–La Defensoría del Pueblo emitió en las últimas horas una Alerta Temprana en la cual pide la protección de líderes sociales, campesinos, indígenas y funcionarios que promueven iniciativas de carácter ambiental en nueve departamentos del oriente y sur del país, por el riesgo en que se encuentran como consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales o bandas criminales dedicadas a la deforestación y la minería ilegal.

En el documento, la Defensoría identifica peligros en 50 municipios y 18 áreas no municipalizadas de Amazonas, Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada.

A través de su Alerta Temprana (AT) 007 de 2024, la Defensoría del Pueblo advierte sobre el riesgo al que están expuestas las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales que ejercen su labor en asuntos ambientales en el bioma amazónico nacional.

“Necesitamos que sean implementadas medidas de protección colectiva para líderes ambientales y comunidades indígenas en riesgo, en coordinación con entidades como la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior”, asegura el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Desde la Defensoría se lograron evidenciar ocho escenarios de riesgo para quienes defienden el medioambiente, los cuales fueron determinados según la forma de actuación y regulación que ejercen ilegalmente los grupos armados sobre aspectos ambientales en cada territorio y el tipo de reivindicación ejercida por los liderazgos frente al efecto de determinadas economías legales e ilegales.

Uno de ellos se basa, por ejemplo, en las afectaciones a liderazgos campesinos y comunitarios en zonas de control hegemónico del Caquetá, Meta y Guaviare, que forman parte del arco de la deforestación. “En esos lugares, facciones disidentes de las Farc imponen regulaciones ambientales y hasta cobran ‘impuestos’, afectando el ejercicio mismo de protección del ambiente que les corresponde a las juntas de acción comunal, a los liderazgos indígenas y a las autoridades ambientales”, expresa Camargo Assis.

También se evidenció cómo en la frontera con Venezuela, por Guainía y Vichada, la minería ilícita de oro y coltán ha generado un escenario de coexistencia armada entre estructuras ilegales, como facciones disidentes de las Farc, el ELN y grupos de crimen organizado que se benefician de su explotación, imponiendo extorsiones, regulaciones territoriales y generando violencia. “Allí, las autoridades propias y tradicionales indígenas, así como organizaciones de la sociedad civil que han buscado fortalecer el gobierno propio, han resultado expuestas a amenazas e intimidaciones cuando han visibilizado estas afectaciones”, manifiesta el Defensor del Pueblo.

En la frontera con Brasil, en los departamentos de Amazonas y Vaupés, se evidenció un escenario similar, donde las organizaciones armadas que compiten por la minería de oro y el narcotráfico estarían estableciendo alianzas incluso con el crimen organizado del vecino país, lo cual aumenta la complejidad de la situación y la violencia en la región. Los riesgos también se ciernen para liderazgos indígenas, autoridades ambientales y ONG que buscan incidir en el fortalecimiento organizativo étnico y la investigación científica dirigida a la protección del ambiente.

Otro escenario de riesgo está relacionado con las disputas por el control territorial en áreas protegidas, como parques nacionales naturales en Putumayo y Caquetá, donde se observa un incremento de las zonas con cultivos de uso ilícito. Ha habido afectaciones a liderazgos ambientales campesinos, indígenas, autoridades ambientales e incluso para quienes han promovido el cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), generando intimidación, amenaza, restricción de la autonomía y ataques contra la vida e integridad de estas personas, a la par que la economía ilícita se fortalece.

Además, en zonas de reserva campesina de esos dos departamentos hay amenazas e intimidación hechas por estructuras armadas en la ilegalidad. Las comunidades y liderazgos de las zonas en disputa son las más expuestas.

Cabe mencionar que otros riesgos han emergido para personas defensoras del ambiente, particularmente liderazgos campesinos e indígenas, que se han opuesto o han denunciado las afectaciones al territorio y a los procesos sociales y organizativos en contextos en los que se implementan economías legales, como la explotación de hidrocarburos o donde se implementan proyectos REDD+ de bonos de carbono.

La AT 007 da cuenta de un total de 41 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y locales, divididas en siete ejes temáticos: coordinación de la respuesta rápida y fortalecimiento institucional, garantías para la gestión social y ambiental, adopción de medidas de prevención y protección a favor de los grupos poblacionales en riesgo, acciones de política orientadas a la superación de vulnerabilidades por riesgos ambientales y ecosistémicos.

Igualmente, como ejes temáticos restantes, son hechas recomendaciones orientadas a la disuasión del contexto de amenaza basado en la seguridad humana y protección de las comunidades en riesgo, investigación y acceso a la justicia y acompañamiento y gestiones preventivas del Ministerio Público.

“Hemos solicitado integrar la protección de líderes ambientales en los diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN, dos de los principales actores que generan el riesgo en la vulneración de derechos y algunos de los cuales han buscado ejercer mecanismos de control y regulación social y ambiental que generan nuevos riesgos para las personas que defienden el ambiente en la Amazonía”, señala el Defensor del Pueblo.

Adicionalmente, considerar la problemática en futuras discusiones con el también grupo disidente de las Farc conocido como Segunda Marquetalia.

No menos importante, para la Defensoría del Pueblo es clave que se contribuya al fortalecimiento del trabajo con las comunidades locales y autoridades indígenas, con el fin de que les brinden herramientas que robustezcan sus capacidades sociales, priorizando áreas afectadas por la deforestación, la minería ilegal y los conflictos socioambientales en el contexto de implementación de economías extractivas legales.

Así mismo, enfatiza el Defensor del Pueblo, “se necesita impulsar proyectos productivos colectivos e individuales en zonas de riesgo y fortalecer los mecanismos de investigación y seguimiento para identificar, perseguir y judicializar posibles alianzas entre grupos armados ilegales y organizaciones criminales que amenacen a personas defensoras de derechos en asuntos ambientales, garantizando el respeto a la autonomía, a los derechos y al gobierno propio de las comunidades indígenas”.