–Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó este martes un escrito de acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez para enjuiciarlo como presunto determinador de dos delitos: soborno a testigos y fraude procesal.

La Fiscalía en un comunicado advirtió que se le garantizara al expresidente el debido proceso y explicó así el hecho.

A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.

La decisión del fiscal delegado fue adoptada luego de dos solicitudes de preclusión de fiscales diferentes que resultaron desestimadas por las jueces penales del circuito competentes.

Una vez el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá cumpla con el reparto y se conozca el juzgado penal del circuito al que le corresponda el juicio, se realizará la audiencia de formalización de la acusación, en la fecha y hora que fije la judicatura.

La Fiscalía General de la Nación garantiza el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo. Ahora, el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados, tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones, que deberá culminar con la emisión de un fallo”.

La decisión se adoptó tras dos intentos de preclusión del proceso, promovido por el senador Iván Cepeda.

El congresista dijo que recibía con sorpresa, con mucha serenidad, pero con satisfacción, pues advirtió que tras doce años de luchar ante los tribunales y la misma Corte Suprema “al fin aparece la voz de la Justicia”.

En efecto, el caso se reemonta a 2012, cuando Uribe Vélez, entonces senador, entabló una demanda en contra de su colega Iván Cepeda Castro, quien en un debate parlamentario presentó testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente con las autodefensas unidas de Colombia.

Esto derivó en que la Corte Suprema de Justicia se inhibiera de abrir una investigación en contra de Cepeda y, por lo contrario, inició una indagación contra Uribe por soborno y fraude procesal, al tiempo que Cepeda fue considerado una víctima.

Del mismo modo se estableció como hipótesis que el expresidente podría estar falseando información, al encontrar evidencia de posibles presiones ejercidas por Uribe y sus abogados contra los testigos que accedieron a conversar con Cepeda.

El proceso siguió su curso en esa instancia hasta agosto de 2020, cuando Uribe renunció a su curul en el Senado y perdió su inmunidad parlamentaria, lo que significó que la máxima corte judicial colombiana ya no era apta para juzgarlo y su causa quedara a cargo del Ministerio Público.

Entre esa fecha y 2023, la Fiscalía intentó en vano que la causa se archivara, pero en noviembre pasado, el Tribunal Superior de Bogotá dictaminó que el caso contra Uribe debía seguir adelante.