Los indicadores de seguridad relacionados con los conflictos armados para el año 2023 han tenido disminuciones y aumentos. Se redujeron el desplazamiento forzado y el confinamiento, bajaron los ataques contra la población civil, las muertes en la fuerza pública y los homicidios.

Sin embargo, otros fenómenos del viejo conflicto colombiano aumentaron, entre ellos, el secuestro y en mayor proporción la extorsión. Y la seguridad parece peor que nunca.

Si el reclutamiento ha aumentado – como se cree basado en buena evidencia – se espera que la cantidad de miembros que tienen las disidencias también incremente, siguiendo el patrón de los últimos años

Las precisiones anteriores las hace la Fundación Conflict Responses (Core), que investiga los conflictos armados y a la construcción de la paz en Colombia, en un informe titulado ‘Las disidencias de las Farc-EP: dos caminos de una guerra en construcción’, en el cual advierte la expansión y el fortalecimiento de este reducto ilegal armado.

La ONG afirma que las disidencias tanto de alias Iván Mordisco, Estado Mayor Central, EMC, como de alias Iván Márquez —la Segunda Marquetalia (SM), — han seguido aumentando su poder en tres sentidos: expansión geográfica, control de las áreas donde ya tienen injerencia y número de miembros y añade que hay bastante evidencia de que el control social donde ambas disidencias ya tenían injerencia, se ha fortalecido.

En principio, el documento relaciona los fenómenos de violencia que han bajado:

-El Ministerio de Defensa reporta siete casos más de masacres en 2023 que en 2022, pero nueve víctimas menos. Los homicidios de excombatientes bajaron de 51 a 47 casos.

Las cifras de desplazamiento individual pasaron de 226.000 personas a 144.000 entre 2022 y 2023 y las víctimas de desplazamiento masivo también disminuyeron de 82.800 personas a 63.250 en el mismo periodo. Lo mismo pasó con víctimas de confinamiento, que bajaron de 102.300 en 2022 a 88.000 en 2023, aunque OCHA advierte que las personas confinadas en 2023 sufrieron de este hecho victimizante por más tiempo en promedio que en 202263.

Según esta agencia de la ONU, disminuyeron los ataques contra la población civil por actores armados ilegales y las acciones armadas. También bajó la cantidad de miembros de la Fuerza Pública muertos y heridos en actos de servicio de 130 a 84, y de 720 a 380, respectivamente. Esto, probablemente a raíz de los ceses al fuego firmados en el 2023. Los homicidios en los municipios cubiertos por el Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, disminuyeron 13 por ciento, según la Policía Nacional.

Y enseguida, reseña los factores que han tenido importantes incremntos, así:

El secuestro incrementó un 56 por ciento en cuanto a los casos y 48 por ciento de víctimas – tendencias que empezaron en el 2022 y no se revirtieron. Aunque las cifras sobre extorsión son poco confiables, el consenso es que su tendencia es de aumento, según la mayoría de los análisis sobre este crimen. Lo mismo pasa con el reclutamiento por actores armados.

No hay cifras confiables, pero sí un consenso entre varios analistas y organizaciones de que el fenómeno va en aumento.
Varios de estos avances parecen contradictorios dentro de un debate público en el que la seguridad parece peor que nunca.

Ahora, es posible que la inseguridad esté en crisis pues los números absolutos de víctimas y hechos siguen siendo bastante altos. Al mismo tiempo, la percepción – bastante real – de que los actores armados tienen mayor poder que hace un año está fuerte en el debate público.

Es que la óptica importa: los videos de grupos armados – disidencias incluidas – patrullando zonas urbanas, incluyendo cabeceras municipales, entregando regalos en escuelas rurales y anunciando nuevas unidades armadas -sumado a la dificultad de que aún si hay mejoras de seguridad, no son tan visibles- ha alimentado la percepción de que la inseguridad relacionada con los conflictos armados ha aumentado.

Por ejemplo, en la última encuesta de Invamer y Gallup de diciembre de 2023, el 87 por ciento de las personas creían que la inseguridad empeoraba.

