y los impactos que estos produjeron en sus vidas.

Tras imputar crímenes de guerra y lesa humanidad al general (r) Mario Montoya y otros ocho militares más, por 130 ‘falsos positivos’ en el oriente antioqueño, la actual fase de investigación de la JEP en el departamento se concentra a en el segundo periodo de tiempo priorizado, es decir, los crímenes cometidos entre 2004 y 2006 por miembros de la IV Brigada y 2007 y 2008 para miembros de la XIV Brigada.

Esta segunda fase involucra a exintegrantes del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 ‘Juan del Corral’ (GMJCO), de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas Número 5 (AFEUR), del Batallón de Artillería No. 4 ‘Coronel Jorge Eduardo Sánchez Restrepo’ (BAJES), del Batallón de Infantería No. 32 ‘General Pedro Justo Berrío’ (BIPEB), del Batallón de Infantería No. 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’ (BIGIR) y del Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 ‘General Pedro Nel Ospina’ (BIOSP) de la IV Brigada y al Batallón de ingenieros No. 14 ‘Batalla de Calibío’ y el Batallón Especial Energético y Vial N. 8 Mayor Mario Serpa Cuesta de la XIV Brigada, unidades que ejercían el control y realizaban operaciones en las regiones del Valle de Aburrá y oriente antioqueño, y en el norte y nordeste del departamento, respectivamente.

Las observaciones presentadas por las víctimas en esta audiencia serán piezas clave para la Sala de Reconocimiento en el proceso de contrastación judicial. Así mismo, serán tenidos en cuenta los informes enviados a la JEP por institucionales estatales y organizaciones civiles y otros elementos probatorios recogidos en la investigación. Tras la contrastación probatoria de toda la información recolectada, la Sala determinará los hechos y las conductas criminales, identificará a los máximos responsables y les imputará la responsabilidad penal que corresponda.

El 30 de agosto de 2023, la JEP imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad al general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, por 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos cuando el oficial fue comandante de la IV Brigada, con sede en Medellín, entre el 2002 y el 2003.

Por estos mismos crímenes fueron imputados los tenientes coroneles (r) Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 4 «Jorge Eduardo Sánchez» (BAJES) y retirados del Ejército Nacional.

La JEP dejó en claro que la imputación del excomandante de la IV Brigada y de los dos excomandantes del BAJES se sustentó, en parte en la presión que cada uno de ellos ejerció por bajas en combate. Una práctica que se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate.

Los crímenes de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, subrayó la JEP, fueron cometidos como parte de un ataque contra la población civil. No fueron hechos aleatorios, ocasionales o aislados. Se trató de crímenes fueron planeados, dirigidos u organizados por agentes del Estado que se encontraban en cumplimiento de sus deberes oficiales. Además, la política establecida en la IV Brigada para confrontar a las Farc-EP, recuperar el territorio bajo su control y ganar la guerra, al menos en el departamento de Antioquia, permitió que los perpetradores tuvieran la motivación y contaran con los recursos necesarios para cometer estos crímenes.

«No se trató de conductas aisladas o casuales. Cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas fue objeto de ataques con una misma finalidad: responder a la presión desmedida y sin control por bajas en combate que se estableció desde la comandancia de la IV Brigada y descendió a través de los distintos niveles de la cadena de mando. Esto se combinó con mensajes que desincentivaban la producción de otra clase de resultados, como las capturas, y que llevaban a ignorar deliberadamente los deberes que tenían los militares, de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno e internacional, en su trato con la población civil y con enemigos capturados», notificó, entonces, la JEP.

Además señaló que los ataques contra la población civil fueron generalizados y sistemáticos. Primero, porque se trató de un ataque masivo que en el lapso de dos años condujo a la muerte de un número importante de personas. Y segundo, porque los perpetradores estaban prestos a aprovechar cualquier oportunidad para aumentar sus indicadores a costa de la vida de civiles y personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Contaban con mecanismos preacordados de encubrimiento, es decir, ante la posibilidad de “dar una baja», ya sabían cómo proceder.