–Los municipios del departamento de Córdoba Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento se encuentran en grav peligro por cuenta de la presencia y el dominio poblacional que quiere imponer el llamado «clan del golfo, según la alerta temprana que anunció este lunes la Defensoría del Pueblo.

El organismo de Derechos Humanos previene sobre el riesgo de vulneraciones a los derechos a la vida, integridad, libertad, seguridad y libertades civiles y políticas de los habitantes de estos los municipios cordobeses.

Frente a esta situación, la Defensoría formula 17 recomendaciones a las autoridades departamentales y locales que contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta, como el acceso a la administración de justicia y la implementación de medidas urgentes de prevención y protección de las comunidades.

El Defensor Carlos Camargo Assis señaló que tam se emitió la alerta por la posible ocurrencia de infracciones al derecho internacional humanitario, debido al accionar indiscriminado de grupos armados ilegales, específicamente, de las autodefensas gaitanistas del clan del golfo.

El riesgo para la población civil se evideencia en la expansión del narcotráfico, la utilización del territorio como tránsito, refugio y obtención de rentas ilícitas, la disputa territorial iniciada por miembros de las autodefensas gaitanistas contra grupos locales de delincuencia común organizada, así como por retaliaciones entre grupos de “limpieza social, señló Camargo Assís.

Las siete poblaciones alertadas, con sus áreas rurales, componen el espacio considerado como el núcleo indígena más importante del pueblo Zenú en Córdoba.

“Sus habitantes están vinculados ancestralmente a lazos de carácter étnico, cultural, económico y de familiaridad con los moradores de San Antonio de Palmitos, Sincelejo, Sampués, San Benito Abad, El Roble, La Unión y San Marcos, municipios sucreños donde, así mismo, han sido identificadas situaciones de riesgo para la población”, destacó Camargo Assis.

Indicó que la expansión y control poblacional y territorial del Frente Javier Yepes Cantero, de las autodefensas gaitanistas, avanza desde Montería, Cereté y Planeta Rica de manera violenta hacia espacios de las subregiones del Medio Sinú y Sabanas, y tiene como fin crear “zonas seguras” y de obtención de rentas criminales en nuevos corredores de movilidad que unan a ese territorio con el Bajo Cauca antioqueño, y La Mojana con el golfo de Morrosquillo.

A ello se suma la generación de un escenario de disputa asimétrica entre el frente Javier Yepes y el frente Manuel José de las AGC, en alianza con grupos ilegales que ofertan seguridad, contra grupos de delincuencia común organizada con presencia histórica en la zona.

Según el Defensor del Pueblo, lo que está ocurriendo ha derivado en el aumento de los riesgos para las comunidades, colectivos socialmente estigmatizados, líderes comunales, de víctimas, y presuntos colaboradores de los bandos rivales; igualmente, en restricciones a la movilidad y agresiones a misiones médicas, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).

“Advertimos que el contexto de amenaza se materializa con los homicidios selectivos y de configuración múltiple, presentados como crímenes para imponer un orden represivo, la expansión del mercado local de sustancias psicoactivas y de la economía ilegal del narcotráfico, el aumento en la extorsión, inhibición de la denuncia y temor a represalias”, manifestó el Defensor del Pueblo.

Añadió que los siete municipios cuentan con instituciones en capacidad de atender las demandas de la población, pero la poca articulación entre entidades y autoridades étnicas, las rupturas del gobierno propio del pueblo Zenú, entre otras, reducen la capacidad para atender la creciente percepción de inseguridad.

“Emitimos, en consecuencia, 17 recomendaciones, para el Gobierno Nacional y autoridades locales, que contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta, como el efectivo acceso a la administración de justicia, la adopción urgente de medidas de prevención temprana y protección apremiante en favor de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, asistencia y atención humanitaria integral; adicionalmente, la superación de factores de vulnerabilidad socioeconómica de las poblaciones expuestas a riesgos”, puntualizó Camargo Assis.