–La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, anunció este miércoles que el Tribunal para la Paz inició la fase de juicio contra ocho miembros retirados del Ejército Nacional, que pertenecieron al Batallón de Contraguerrilla 79, la Brigada Móvil 11 y al Batallón de Contraguerrilla 26, por víctimas de «falsos positivos» sepultadas en fosas comunes en el cementerio Las Mercedes del municipio de Dabeba, Antioquia, (foto) entre 1997 y 2007.

Sin citar los nombres, la JEP indica que la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SeRVR) del Tribunal para la Paz asumió la competencia para conocer en fase de juicio el caso conjunto 03 y 04: ‘Asesinatos y desapariciones forzadas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, perpetrados por miembros de la Fuerza Pública entre 1997 y 2007’.

La Sala precisa que en esta nueva etapa procesal que continuará garantizando la participación de las víctimas en el marco de la Justicia Transicional Restaurativa.

En julio de 2022, la Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad, perpetrados en los municipios de Dabeiba e Ituango, Antioquia, entre los años 2002-2006, como máximos responsables por jerarquía a tres coroneles en retiro: Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la BRIM 11), David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) Efraín Enrique Prada Correa (excomandante del BCG 79), Edie Pinzón Turcios (excomandante del BCG 26 Arhuacos), y dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26) y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79).

De igual manera, atribuyó responsabilidad en calidad de máximos responsables por participación determinante a tres sargentos en retiro del BCG 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco, Jaime Coral Trujillo y Hernando Cómbita Salazar y el soldado profesional en retiro del BCG 79, Levis de Jesús Contreras Salgado.

Entonces, la JEP hizo una reseña sobre los asesinatos y desapariciones forzadas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, y estableció que a lo largo de la investigación se lograron identificar tres patrones macrocriminales.

El primer patrón determinado se refiere a un conjunto de homicidios perpetrados contra personas puestas fuera de combate (desmovilizados), así como asesinatos de víctimas señaladas previamente como auxiliadores, informantes o milicianos de la guerrilla, con la finalidad de exterminar al enemigo identificado a partir del prejuicio insurgente sobre los campesinos de la región, entre los años 1997 y 2005. Lo anterior en un contexto de fuertes alianzas entre agentes estatales e integrantes de grupos paramilitares, con un transfondo de presión por resultados operacionales (bajas), así como por el tráfico de armas y drogas por la región de Urabá.

El segundo patrón hallado, precisó, coincide con el señalado en otros sub-casos referidos a territorios críticos del Caso 03 y demuestra hechos repetidos y uniformes de homicidio contra civiles, de nuevo, con el fin de presentar resultados operacionales y demostrar control territorial, entre los años 2005 y 2007, en un contexto de desmovilización de grupos paramilitares, entre víctimas que no son consideradas enemigo, pero si percibidas como “ fungibles», traídas bajo engaño y trasladadas en transportes intermunicipales desde Turbo, Medellín y otras localidades, hasta el lugar donde se les daría muerte.

El caso ilustrativo es el siguiente:

Al joven reservista y desempleado de Medellín, Jhon Jarvi Cañas Cano, lo mataron al bajarse de un bus urbano que venía de Medellín, en un retén del BCG 79, cuando venía con los sargentos Jaime Coral y Fidel Ochoa, quienes lo habían convencido de viajar para aceptar un trabajo como obrero en una despulpadora de fruta en Dabeiba. La tropa no había dado bajas en un mes y necesitaban presentar resultados porque la presión era muy alta.

El comandante del batallón, entonces mayor David Herley Guzmán Ramirez organizó el retén, disparó contra la víctima y supervisó a sus subalternos para que vistieran al cadáver, falsearan la escena del crimen, destruyeran las piezas de identidad y efectos personales de la víctima e inhumaran el cuerpo como guerrillero muerto en combate sin identificación. Los grupos paramilitares del Frente Dabeiba aportaron los pertrechos militares para falsear la escena del crimen.

Por decisión del Comandante Guzmán Ramírez el cuerpo fue conducido a Carepa y no a Dabeiba, por temor a que los familiares de la víctima encontraran fácilmente la pista y recuperaran el cuerpo.

El tercer patrón criminal determinado, de carácter autónomo y transversal, se encontró conformado por un amplio espectro de hechos repetidos y uniformes de desaparición forzada, perpetrados en los cementerios de Dabeiba e Ituango, durante muchos años (el primer crimen esclarecido data de 1982 y los demás casos promedian los 20 años), con la finalidad inmediata de encubrir los homicidios cuya ilegalidad es conocida por sus autores, impidiendo la identificación de las víctimas y con el propósito estratégico de reforzar la idea de control territorial. El caso ilustrativo es el siguiente:

El joven Jorge Andrés Ortíz Zapata, desempleado trasladado de Medellín, fue asesinado el 23 de marzo de 2007 y presentado por miembros del BCG-79 como un “bandido de las FARC-EP» dado de baja en combate en el cañón del Mohán, jurisdicción de Dabeiba, Antioquia. Posteriormente, fue desaparecido en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, por la misma unidad militar. Gracias a un aporte a la verdad plena de un compareciente de fuerza pública, la JEP recuperó el cuerpo de la víctima y la entregó dignamente a sus familiares.

De otro lado, la JEP señaló que constató la existencia de un conjunto de graves irregularidades en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, las cuales ayudaron a que, por años (desde 1982 y hasta el 2010), se convirtiera en un lugar “ideal» para perpetrar el crimen de desaparición forzada: (i) inexistencia de unos lugares de inhumación, debidamente demarcados para personas no identificadas, cuyos cuerpos eran enterrados de forma aleatoria por todo el cementerio; (ii) autorización, hacia el año 2016, de la realización de unas labores de “embellecimiento» del camposanto, apoyadas por efectivos de la Brigada XVII del Ejército Nacional, incluida la plantación de árboles, aplicación de pintura blanca sobre todas las cruces y reescritura de los datos existentes sobre las mismas; (iii) ausencia de registros sobre inhumaciones y exhumaciones; y (iv) falta de controles sobre las labores realizadas en la morgue. Todo lo anterior, en un contexto de fuerte disputa, entre todos los actores del conflicto armado, por el control sobre el municipio de Dabeiba y el cañón de La Llorona.

Reseña la JEP que en el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Dabeiba se realizaron508 necropsias entre los años 1995 y 2008 y se estableció que el 98% de las muertes fueron causadas con arma de fuego.