–En el último informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período comprendido entre el 27 de diciembre de 2023 y el 26 de marzo de 2024, el Secretario General Antonio Guterrez felicita al Gobierno y al Eln por los logros alcanzados hasta ahora en la mesa de negociaciones, afirmando que este es “un proceso que ha avanzado más que cualquier otro intento anterior entre ambos”, y hace un llamado a las partes “para que aprovechen estos logros y continúen trabajando en la mesa de negociaciones teniendo en mente el interés a largo plazo de Colombia”.

Además, dice que la nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno y el llamado estado mayor conjunto de las Farc es una oportunidad para superar dificultades, fortalecer el cese al fuego y avanzar en la definición de una agenda de conversaciones. “Hago un llamado para que cese la violencia contra la población civil. De ello dependen vidas y la credibilidad del proceso”, agrega.

El informe destaca la gran responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como uno de los pilares estructurales del Acuerdo. “Su éxito radicará en su capacidad para impartir justicia con prontitud, en beneficio de las numerosas víctimas del conflicto, junto con la sensación de seguridad jurídica que ha de ofrecerse a excombatientes, miembros de la Fuerza Pública y otros actores que contribuyeron al conflicto sometidos a su jurisdicción, como parte del acuerdo político amplio entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP”. El Secretario General hace un llamado al diálogo constructivo entre todas las partes interesadas, dentro del marco establecido por el Acuerdo, con miras a superar los recientes obstáculos encontrados.

Respecto a las garantías de seguridad para los firmantes de paz, el Secretario General lamenta el asesinato de diez excombatientes en el trimestre, para un total de 416 homicidios de excombatientes desde la firma del Acuerdo; de ellos 11 mujeres, 50 indígenas, 57 afrocolombianos. Agrega que, desde la firma del Acuerdo, 87 excombatientes fueron asesinados mientras se encontraban bajo medidas de protección o a la espera de recibirlas.

Con cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el informe reporta el impacto desproporcionado que enfrentan las comunidades étnicas en términos de desplazamiento y confinamiento, siendo el 64% de la población afectada. Entre el 27 de diciembre de 2023 y el 25 de marzo de 2024, 14.365 personas fueron desplazadas y 35.432 confinadas. De igual manera, el informe recoge las 42 denuncias de homicidios contra defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales durante el periodo reportado, con datos de ONU Derechos Humanos (2 verificados, 37 en proceso de verificación y 3 no concluyentes).

El informe señala que las garantías de seguridad constituyen un objetivo central del Acuerdo y una condición imprescindible para superar las causas estructurales del conflicto. En este sentido, subraya que las mejoras sostenibles en esta materia dependen de la presencia integral del Estado y sus servicios en todo el país. Agrega que la puesta en marcha de instrumentos clave como la política de desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales y el programa integral de protección para excombatientes continúan estancados ante la falta de formalización de los decretos.
El Secretario General resalta que, aunque los ceses al fuego en curso han producido beneficios concretos, en particular la reducción efectiva de la confrontación armada entre las partes, son preliminares, de alcance limitado y temporales por naturaleza. “Mientras las partes discuten sus planes a más largo plazo, con el apoyo de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, es importante que traten tanto de reforzar los compromisos de protección de la población civil como de complementar los ceses al fuego con medidas concretas inmediatas en beneficio de las comunidades a corto plazo, especialmente en las regiones afectadas por el conflicto”.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, felicita a los colombianos y las colombianas por el valor y la persistencia que han demostrado al tratar de afrontar y resolver asuntos profundamente arraigados que han afectado a la vida social y política de su país durante décadas. Hace un llamado a mantener la mirada fija en el objetivo fundamental de alcanzar una paz duradera y dar prioridad al diálogo para resolver las diferencias.

“Una implementación exitosa del Acuerdo de Paz tiene el potencial de establecer un estándar con respecto al cual se medirán los procesos de paz actuales y futuros, tanto en Colombia como a nivel internacional”, plantea el Secretario General. Sin embargo, agrega que, “para ello, se requerirán acciones más rápidas e integrales que traduzcan la visión del Acuerdo en cambios transformadores”. Si bien el informe reconoce los importantes avances logrados hasta la fecha, resalta como de particular importancia en esta etapa “que los actores involucrados y los beneficiarios, incluidas las víctimas, las comunidades rurales, los pueblos étnicos y los excombatientes por igual, comiencen a sentir de manera más tangible el impacto positivo de algunas de las disposiciones clave del Acuerdo”.

