–La Contraloría General de la República llamó la atención del Ministerio de Salud sobre la inoperancia del sistema de salud para la población indígena, pese a que durante los últimos 12 años esta cartera asignó recursos por valor de $20.193 millones para desarrollar ese sistema y giró otros $50.043 millones a entidades territoriales y organizaciones indígenas para el desarrollo de 77 modelos de salud, sin criterios técnicos, y sin un control y seguimiento adecuado de sus avances y resultados.

El organismo de control notificó que en el Vaupés el sistema de salud propio para los pueblos indígenas, llamado “SISPI”, no opera como tendría que ser y una evidencia clara de ello es que este departamento, donde según proyecciones del DANE el 85 por ciento de sus habitantes son indígenas, es de los más afectados por el flagelo del suicidio y se carece un enfoque diferencial que aborde tan preocupante situación.

Esta es una de las principales conclusiones de un estudio adelantado por la Dirección de Estudios Sectoriales (DES) de la Contraloría Delegada para la Población Focalizada.

Según las cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Salud, a 2023, los municipios de Taraira y Mitú, en Vaupés, presentan las segundas tasas más altas de intentos de suicidio del país (325,5 y 237,8 casos respectivamente por cada 100 mil habitantes). En ese año, la tasa general en el país fue de 77,3 casos.

Sin embargo, de acuerdo con la información registrada en el Sistema de Seguimiento a la Inversión Pública SINERGIA, en 2022 en el marco de los desarrollos del SISPI se expidió y comenzó a implementarse el lineamiento para el cuidado de la salud mental y las armonías espirituales de los pueblos indígenas, pero el Vaupés no fue priorizado en las acciones desarrolladas.

Este es uno de los ejemplos de las brechas en salud que enfrentan los pueblos indígenas y que ameritan políticas, programas y recursos para la atención diferencial en salud de esta población.

El Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas acordaron e incluyeron como meta de los últimos tres Planes Nacionales de Desarrollo (2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022), la creación y puesta en marcha de un sistema de salud propio para estos pueblos, el “SISPI”, que en articulación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantice su derecho a la salud, entendida desde sus propias cosmovisiones y respetando las diferencias culturales y los conocimientos de la medicina ancestral propia.

Sin embargo, la evaluación realizada por la Contraloría General de la República en 2023, evidenció las siguientes situaciones:

Los recursos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social a los modelos de salud propia e intercultural que operativizan el SISPI en los territorios, fueron entregados sin criterios técnicos. Solo unos pocos modelos han recibido una inversión sostenida, y de ellos, solo un modelo se encuentra en fase 3 de implementación, lo que denota una gestión ineficiente de estos recursos.
No se evidencian seguimientos o controles sobre el número y valor de giros efectuados por modelo versus sus avances, así como tampoco, la existencia de un plan o programa de inversiones para financiación de los modelos a mediano o largo plazo que garantice la continuidad y sostenibilidad de los procesos. Esto sumado, a la carencia en la aplicación de criterios técnicos para la priorización de los modelos a financiar, denota en su conjunto, falta de eficacia en la asignación y uso de estos recursos.
No existen criterios y mecanismos efectivos y objetivos para verificar los resultados del Sistema y de los modelos en materia de: (i) logros en salud, (ii) articulación, coordinación y complementación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, (iii) desarrollo y fortalecimiento de la sabiduría ancestral y las prácticas propias en salud, que son elementos fundamentales de su propósito.
En los Planes Nacionales de Desarrollo mencionados, se incorporaron acuerdos y metas específicas para estructurar e implementar dicho sistema, que reiteradamente se incumplieron. Y aunque el SISPI fue creado mediante el Decreto Ley 1953 de 2014, a la fecha, carece de una regulación que permita su operación.

Para este propósito, durante el período 2010-2022, el Gobierno Nacional asignó $20.193 millones (en precios constantes de 2022), de los cuales ejecutó el 47%, lo cual indica bajo aprovechamiento de los fondos asignados para la implementación del sistema.

De manera alterna a este proceso, el Ministerio de Salud y Protección Social en el mismo periodo, también giró recursos por valor de $50.043 millones (en precios constantes de 2022) a Gobernaciones y organizaciones indígenas, para el desarrollo de modelos de salud entendidos como experiencias propias del SISPI, en distintos territorios.

El estudio de la CGR permitió establecer que el Ministerio de Salud y Protección Social no lleva una clara identificación de modelos financiados, la población beneficiada, los recursos asignados por modelo y la continuidad de resultados. La Contraloría identificó a partir de la diferenciación de pueblos y territorios beneficiados, 77 posibles modelos financiados.

Los recursos girados se concentran en 5 modelos de salud: Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC recibió el 48%, seguido del Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU (10%), Emberá Chami y Katio Caldas (8%), Wayuu (3%) y Pastos en Nariño (2%). El resto de los modelos (72) acumulan el 28% de los recursos asignados.

Recursos asignados sin criterios técnicos
Además de identificarse que los recursos se asignaron sin criterios técnicos sólidos y transparentes, la distribución de fondos no guarda coherencia con los territorios donde se presentan las mayores brechas en salud de la población indígena, lo que podría resultar en una distribución inadecuada e inequitativa de los recursos públicos.

Por ejemplo, para el departamento del Vaupés (siendo el departamento con el mayor porcentaje interno de población indígena del país), se asignaron apenas $444 millones (en precios constantes de 2022), es decir, menos del 1% del valor girado para modelos de salud, con los cuales se financiaron 4 posibles modelos que presentan muy pocos avances.

La evaluación realizada por la Contraloría General evidenció importantes falencias y problemas que afectan el desarrollo general del SISPI, de los modelos, y su articulación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Todas estas situaciones, conllevan a reiterar por parte de la CGR, al Ministerio de Salud y Protección Social, y a los pueblos indígenas a través de sus espacios de concertación, la necesidad de revisar y ajustar el proceso que se adelanta para concluir la regulación y puesta en marcha del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural SISPI, a fin de asegurar que se aborden de manera efectiva y equitativa las necesidades de salud de las comunidades indígenas, y se pueda evaluar adecuadamente su impacto en el bienestar de estas poblaciones.

Contexto de la población indígena en el Sistema de Seguridad Social en Salud – SGSSS
De acuerdo con el Censo DANE 2018, se identifican 1.905.617 indígenas agrupados en 115 pueblos. De éstos, 1.648.588 están afiliados al SGSSS, de los cuales, el 67,3% está en una EPS indígena.

Los indígenas presentan altas brechas históricas en salud. Por ejemplo, en indicadores que hacen parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como la razón de mortalidad materna y la tasa de mortalidad en menores de 5 años.