–La Experta Internacional de Derechos Humanos de la ONU Antonia Urrejola (foto) llamó al Estado colombiano a implementar el Acuerdo de Paz de 2016 como una política de Estado y asegurarse que todos los procesos de diálogo con grupos armados no estatales tengan un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas.

En su informe solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Urrejola identifica los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

Estos incluyen los que identificó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2023, y formula recomendaciones para contribuir a la construcción de paz en Colombia.

El informe recoge avances en ciertos aspectos del Acuerdo, referentes a la reforma rural integral y la justicia transicional. Destaca, además, que el 80% de las personas firmantes del Acuerdo siguen comprometidas con el proceso de reincorporación a la sociedad, a pesar de los obstáculos y riesgos para sus vidas.

El Acuerdo de Paz de 2016 es una hoja de ruta para atender las causas estructurales del conflicto y asegurar la no repetición, señala el informe, haciendo hincapié en la necesidad de que las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos se implementen progresiva e independientemente de las coyunturas políticas, con énfasis en las medidas tendientes a garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

El informe destaca que los primeros años tras la firma del Acuerdo de Paz fueron cruciales para impulsar su implementación y consolidar la confianza ciudadana en lo pactado, pero que ese periodo estuvo marcado por un contexto político hostil al Acuerdo.

Esto resultó en una implementación desigual y en ataques contra el sistema de justicia transicional. El informe señala que habría existido, por parte de la Fiscalía General de la Nación, una obstaculización del procedimiento de la JEP en el caso de “Jesús Santrich”, ex integrante de las FARC-EP y negociador del Acuerdo de Paz.

El informe recalca que este caso ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el Acuerdo y en el sistema de justicia transicional.

“Se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna, y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el Acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP”, dice el informe.

En el informe, Urrejola urge a la Fiscalía General de la Nación a dar prioridad a la investigación de la denuncia de la JEP de marzo 2023, y a determinar eventuales responsabilidades penales en un plazo razonable, mediante la conformación de un grupo de expertos y expertas independientes, para coadyuvar y brindar asistencia técnica en la investigación.

“La Fiscalía deberá informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año”, dijo la experta.

El informe recomienda “respetar y resguardar la independencia y autonomía de la JEP como autoridad judicial encargada del procesamiento de los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado y garantizar la protección de su personal, así como de las víctimas y comparecientes.

“Además, el Estado debería revisar y adecuar los procedimientos legales para que los procesos de extradición de ciudadanos colombianos cumplan con las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y el derecho a la paz.

La experta también llama a crear una instancia al más alto nivel gubernamental que tenga las facultades para liderar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, convocar a todas las entidades y ministerios, asegurar la debida coordinación interinstitucional y la coordinación entre las diferentes políticas públicas en materia de justicia transicional, y que cuente con los recursos financieros para hacerlo.

La experta recomienda implementar, con prioridad, la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, con enfoque territorial y participativo, asegurando los recursos adecuados.

“La desarticulación de las estructuras criminales y la lucha contra la corrupción son ejes fundamentales en la consolidación de la paz”, dice el informe.

La experta pide al Estado colombiano redoblar esfuerzos para implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en las políticas públicas del Estado, particularmente a nivel local y departamental.

Estas son las conclusiones y recomendaciones:

– La implementación integral del acuerdo es la ruta para asegurar la garantía de los derechos de toda la población colombiana de manera inclusiva, así como la no repetición de las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

– Se identificaron unos obstáculos que son superables con voluntad política y con la asignación de recursos suficientes y su uso adecuado, junto con una mejor coordinación interinstitucional para la implementación integral del acuerdo. La lucha contra la corrupción, como una de las causas estructurales del conflicto, también debe reforzarse.

– Es urgente tomar medidas para avanzar hacia el cese de la violencia y la implementación del capítulo étnico y de las disposiciones de género, y erradicar la discriminación en contra de las poblaciones históricamente discriminadas como las poblaciones étnicas, mujeres y personas LGBTIQ+.