Reconociendo la profunda interconexión entre la implementación del Acuerdo Final de Paz y los resultados de los actuales esfuerzos para resolver el conflicto armado a través del diálogo, el Secretario General alienta “firmemente a todas las partes a que se comprometan con estos procesos y aprovechen plenamente la oportunidad que representan para encontrar soluciones holísticas y duraderas a los desafíos que han identificado y para beneficiarse de las oportunidades que ofrece la paz”.

El informe destaca la gran responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como uno de los pilares estructurales del Acuerdo. “Su éxito radicará en su capacidad para impartir justicia con prontitud, en beneficio de las numerosas víctimas del conflicto, junto con la sensación de seguridad jurídica que ha de ofrecerse a excombatientes, miembros de la Fuerza Pública y otros actores que contribuyeron al conflicto sometidos a su jurisdicción, como parte del acuerdo político amplio entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP”. El Secretario General hace un llamado al diálogo constructivo entre todas las partes interesadas, dentro del marco establecido por el Acuerdo, con miras a superar los recientes obstáculos encontrados.

Sobre la Reforma Rural Integral, el informe celebra los notorios incrementos presupuestales para 2024 de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, los cuales demuestran que la reforma sigue siendo prioridad para el Gobierno. Subraya la necesidad del uso estratégico de estos recursos y la coordinación interinstitucional como requisito previo para alcanzar los objetivos relacionados con la reforma en 2024 y así garantizar que los esfuerzos de entrega de tierras lleguen a grupos vulnerables como los campesinos sin tierra, las víctimas del conflicto y las mujeres rurales.

Respecto a las garantías de seguridad para los firmantes de paz, el Secretario General lamenta el asesinato de diez excombatientes en el trimestre, para un total de 416 homicidios de excombatientes desde la firma del Acuerdo; de ellos 11 mujeres, 50 indígenas, 57 afrocolombianos. Agrega que, desde la firma del Acuerdo, 87 excombatientes fueron asesinados mientras se encontraban bajo medidas de protección o a la espera de recibirlas.

Con cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el informe reporta el impacto desproporcionado que enfrentan las comunidades étnicas en términos de desplazamiento y confinamiento, siendo el 64% de la población afectada. Entre el 27 de diciembre de 2023 y el 25 de marzo de 2024, 14.365 personas fueron desplazadas y 35.432 confinadas. De igual manera, el informe recoge las 42 denuncias de homicidios contra defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales durante el periodo reportado, con datos de ONU Derechos Humanos (2 verificados, 37 en proceso de verificación y 3 no concluyentes).

El informe señala que las garantías de seguridad constituyen un objetivo central del Acuerdo y una condición imprescindible para superar las causas estructurales del conflicto. En este sentido, subraya que las mejoras sostenibles en esta materia dependen de la presencia integral del Estado y sus servicios en todo el país. Agrega que la puesta en marcha de instrumentos clave como la política de desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales y el programa integral de protección para excombatientes continúan estancados ante la falta de formalización de los decretos.

El informe destaca que la implementación del Capítulo Étnico sigue enfrentando retos y saluda el establecimiento por parte de la Vicepresidencia de mesas de alto nivel para promover el cumplimiento del Pacto para acelerar su implementación.

En cuanto a las provisiones de género del Acuerdo, el informe resalta la necesidad de incrementar los recursos de las entidades de Gobierno, con el fin de acelerar su implementación. Las provisiones de género relativas a la Reforma Rural Integral, Capítulo Étnico y participación política son algunas de las que presentan menores avances.

Finalmente, el Secretario General resalta que, aunque los ceses al fuego en curso han producido beneficios concretos, en particular la reducción efectiva de la confrontación armada entre las partes, son preliminares, de alcance limitado y temporales por naturaleza. “Mientras las partes discuten sus planes a más largo plazo, con el apoyo de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, es importante que traten tanto de reforzar los compromisos de protección de la población civil como de complementar los ceses al fuego con medidas concretas inmediatas en beneficio de las comunidades a corto plazo, especialmente en las regiones afectadas por el conflicto”.

El informe del Secretario General, que será presentado por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 9 de abril de 2024, hace las siguientes observaciones:

