–La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Astrid Eliana Cáceres, anunció que como parte del compromiso del Gobierno de enfrentar la corrupción y de velar por los recursos de la niñez, frenó 220 contratos que estaban en manos de 59 operadores, todos los cuales tenían el mismo representante legal, dirección de domicilio, característica en el formato de constitución, fecha de constitución y error en el objeto y alcance.

En un trabajo realizado entre la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el ICBF, se identificaron registros de personal en nóminas reportadas al instituto por un valor más alto que el pagado a los colaboradores, proyectos que se debían ejecutar en un lapso específico y lo realizaban en uno menor para evitar el pago a proveedores y cobrar más de lo correspondiente.

“Encontramos contratos de operadores que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición. Con estas instituciones el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana. Además, organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez que han tenido relación directa con clanes políticos”, reveló la directora general.

Advirtió que estas acciones responden al llamado del presidente, Gustavo Petro, sobre la necesidad de frenar la corrupción que por años ha afectado a los niños y a las niñas, reafirmando la gran responsabilidad que tiene el ICBF en la veeduría de los recursos destinados a la primera infancia.

“La corrupción que indudablemente aún existe, y el manejo de contratistas debe ser vigilado al extremo para que la comida de verdad llegue a la niñez”, indicó el mandatario.

La directora del ICBF destacó que la entidad está implementando un nuevo modelo de contratación que prioriza organizaciones de base comunitaria como aliados para garantizar los derechos de las niñas y los niños. El 49.9% de las organizaciones aliadas para garantizar los derechos de la niñez son comunidades indígenas, asociaciones de padres y madres, y juntas de acción comunal, fortaleciendo procesos de contratación democráticos y que contribuyen a la justicia social.

A la fecha, dijo, 786 organizaciones de base comunitarias han sido escogidas para atender a los niños y las niñas en Colombia, 67 de ellas son de grupos étnicos como: Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas y con poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, minimizando la tercerización en la contratación estatal y fortaleciendo lo público.

“El ICBF está fortaleciendo la atención integral a la primera infancia, a través de un nuevo modelo de contratación que promueve el mejoramiento de las condiciones de calidad, oportunidad y pertinencia bajo un enfoque territorial e intercultural. Además, ha sido claro con los aliados responsables de la atención a la niñez, indicando que la contratación con el instituto es una responsabilidad, NO un negocio, y que los niños y niñas son vidas y no cupos”, puntualizó la directora Astrid Eliana Cáceres.