– La experta resalta la importancia del compromiso continuo con la paz de la mayoría de los firmantes, pese a los riesgos para su vida y seguridad, y la voluntad política del Gobierno actual para consolidar la paz.

– También reconoce la labor y el apoyo incansable de la sociedad civil y de las organizaciones de víctimas para avanzar en la implementación del acuerdo. Asimismo, es esencial el continuo apoyo de la comunidad internacional a los esfuerzos nacionales para implementar integralmente el acuerdo.

-Respecto a la denuncia de la JEP de marzo de 2023, la información recabada por la experta indica que habría existido una obstaculización del procedimiento de esta jurisdicción sobre la garantía de no extradición de “Santrich” por parte de la Fiscalía.

-La experta considera necesario que se avance prontamente en la investigación y el esclarecimiento de los hechos, ya que tuvieron consecuencias negativas en la confianza en el acuerdo y en la justicia transicional, no solo por parte de las personas firmantes sino también de la sociedad en general.

-El asunto relativo a “Santrich” ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el acuerdo y en el sistema de justicia transicional. Se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna, y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP.

La experta recomienda a las autoridades colombianas:

-Implementación integral del acuerdo

a) Desplegar todos los esfuerzos para la implementación integral del acuerdo, en particular el capítulo étnico y las disposiciones de género, en línea con las recomendaciones de los informes del ACNUDH y de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas;

b) Asegurar que el acuerdo se implemente como una política de Estado a nivel nacional y local, y que sea central en todas las políticas de paz. Asimismo, asegurar que todos los procesos de diálogo y negociación con grupos armados no estatales integren un enfoque de derechos humanos y garanticen la centralidad de los derechos de las víctimas;

c) Crear una instancia del más alto nivel gubernamental que tenga las facultades para liderar la implementación, convocar a todas las entidades y ministerios, asegurar la debida coordinación interinstitucional y la coordinación entre las diferentes políticas públicas en materia de justicia transicional y dotarla de recursos humanos y financieros propios para poder cumplir con su cometido;

d) Implementar acciones para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas firmantes, específicamente el derecho a la educación, la vivienda y el trabajo a través de los proyectos productivos. El disfrute pleno de estos derechos es fundamental para no afectar el proceso de reincorporación;

Derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición

e) Redoblar esfuerzos para implementar las recomendaciones de la CEV en las políticas públicas del Estado, particularmente a nivel local y departamental, y que las autoridades las integren en sus planes de desarrollo;

f) Implementar estrategias de difusión de las recomendaciones en todo el país e incrementar los recursos financieros y técnicos del Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones de la CEV;

g) Respetar y resguardar la independencia y autonomía de la JEP como autoridad judicial encargada del procesamiento de los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado y garantizar la protección de su personal, así como de las víctimas y comparecientes;

h) A la OACP, la ARN y la JEP, consolidar la información sobre la situación jurídica de las personas firmantes e implementar medidas para que las decisiones sobre amnistías, indultos y libertades condicionadas sean comunicadas oportunamente a las personas beneficiarias y a las entidades relevantes. Las instituciones deberán informar públicamente de los resultados de esta consolidación en máximo 6 meses;

i) A la JEP, definir de manera prioritaria y célere la situación judicial de las personas firmantes, en particular respecto a las amnistías “de sala” de al menos 1948 personas comparecientes de las antiguas FARC-EP. Para finalizar esta etapa procesal de manera pronta, se sugiere aumentar la capacidad técnica de la Sala de Amnistía e Indulto. Se recomienda, conforme al principio de publicidad judicial, informar públicamente en el plazo de un año, de los resultados de los planes estratégicos que emprenda para resolver las amnistías “de sala”;

j) A la JEP, llevar a cabo, de manera prioritaria y urgente, el alistamiento institucional necesario para el diseño, desarrollo y ejecución exitosa de las futuras sanciones restaurativas, en condiciones de seguridad para comparecientes de la JEP y víctimas, asegurando la participación de aquellas en todo el proceso, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. En particular, acelerar el trabajo de la instancia de articulación para la implementación de sanciones propias y contribuciones a la reparación entre la JEP y el Gobierno;

Investigación del asunto “Santrich”

k) A la Fiscalía, priorizar la investigación de la denuncia de la JEP de marzo 2023, y determinar eventuales responsabilidades penales en un plazo razonable, mediante la conformación de un grupo de expertos/as independientes, para coadyuvar y brindar asistencia técnica en la investigación. El grupo de expertos/as podrá realizar análisis técnico y recomendar acciones para garantizar que se agoten los distintos niveles de responsabilidad y las líneas de investigación.

