–La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, remitió a la Unidad de Investigación y Acusación, (UIA), a cuatro generales y a un teniente coronel retirados del Ejército por no reconocer su responsabilidad en “falsos positivos” y desapariciones forzadas en el Huila, entre 2005 y 2008, y podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel.

Los afectados con la decisión son el mayor general (r) Miguel Ernesto Pérez Guarnizo; el general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar; el brigadier general (r) William Fernando Pérez Laiseca; el mayor general (r) Marcos Evangelista Pinto Lizarazo; y el teniente coronel (r) Fernando Moncayo Guancha, quienes fueron imputados como máximos responsables por la JEP.

Los generales retirados Guarnizo Pérez, Lasprilla Villamizar y Pérez Laiseca, fueron imputados como autores por omisión en los crímenes de asesinato y desaparición forzada; los tres fueron comandantes de la Novena Brigada del Ejército durante la época de los hechos. En los casos del mayor general (r) Pinto Lizarazo y el teniente coronel (r) Moncayo Guancha fueron imputados como coautores por los mismos crímenes, según lo establecido en Código Penal colombiano y en el Estatuto de Roma.

La Sala de Reconocimiento llamó a reconocer responsabilidad al mayor general (r) Pinto Lizarazo por 33 muertes presentadas mediante combates simulados bajo su comandancia del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’. La sala, en el auto de imputación, también determinó que Pinto Lizarazo “coordinó la búsqueda de falsos testigos para encubrir la ilegalidad de los hechos realizados por las tropas”.

Por su parte, la sala llamó a reconocer responsabilidad al mayor general (r) Pérez Guarnizo por la desaparición de tres personas y el homicidio de 27; al general (r) Lasprilla Villamizar por la desaparición de 12 personas y el homicidio de 115; al brigadier general (r) Pérez Laiseca por la desaparición de 16 personas y el homicidio de 57; y, al teniente coronel (r) Moncayo Guancha por estar involucrado en 21 operaciones que produjeron 43 homicidios, una tentativa de homicidio y una desaparición forzada.

Los cinco comparecientes enviaron sus respuestas a la sala manifestando que no reconocen su responsabilidad por los crímenes imputados. Ahora le corresponde a la UIA activar la ruta de juicio adversarial; y, de ser vencidos en juicio, podrán enfrentar hasta 20 años de cárcel.

En la imputación, emitida por la Sala de Reconocimiento en noviembre de 2023, fueron hallados como máximos responsables otros 30 militares, incluyendo algunos excomandantes de batallón, quienes ya aceptaron por escrito su responsabilidad por la participación en 200 asesinatos, de los cuales 32 corresponden a desapariciones forzadas, cometidos en 108 operaciones militares irregulares. Estos comparecientes deberán reconocer públicamente su responsabilidad, ante las víctimas y ante el país, en una Audiencia de Reconocimiento, junto con otros 50 comparecientes que no fueron hallados como máximos responsables en estos crímenes.