–La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ordenó implementar un Plan Piloto para garantizar la vida, integridad física y seguridad de los y las firmantes de paz que llevan a cabo su proceso de reincorporación en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Miravalle, ubicado en San Vicente del Caguán en Caquetá. De esta forma se espera poner en funcionamiento el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, así como el Programa de Protección Integral para excombatientes.

Esta decisión se tomó en el marco de la medida cautelar colectiva que fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) de la JEP para proteger los derechos fundamentales de los comparecientes forzosos, entre ellos los antiguos integrantes de las Farc-EP. A través de ella, la magistrada Reinere Jaramillo Chaverra, relatora de las medidas cautelares, busca proteger la integridad de quienes dejaron las armas y el derecho de las víctimas a la verdad.

Las órdenes se emitieron tras conocerse que 68 personas en proceso de reincorporación en Miravalle están en riesgo inminente de desplazamiento forzado masivo y han recibido amenazas, debido a los enfrentamientos entre grupos armados en la zona rural de San Vicente del Caguán. Esta situación viene truncando significativamente el proyecto de vida individual y colectivo que comenzaron a construir desde la firma del Acuerdo Final de Paz.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) estará a cargo de la secretaría técnica del Plan Piloto que debe convocar a las autoridades involucradas: Alto Comisionado para la Paz, Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, Ministerio de Defensa – Comando Conjunto Estratégico de Transición, (CCOET), Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), la Agencia Nacional de Tierras, Defensoría del Pueblo, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Gobernación de Caquetá y las Alcaldías de San Vicente del Caguán, Doncello y Florencia.

La SARV, en reiteradas decisiones judiciales y en el desarrollo de las audiencias de seguimiento a este trámite judicial, ha sido enfática en argumentar que los desplazamientos forzosos de los firmantes de paz que están en los AETCR afectan gravemente el proceso de reincorporación colectiva, los proyectos productivos y los medios de vida de los excombatientes y sus familiares, así como el tejido social y comunitario.

¿Qué debe implementar el Plan Piloto?

El Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP), aprobado mediante Resolución 096 del 16 de febrero de 2024, dispuso:
-Diseñar y ejecutar acciones de contención para atender la emergencia que atraviesan los habitantes del AETCR de Miravalle.
-Reevaluar los riesgos y, si procede, implementar de manera rápida y efectiva las medidas de protección necesarias.
-Establecer protocolos de seguridad para acompañar a la población del AETCR
-Desarrollar todas las acciones necesarias para que, de manera conjunta y en colaboración con la Misión de Verificación de la ONU, la Fuerza Pública y los excombatientes, se evalúe la posibilidad de reinstalar el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación.

Desde la firma del Acuerdo Final, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP ha registrado 426 homicidios a excombatientes de las Farc-EP y se han denunciado otros crímenes como desplazamientos forzados, amenazas y vulneraciones a sus derechos.

La UIA identificó tres patrones de riesgo para los firmantes de paz: 1) Por disputas entre disidentes; 2) Por el control social ejercido por grupos armados ilegales; y 3) Por la búsqueda de rentas criminales y aprovechamiento de tierras despojadas o adquiridas irregularmente.

El asesinato de cada compareciente genera un daño irreparable que lesiona la construcción de paz y afecta los fines del Sistema Integral para la Paz, lo cual justifica adoptar medidas de manera inmediata para evitar que siga sucediendo. Las medidas de protección y seguimiento decretadas por la JEP buscan que las autoridades y responsables de implementar el Acuerdo Final de Paz cumplan con sus deberes de prevenir los riesgos a esta población. Al igual que garantizar la no repetición en el marco de la Justicia Transicional y Restaurativa.