–La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no dar por terminada la etapa de investigación sobre “falsos positivos” ocurridos en Norte de Santander, sin haber recibido las declaraciones de al menos 52 comparecientes vinculados al subcaso, así como de otros agentes de la fuerza pública y posibles funcionarios involucrados en los hechos.

Dentro de estos se encuentran cuatro altos oficiales que fungieron como comandantes de los batallones de contraguerrilla adscritos a la Brigada Mecanizada 15 y otras compañías vinculadas al ‘Plan Meteoro’, que operó en los municipios del Catatumbo entre 2007 y 2008, cuyos casos deberían ser evaluados para determinar si cuentan con la calidad de máximos responsables.

La solicitud, firmada por el procurador delegado ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, se hace tras conocer que el Plan Estratégico Cuatrienal (2023–2026) adoptado por el Órgano de Gobierno de la JEP, refiere de manera explícita que el subcaso Norte de Santander ya finalizó, a pesar de que esa jurisdicción se comprometió en abrir una segunda fase de la investigación para incluirlos.

En su escrito el representante del Ministerio Público recordó que, frente a las observaciones relacionadas con la selección de máximos responsables, la SRVR fue explicita en determinar, a través de dos autos, que adelantarían fases posteriores de instrucción en el macrocaso, dado el alcance territorial de la primera ronda de priorización aplicable.

En este contexto, añadió el delegado Acosta Aristizábal “(…) surge una incertidumbre impostergable para esta delegada frente al futuro del subcaso, y las dinámicas de instrucción, que no solo tienen efectos para los comparecientes que no se encuentran en selección negativa (56 en total), sino también para las víctimas que en sus observaciones y solicitudes han requerido la reactivación y continuación del proceso”.

Para la Procuraduría existe la necesidad de investigar elementos adicionales dentro del subcaso, como las planas mayores de oficiales de la Brigada 30 y Segunda División del Ejército; los comandantes de los batallones de contraguerrilla adscritos a la BRIM No. 15 y otros funcionarios públicos, militares o contratistas, que tuvieron un papel relevante en la fase de encubrimiento de los mal llamados “Falsos Positivos”.

Lo anterior, además de la reactivación inmediata de las investigaciones en Norte de Santander, el Ministerio Público pidió a JEP adelantar un espacio dialógico con los representantes de víctimas y comparecientes sobre el futuro del subcaso.