–Entre hoy el viernes 16 de mayo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, realiza en Bogotá y Barrancabermeja (Santander), respectivamente, una audiencia para fortalecer el proceso de búsqueda, identificación y entrega digna de las víctimas de desaparición forzada en Colombia, en la cual, por primera vez la justicia ordinaria participa en una diligencia de la justicia transicional.

En la audiencia en Bogotá, estarán hoy en la capital de la República, presentes los magistrados Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Alberto Montaña Plata, presidente de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

La JEP destaca que su participación permitirá mostrarle al país las decisiones que se han tomado en torno al delito de desaparición forzada y los impactos que estas han tenido en el universo de más de 100 mil víctimas registradas ante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) en Colombia.

La audiencia también contará con la participación de ministerios, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como autoridades del ámbito nacional y territorial, que contribuirán a construir una radiografía completa que permita tomar acciones para darle respuesta a los familiares de las víctimas.

La jornada es promovida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) de la JEP en el marco de la medida cautelar adoptada por la Sección, a través del Auto AI-017 el 14 de marzo de 2024, con el objetivo de proteger los derechos de las víctimas y sus familiares. Se busca unificar la ruta de acción y definir estrategias que permitan una respuesta efectiva, articulando los deberes institucionales de los entes nacionales y territoriales. Este esfuerzo conjunto tiene como fin desplegar acciones más eficientes que respondan a las demandas de quienes buscan a sus seres queridos.

Precisamente, advierte la JEP, en el marco de las medidas cautelares adoptadas para proteger puntos de interés forense que han permitido la identificación y entrega digna de más de 60 víctimas en diversas zonas del país, realizó un diagnóstico en el que identificó deficiencias transversales y estructurales en los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna de las víctimas de desaparición forzada. Entre los hallazgos está la falta de consolidación de sistemas de información relacionados con el proceso de búsqueda e identificación, y la dificultad en el acceso a la información por parte de las entidades responsables de la búsqueda de personas en el país.

Otros obstáculos identificados por la JEP son el subregistro de víctimas de desaparición forzada, la falta de coordinación entre las entidades encargadas del Plan Integral y Estratégico para abordar la búsqueda de personas desaparecidas, la necesidad de fortalecer los presupuestos y desarrollos tecnológicos de las entidades públicas territoriales involucradas en los procesos de custodia de los cuerpos, identificación y búsqueda; la ausencia de una política pública integral en Colombia para la custodia y preservación de lugares de inhumación, así como la precariedad de la infraestructura necesaria para el tratamiento y abordaje de los cuerpos.

Visibilizar este contexto permitirá que las entidades se articulen para unificar los registros, sistemas y tecnologías, así como todo el abordaje y consolidación de la información sobre la desaparición forzada en Colombia. Esto, además, aportará a la implementación de estrategias que impulsen la búsqueda inversa y la toma de muestras biológicas en más territorios del país, puntualizó la JEP.

Asimismo, se espera establecer rutas de articulación entre autoridades públicas e instancias sociales y de derechos humanos para la adopción de guías elaborados en el marco de las medidas cautelares, así como presentar herramientas para fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda y generar un espacio para el reconocimiento y dignificación de las víctimas de desaparición forzada en el ámbito nacional.

Para la JEP, las intervenciones en el marco de esta diligencia judicial serán una muestra más del compromiso evidente del poder judicial con las víctimas de desaparición forzada en el país, y el actuar generoso, comprometido y decidido de la justicia colombiana con ellas.