Cuando Petro llegó al poder, ese valor estaba en 75 por ciento. Las disidencias han seguido aumentando su poder en tres sentidos: expansión geográfica, control de las áreas donde ya tienen injerencia y número de miembros. Ya se ha destacado la expansión del “EMC”, aunque pareciera que va a un ritmo menor bajo el gobierno actual que el anterior. También hay bastante evidencia de que el control social donde ambas disidencias ya tenían injerencia se ha fortalecido.

Una posible interpretación de la disminución de algunos indicadores de violencia sería que los grupos han consolidado su control hegemónico.

Si el reclutamiento ha aumentado – como se cree basado en buena evidencia – se espera que la cantidad de miembros que tienen las disidencias también incremente, siguiendo el patrón de los últimos años. Las cifras hasta mediados del 2023 indican que así ha sido, pero todavía falta que se completen para todo el año para así poder compararlas con años anteriores.

Durante el 2023 fue evidente que en vez de complementarse, las políticas de paz y seguridad estaban en tensión, como quedó claro con todo el fiasco alrededor de las elecciones en el corregimiento del Plateado, en Argelia, Cauca. La relación entre Danilo Rueda y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue problemática. Rueda se negaba a recibir información de Velásquez y no lo quería incluir en discusiones sobre los ceses bilaterales. Velásquez terminó presionando a Petro a que se endureciera frente a los grupos armados y pudo imponerse sobre las propuestas de Rueda en algunos casos, pero en otros no.

Las economías de la SM y del “EMC” han sido el combustible que les ha permitido crecer y seguir operando, con sus trayectorias respectivas. También influyen claramente en sus motivaciones y operaciones en diferentes zonas de Colombia y los países vecinos. Es posible, incluso, notar variaciones en el involucramiento de diferentes unidades en las diferentes economías ilegales e incluso, en el papel de éstas en sus intereses. Sin embargo, falta mayor investigación sobre el tema, pues todavía no se sabe de forma sistemática para dónde va la plata que recogen.
Los tres alas de la SM están involucradas en el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Los CdF en Putumayo y Caquetá; el Bloque Occidental Alfonso Cano, el Frente Iván Ríos y el Frente Oliver Sinisterra en Nariño; el Frente Diomer Cortés en Cauca; y el Frente Acacio Medina entre Guainía, Vichada y Venezuela, tienen vínculos directos con altos eslabones de la cadena del narcotráfico.

Unidades de la SM también tienen vínculos con la minería ilegal, como los frentes Oliver Sinisterra y Ariel Aldana en Nariño o el Frente Acacio Medina en Venezuela73. Incluso, las ganancias de esta economía estarían detrás de unas divisiones internas de este último Frente liderado por ‘Jhon 40’74. Información de Putumayo, Nariño, Cauca y Venezuela indica que unidades de la SM extorsionan y ha habido muchas capturas de personas acusadas de pertenecer a este grupo y de cometer este crimen.

El “EMC” también está vinculado a estas economías ilegales, igual que la deforestación. Los frentes Carlos Patiño en Cauca, Carolina Ramírez en Putumayo y Amazonas, Franco Benavides en Nariño, Jaime Martínez en Cauca, Primero en Guaviare y Vaupés, 10 en Arauca, 30 en Nariño y Cauca y 33 en Catatumbo son los quizá más conectados al narcotráfico76.
El Frente Dagoberto Ramos protege el negocio de la marihuana en el norte del Cauca, mientras varias unidades en Huila, Caquetá y Amazonas han buscado proteger rutas del tráfico de esta droga principalmente hacia Brasil.

Hay pocas unidades del “EMC” vinculadas a la minería ilegal: los frentes en Antioquia y sur de Bolívar, como el 4, 36 y 37 cobran impuestos a este negocio78. En Nariño, la minería ilegal en zonas del “EMC” es notablemente menor que la de zonas de la Segunda Marquetalia.

La extorsión del “EMC” es fuerte en muchas regiones. En Guaviare, el Frente Primero extorsiona toda actividad económica en las áreas de su injerencia80; el Frente Carlos Patiño también lo hace en Cauca; el Frente 33 “cobra impuestos” a tal nivel que algunas personas creen que gana más plata de eso que del narcotráfico; en Caquetá83, varias unidades extorsionan; en Huila las unidades cobran extorsiones e imponen “multas” como sanciones.

