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Defensoría reportó 198 mil tutelas contra las EPS reclamando salud en 2023; Nueva EPS la más entutelada

–El defensor Carlos Camargo Assis advirtió este domingo que “la salud es uno de los derechos fundamentales más vulnerados en Colombia, es la segunda razón por la que se presentan acciones de tutela y la principal causa de quejas en la entidad”.

Las precisiones las hizo al divulgar un informe de la entidad el cual registra 198 mil tutelas contra las EPS en 2023.

La Nueva EPS, con más de 10 millones de afiliados, fue la aseguradora más tutelada, con 44.323 acciones (27,37%, seguida de Sanitas, con 16.212 tutelas (10,01%); Sura, con 15.170 (9,37%); Savia Salud, con 14.255 (8,8%), y Asmet Salud, con 12.459 (7,68%).

Camargo advirtió que este panorama “nos debe llevar a una reflexión sobre la necesidad de ajustar el sistema de salud, “pero ese ajuste debe ser el resultado de un gran pacto que involucre a todos los sectores”.

De acuerdo con el estudio, de las 633 mil 475 tutelas interpuestas en el país el año pasado, 197 mil 765 correspondieron a servicios relacionados con la salud, siendo la tercera cifra más alta desde que ese mecanismo de protección fue instaurado en la Constitución de 1991.

Añade que “el recurso para amparar el derecho fundamental a la salud aumentó el 26,44% en relación con el 2022, cuando fueron interpuestas 156.413. El mayor número de tutelas se sigue concentrado en los departamentos de Antioquia, con el 18,79%, seguido de Valle del Cauca (10,83 %), Bogotá (9,61%), Norte de Santander (7,35%) y Santander (5,75%)”.

En efecto, según la Defensoría, durante el 2023 el mayor número de tutelas se presentaron reclamando atención en servicios de salud (45,58%), tratamientos integrales (14,01%) y medicamentos (12,23%). Los pacientes que más las interpusieron fueron aquellos que padecen tumores (11,73%), enfermedades del sistema osteomuscular (9,51%) y enfermedades del sistema circulatorio (9,42%).

“En este trabajo, que hoy evidenciamos, damos a conocer cómo la tutela trabaja de la mano con nuestra misión constitucional de orientar e instruir a los habitantes del territorio colombiano en el ejercicio y la defensa de sus derechos”, dijo el Defensor del Pueblo.