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Nacional

Procuraduría advierte que proyecto reforma pensional debe revisarse o su implementación no será viable; alerta sobre 45 temas que vulneran derechos

–Un pliego de observaciones, en el cual advierte, entre otras cosas, que la implementación del proyecto de reforma pensional no será viable si no se revisan aspectos estructurales, presentó la Procuraduría General de la Nación a la ministra del Trabajo, Gloria Ines Ramírez.

Concretamente, la Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social señaló que la falta de reglamentación de al menos 45 temas estructurales del sistema podría vulnerar los derechos de los afiliados que soliciten reconocimiento de una prestación económica, altas judicializaciones y vacíos jurídicos, técnicos y financieros.

De otro lado, el ministerio público establece que las cifras que se conocen de Colpensiones, que han sido objeto de rigurosos análisis por parte de la Entidad, evidencian que no tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa para la puesta en marcha de una operación que implicaría el traslado de cerca de 19 millones de personas.

La Procuraduría advierte la necesidad de que el Gobierno, el ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la República tengan en cuenta los estudios y conceptos del costo fiscal que generaría el proyecto en el Presupuesto General de la Nación, datos que además se deberán tener en cuenta en el análisis de lo relacionado con el valor en todos los pilares a mediano y largo plazo.

Precisa que el Ministerio de Trabajo y el Congreso deben tener en cuenta que actualmente Colpensiones no está preparada para asumir las obligaciones que le impondría la reforma, de cara al 1 de julio de 2025, fecha planteada para iniciar operaciones, teniendo en cuenta los requerimientos tecnológicos, la ausencia de presupuestos, los tiempos que hay para la elaboración de contratos y los periodos de prueba necesarios, entre otros aspectos, por lo que sugirió que se considere su implementación de forma gradual a partir de 2026.

Finalmente, la Procuraduría manifiesta que la reforma debe garantizar la construcción de un sistema de protección integral a la vejez que sea sostenible y viable para las futuras generaciones, que bajo ninguna circunstancia vaya a representar una afectación de los derechos de los afiliados y los pensionados del país.