–En auditoria adelantada a la Sociedad de Activos Especiales, (SAE), y al Fondo Para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, (FRISCO), la Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por valor de $28.056.865.126. De estos, 4 hallazgos con presunta incidencia penal, 30 que conllevan presunto alcance disciplinario, 2 con solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio y 1 con otra incidencia.

Dentro de la auditoria adelantada por la Contraloría delegada para el Sector Justicia, se evidenció el manejo irregular de bienes que estaban bajo custodia de la SAE. Algunos de esos bienes simplemente desaparecieron, exponiendo a la nación a millonarias demandas.

Con corte a 31 de diciembre de 2023, el total de los bienes inmuebles del FRISCO y que son administrados por SAE SAS, asciende a 33.109. De ellos, 5.985 (18.07%) poseen contrato de arrendamiento, 9.528 (28.77%) están desocupados y con ocupación irregular 15.060 (45.4%). Por estos últimos, la Contraloría General determinó 9 hallazgos fiscales por valor de $16.151.443.650, en las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla.

De los bienes de la Sociedad Nuevo Amanecer, bajo administración de la SAE, se determinaron dos hallazgos fiscales. El primero por la venta de 15 caballos de paso fino por debajo sustancialmente del valor comercial. El monto perdido es de $99.428.569.

El segundo hallazgo fiscal, en este caso tiene que ver con la misteriosa desaparición de 69 relojes avaluados en $1.302.873.969. En la actualidad existe orden judicial de devolución de los bienes al afectado.

En la administración de bienes muebles a cargo de la SAE en Montería y Bogotá, se identificó la pérdida de vehículos (31 taxis) y partes de algunos otros que habían sido incautados. Por este caso se confirmaron dos hallazgos fiscales por valor de $ 1.945.753.900.

En la administración de bienes inmuebles por parte de la SAE se detectaron también graves irregularidades. Producto de esta auditoría se evidenciaron dificultades en la administración de los bienes inmuebles en aspectos como: la actualización anual de cánones de arrendamiento y avalúos, pagos de servicios públicos domiciliarios sin identificar los folios de matrícula inmobiliaria para los que se dirigían estos, no pago de cuotas de administración por parte de los arrendatarios, inmuebles arrendados que no cuentan con póliza vigente que ampare el pago de los cánones y, por el contrario, en algunos casos se evidencia que como garantía fue entregado efectivo en depósito.

En la Regional de Occidente de la SAS se detectó omisión en la gestión de cobro de cánones de arrendamiento, en una cuantía estimada a los $1.881.086.771, de inmuebles que aparecen registrados por la entidad como en alquiler.

En la Regional Suroccidente se identificaron bienes inmuebles, administrados por la SAE, en los cuales se evidenció el ejercicio de presuntas actividades ilegales como la fabricación de alcohol adulterado. En este caso se elevó un hallazgo fiscal por valor de $1.339.079.545.

Se registran fallos en contra de la SAE por valor de $2.304.859.306 por el no pago de las cuotas de administración de bienes inmuebles a su cargo en diversas propiedades horizontales en el país.

Adicionalmente, se observaron inmuebles ocupados irregularmente por los propios afectados en los procesos de extinción, sin que a la fecha se hayan adelantado las gestiones necesarias para su recuperación. Para estos procedimientos de desalojo, la SAE, suscribió un contrato de servicios logísticos integrales por valor de $4.343.098.000 por un plazo de 24 meses; no obstante, pese a su ejecución se evidencian ocupaciones irregulares en el 45.4% del total de los bienes a cargo de la SAE.

En lo que tiene que ver con la sede principal de la SAE, se observó la suscripción y el pago del contrato de arrendamiento en el que se incrementó el valor y la cantidad de metros cuadrados sin la suficiente justificación, por lo que se determinó un presunto detrimento patrimonial por valor de $2.465.346.670.

Finalmente, a pesar de las múltiples fallas evidenciadas en la gestión de los bienes a cargo de la SAE, se han aprobado comisiones a sus funcionarios desde la vigencia 2021, producto del cumplimiento de metas de comercialización y arrendamientos, por valor de $6.591.805.436.