–En desarrollo de una auditoría al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, la Contraloría General de la República estableció 17 hallazgos fiscales, de los cuales seis tienen incidencia fiscal por un valor de $84.898.866.209, catorce tienen presunta incidencia disciplinaria.

Según el reporte del organismo de control, el hallazgo de mayor cuantía corresponde a la destinación indebida de recursos del Fondo al pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 e indemnización por interés a las cesantías dispuesta en la Ley 52 de 1975, por $68.101.994.018, ocasionando detrimento fiscal, teniendo en cuenta que los recursos del Fomag son de destinación específica, de conformidad con la Ley 1995 de 2019, artículo 57.

Otros hallazgos de alta cuantía se establecieron al determinarse que con recursos del Fomag se pagó de manera inoportuna solicitudes de cesantías parciales y/o definitivas y fallos relacionados con sanción mora y pensiones, por lo cual se pagaron, respectivamente, sanciones moratorias por $8.991.067.608, así como intereses moratorios por $3.419.184.418 debido al incumplimiento de los términos establecidos en los artículos 177 del C.C.A. y 192 del CPACA.

La Contraloría destacó que, por otra parte, se evidenciaron pagos de mesadas pensionales posteriores a la fecha de fallecimiento de docentes y beneficiarios por $89.629.864 y pagos indebidos de la mesada pensional a docentes y beneficiarios residentes en el exterior, con certificados de supervivencia vencidos, por $3.716.036.876.

Finalmente precisa que en este ejercicio de control fiscal, al igual que en los adelantados en 2023, se determinó la presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del FOMAG, así como de las entidades territoriales, por lo que, con los resultados obtenidos, se reitera el llamado para que se desarrollen mecanismos que solucionen las situaciones continuamente evidenciadas, que hagan eficiente y eficaz la administración de estos recursos públicos y se adopten mecanismos para evitar que se sigan presentando pagos por estos conceptos, los cuales lesionan el patrimonio público de todos los colombianos.