Por la relevancia del caso, la Fiscalía deberá informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año a partir de la publicación de este informe, sin perjuicio de la reserva y plazos legales;

l) Al Estado, revisar y adecuar los procedimientos legales para que los procesos de extradición de ciudadanos colombianos cumplan con las obligaciones internacionales de derechos humanos incluyendo los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y el derecho a la paz;

Políticas públicas de seguridad y protección

m) Garantizar la implementación integral, participativa y articulada de la política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales, la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, la política nacional de drogas y los mecanismos de justicia transicional, para lograr una disminución sostenida de la violencia, y generar condiciones de seguridad en todo el territorio que permitan la implementación integral del acuerdo de paz;

n) Adoptar el plan integral de protección de la población líder y defensora de derechos humanos ordenado por la Corte Constitucional en su sentencia SU 546-23, asegurando su coordinación con los mecanismos previstos en el acuerdo para la seguridad de las personas firmantes;

o) Asignar recursos presupuestarios y humanos necesarios para implementar el Plan Estratégico de Seguridad y Protección y garantizar una efectiva coordinación interinstitucional para la protección de las personas firmantes, de conformidad con la sentencia SU 020-22 de la Corte Constitucional; Fortalecimiento de la lucha contra la impunidad y la corrupción

p) En concordancia con la recomendación m), implementar, con prioridad, la política de desmantelamiento y el plan de acción con enfoque territorial y participativo, asegurando los recursos adecuados. La desarticulación de los complejos macro criminales y la lucha contra la corrupción es un eje fundamental en la consolidación de la paz y para la implementación de las medidas establecidas en los puntos 3.4.11 y 4.3.4 del acuerdo de paz;

q) Formalizar una instancia de coordinación permanente entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Unidad de Información y Análisis Financiero y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que permita identificar patrones criminales, analizar la información relativa a los casos de corrupción ligada al narcotráfico, diseñar estrategias articuladas para combatirla y desmantelar los esquemas que fomentan dicha corrupción;

r) A la Fiscalía, implementar la recomendación 32 del informe de la CEV para que, con el apoyo del ACNUDH, instale un mecanismo independiente que formule recomendaciones para el refuerzo de la integridad, autonomía e independencia de la institución. Este mecanismo debería también realizar un diagnóstico sobre la labor de la UEI en materia de juzgamiento y sanción de casos y contribución al desmantelamiento de organizaciones criminales, brindando recomendaciones para fortalecer el cumplimiento de su mandato, tal como fue definido en el acuerdo de paz114;

s) Fortalecer y focalizar la presencia regional de la Fiscalía, policía judicial y medicina legal para investigar y sancionar los delitos asociados a la corrupción y el narcotráfico a nivel local, así como los homicidios de personas defensoras de derechos humanos y de firmantes de paz;

t) Adoptar y fortalecer medidas para garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos para la implementación del acuerdo y actualizar permanentemente la información del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto en los términos del punto 2.2.5 del acuerdo de paz.

-La experta recomienda a la comunidad internacional:

a) Seguir apoyando los esfuerzos hacia la implementación integral del acuerdo de paz y de las recomendaciones del informe de la CEV, asegurando la participación de las víctimas, su centralidad, y el enfoque de género y étnico en todos los programas y acciones de cooperación;

b) Los Estados deben asegurar que la implementación de los mecanismos de cooperación judicial internacional, como la extradición, se lleven a cabo con pleno respeto del derecho internacional aplicable, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, en particular los derechos de las víctimas.