Observaciones
-Hay que felicitar a los colombianos y las colombianas por el valor y la persistencia que han demostrado al tratar de afrontar y resolver asuntos profundamente arraigados que han afectado a la vida social y política de su país durante décadas. Hago un llamado a que mantengan la mirada fija en el objetivo fundamental de alcanzar una paz duradera y den prioridad al diálogo para resolver sus diferencias.
– Una implementación exitosa del Acuerdo Final tiene el potencial de establecer un estándar con respecto al cual se medirán los procesos de paz actuales y futuros, tanto en Colombia como a nivel internacional. Sin embargo, para ello se requerirán acciones más rápidas e integrales que traduzcan la visión del Acuerdo en cambios transformadores. Si bien cabe reconocer los importantes avances logrados hasta la fecha, es de particular importancia en esta etapa que los actores involucrados y los beneficiarios, incluidas las víctimas, las comunidades rurales, los pueblos étnicos y los excombatientes por igual, comiencen a sentir de manera más tangible el impacto positivo de algunas de las disposiciones clave del Acuerdo.
– El innovador y ambicioso sistema de justicia transicional, con la Jurisdicción Especial para la Paz como componente judicial, tiene una responsabilidad acorde con su importancia como uno de los pilares estructurales del Acuerdo Final. Su éxito radicará en su capacidad para impartir justicia con prontitud, en beneficio de las numerosas víctimas del conflicto, junto con la sensación de seguridad jurídica que ha de ofrecerse a excombatientes, miembros de la Fuerza Pública y otros actores que contribuyeron al conflicto sometidos a su jurisdicción, como parte del acuerdo político amplio entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. En esta etapa del proceso, más de siete años después de la firma del Acuerdo, hago un llamado al diálogo constructivo entre todas las partes interesadas, dentro del marco establecido por el Acuerdo, con miras a superar los recientes obstáculos encontrados.
– Las comunidades rurales, en particular las comunidades indígenas y afrocolombianas y las mujeres, los niños y las niñas que forman parte de ellas, siguen sufriendo de manera desproporcionada la violencia persistente y la falta de desarrollo en muchas regiones de Colombia donde la presencia del Estado sigue siendo insuficiente. El Acuerdo Final busca abordar este problemático legado histórico y social mediante varios de sus puntos, entre ellos la reforma rural, el capítulo étnico y las disposiciones sobre género, que colectivamente pretenden resolver estos problemas de larga data. Aunque sus objetivos generales son a más largo plazo, es necesario que los tan esperados avances se materialicen en un futuro más cercano.
Insto al Gobierno y a todas las entidades con responsabilidades al respecto a que avancen con prontitud, ya que ha llegado el momento de una implementación satisfactoria y visible sobre el terreno.
— Como he afirmado anteriormente, la implementación exitosa del Acuerdo Final está inextricablemente vinculada a los resultados de los esfuerzos en curso para resolver mediante el diálogo el conflicto armado que persiste en Colombia. Aliento firmemente a todas las partes a que se comprometan con estos procesos y aprovechen plenamente la oportunidad que representan para encontrar soluciones holísticas y duraderas a los desafíos que han identificado y para beneficiarse de las oportunidades que ofrece la paz.
— Felicito al Gobierno y al ELN por los logros alcanzados hasta ahora en la mesa de negociaciones, un proceso que ha avanzado más que cualquier otro intento anterior entre ambos. Hago un llamado a las partes para que aprovechen estos logros y continúen trabajando en la mesa de negociaciones teniendo en mente el interés a largo plazo de Colombia.
– La celebración de una nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno y el EMC FARC-EP es una oportunidad para superar dificultades, fortalecer el cese al fuego y avanzar en la definición de una agenda de conversaciones. Hago un llamado para que cese la violencia contra la población civil. De ello dependen vidas y la credibilidad del proceso.
– Aunque los ceses al fuego en curso han producido beneficios concretos, en particular la reducción efectiva de la confrontación armada entre las partes, son preliminares, de alcance limitado y temporales por naturaleza. Sin embargo, también han generado expectativas en la sociedad colombiana, que desea ver resultados que aborden muchos de los problemas estructurales lo antes posible.
Las legítimas aspiraciones de los colombianos y las colombianas en este sentido deben tenerse en cuenta en las mesas de negociaciones. Mientras las partes discuten sus planes a más largo plazo, con el apoyo de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, es importante que traten tanto de reforzar los compromisos de protección de la población civil como de complementar los ceses al fuego con medidas concretas inmediatas en beneficio de las comunidades a corto plazo, especialmente en las regiones afectadas por el conflicto. Para ello, hago un llamado al Gobierno para que asegure la pronta implementación de las medidas de garantías de seguridad del Acuerdo Final y fortalezca la presencia integrada del Estado en todo el territorio nacional. Esto es esencial en sus esfuerzos actuales encaminados a ampliar el alcance de la paz.
– El apoyo internacional a los esfuerzos liderados por Colombia sigue siendo fundamental, y las Naciones Unidas están resueltas a continuar trabajando junto con el Gobierno y todos los actores comprometidos para llevar a buen término estos encomiables esfuerzos. Agradezco al Consejo de Seguridad su continuo apoyo a la labor de la Misión de Verificación en Colombia.