El “EMC” también ganó mucho dinero de permitir y promover la deforestación entre Meta, Caquetá y Guaviare. En septiembre de 2022, la prohibió en todas las zonas bajo su control, lo cual se vio reflejado en la una disminución de las hectáreas deforestadas en estos tres departamentos entre enero a septiembre de 2023, aunque otros factores-como el Fenómeno de La Niña y acuerdos de conservación ambiental con algunas juntas- también pesaron. Sin embargo, en enero de 2024, volvió a permitirla hasta un tope en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá, y en el Guaviare.

No se sabe con claridad para donde va la plata del “EMC” y la SM. Hay evidencia de que algunos comandantes locales sí se quedan con dinero en sus bolsillos; en el caso del “EMC”, esto ha ocurrido en Cauca, Nariño, Tolima y Guaviare y a veces ha sido castigado.

En cuanto a la SM, en Nariño, Putumayo y Venezuela, hay evidencia de que pasa lo mismo.

No se sabe si estos grupos centralizan sus finanzas o no. Hasta ahora la evidencia indica que no, pero en el “EMC” es posible que ya haya empezado a suceder.

Una porción de su dinero se gasta en sus organizaciones. El “EMC” tiene armas de alta gama en el suroccidente, uniformes y su reclutamiento ha sido posible gracias, en parte, a la plata.

La SM también cuenta con armas sofisticadas en Putumayo, Nariño y Venezuela y en el caso de la CGP, los CdF y el Frente Acacio Medina, pagan a sus miembros91. En Huila, varias fuentes afirman que el “EMC” también paga a sus miembros.

Ambos grupos gastan una parte de su plata en obras de infraestructura, aunque parece que éstas no son muy frecuentes.

En Catatumbo, el Frente 33 ha financiado varias obras, incluyendo un puente en Tibú, Norte de Santander. El Frente Franco Benavides pavimentó las vías del corregimiento de Santa Rosa, en Policarpa, Nariño.

Finalmente, la fundación expone las siguientes conclusiones:

El “EMC” y la SM han tenido resultados bastante diferentes en la “construcción de sus guerras”. El primero ha avanzado más con su crecimiento en términos de miembros, se ha expandido a varias regiones, ha creado una jerarquía cada vez más centralizada en Mordisco, sin acabar con la autonomía local; se ha fortalecido, sobre todo a punta de unidades con raíces locales y con líderes más jóvenes y gobierna los territorios que controla.

En contraste, la SM ha perdido unidades, no es clara su expansión territorial y ahora la integra una coalición de tres alas en las que quedan muchas dudas sobre el grado de subordinación a Márquez.

Pese a que la construcción de sus guerras ha tomado caminos distintos, comparten ciertos factores. Ambos grupos sabotean directamente la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP; obviamente tienen motivaciones económicas, pero eso no quiere decir que no tengan intereses políticos; ambos, aunque en mucha mayor medida la SM, tienen excombatientes de las FARC-EP y a ninguno lo ha golpeado el gobierno del presidente Petro con la Paz Total.

Si algo, con la Paz Total ambos grupos ganan por punta y punta. En el caso del “EMC”, si se paran de la mesa, saldrán más fuertes porque han aprovechado los ceses al fuego para fortalecerse política, económica y militarmente. Si se quedan y firman un Acuerdo, van a venderlo como uno “mejor” que el de las FARC-EP y dirán que este “sí se va a cumplir”.

Igual, es muy poco probable que pase esto último, al menos en lo que le queda a Petro, porque el grupo no quiere dejar las armas hasta que no se logren las “transformaciones estructurales”, que ni siquiera han concretado en una agenda más allá de términos abstractos.

La SM, sobre todo su ala “FARC-EP” liderada por Márquez, difícilmente va a lograr un mejor tratamiento que el de Petro. Pero el hecho de ser una coalición, pone al antiguo jefe negociador del Acuerdo con las extintas FARC-EP en un difícil balance de poder con los otros líderes de la CdF y la CGP, que no tienen afán y les pueden quedar muchos años por delante.

Además, está el lío jurídico de que casi todos los líderes, tanto del ala FARC-EP como los CdF, sólo pueden negociar su sometimiento a la justicia.

Ambas negociaciones interactúan con la del ELN y dado el grado central de la sociedad civil en las tres mesas, es clave que el gobierno logre que quienes se sienten realmente representen a las comunidades y tengan las suficientes garantías de seguridad después de participar.