–(Foto Defensoría). Un modelo analítico prospectivo sobre la vulneración de derechos humanos desarrolló la Defensoría del Pueblo sobre las consecuencias del cierre de varios pasos del Tapón del Darién por parte de Panamá, el cual estableció que aumentará los riesgos de salud pública en la zona de Urabá.

El estudio, realizado por el Centro de Analítica de Datos en Derechos Humanos y su Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, se centró en Carepa, Necoclí, Arboletes, Turbo, San Juan de Urabá, Apartadó y San Pedro de Urabá, en Antioquia, y Acandí y Unguía, en Chocó, municipios que forman parte del Urabá-Darién, subregión que tiene alrededor de 480.000 habitantes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

De acuerdo con el modelo analítico prospectivo, si los cierres fronterizos provocaran la permanencia de un 10% a un 20% de la población migrante en la subregión del Urabá-Darién, en un lapso de seis meses a un año los municipios que tendrían un mayor incremento de esa población serían San Juan de Urabá, con 5713 (2.9%); Arboletes, con 3400 (2.0%), y San Pedro de Urabá, con 3230 (1.9%).

Los registros del Sistema Vision Web, de la Defensoría del Pueblo, revelaron que el derecho esencial a la salud ha sido uno de los más vulnerados en esa zona. Sobre la base de la información proyectada, el modelo analítico prospectivo evidencia que se podría registrar un incremento en la propagación de enfermedades y dificultades en la red hospitalaria para atenderlas.

El área de influencia de la subregión Urabá-Darién presentaría un posible aumento en la tasa de contagio de sífilis congénita, con un 5.7%; de chikunguña y dengue, 5.2%, y de leptospirosis, 4.7%, por cada 1000 habitantes.

Igualmente, se identificó una brecha entre el número de camas hospitalarias requeridas, de acuerdo con el indicador de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la cantidad real de camas instaladas en cada uno de los pueblos analizados en los dos departamentos. En el escenario descrito, Antioquia tendría los municipios con las mayores brechas, pues Turbo requeriría 461 camas, cuando solo tiene 100 instaladas; Apartadó necesitaría 451 camas, sin embargo, cuenta con 291 instaladas, y Carepa, que tiene 56 instaladas, debería tener 179. Es importante señalar que, ante una complicación de las enfermedades mencionadas, los pacientes requerirían hospitalización.

La materialización de las restricciones en la subregión podría desencadenar una crisis humanitaria, afectando especialmente la salud pública, por lo que es crucial abordar las problemáticas de manera integral y con un enfoque humanitario.

La Defensoría, en consecuencia, llama al Ministerio de Salud y Protección Social y las autoridades sanitarias municipales y departamentales: implementen las medidas necesarias que prevengan el posible aumento de las enfermedades, dada una eventual concentración masiva de migrantes. Las autoridades nacionales y locales deben poner en marcha acciones urgentes, que sean efectivas, y activar mesas de gestión migratoria con enfoque humanitario.

De igual manera, le solicita al Dane realizar un ejercicio de caracterización sociodemográfica de la población local en esos municipios y de la población migrante tanto en tránsito como la que se ha venido asentando en otros territorios de la ruta migratoria. La caracterización permitiría identificar factores de vulnerabilidad de la población migrante, especialmente en sus condiciones de salud, con lo cual se podrían tomar decisiones de política pública para atenderla.

También, la entidad exhorta al Gobierno Nacional a mediar con las autoridades panameñas, con la finalidad de que respeten los derechos humanos y las normas internacionales sobre refugio y no devolución de migrantes.