–La Oficina del Secretario General informó este martes en un comunicado que recibió el informe del Departamento de Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA respecto al proceso electoral presidencial en Venezuela en 2024, en el cual considera que, en las circunstancias actuales, no pueden reconocerse los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclaman ganador a Nicolás Maduro en la elección presidencial del domingo 28 de julio en la República Bolivariana de Venezuela.

“Teniendo en cuenta que el comando de campaña opositor ya presentó las actas por las que habría ganado la elección y el madurismo, incluido el CNE aún no ha podido presentar las actas por las que habría ganado lo cual a esta altura sería risible y patético sino fuera trágico; en este contexto resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de las actas en poder de la oposición y en consecuencia aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela. De no hacerlo, sería necesaria la realización de nuevas elecciones, pero en este caso con las MOEs de la Unión Europea y la OEA presentes y un nuevo CNE para que se reduzca el margen de irregularidad institucional que plagó este proceso”, señala.

Afirma que más de seis horas después del cierre de la votación, precisa, el CNE realizó un único anuncio en conferencia de prensa, indicando que había procesado el 80% de las mesas de votación y declarando ganador al candidato oficialista, sin otorgar el detalle de las mesas procesadas, sin publicar las actas y brindando únicamente los porcentajes agregados de votación que habrían recibido las principales fuerzas políticas.

El CNE falsamente calificó estos datos como “irreversibles”. Las cifras publicadas en el canal oficial revelaron, además, errores aritméticos, añade.

Además indica que los eventos de la noche de la elección confirman una estrategia coordinada, que se ha venido desplegando durante los últimos meses, para vulnerar la integridad del proceso electoral y puntualiza:

“La suma de diversos elementos imposibilita otorgarle reconocimiento democrático a las cifras oficiales: la opacidad del CNE y su resistencia a la observación nacional e internacional, la extrema inequidad en la contienda, la intimidación y la persecución política, la supresión de candidaturas, los ataques a la prensa y al derecho a la información, la demora en la apertura de centros de votación y en la divulgación de los resultados, la renuencia a permitir el ingreso de testigos de las fuerzas de la oposición a las mesas y centros de votación o entregarles la copia del acta de escrutinio, la suspensión en la transmisión de resultados desde distintos centros de votación, la interrupción del servicio de la página del CNE desde la noche del domingo, el anuncio de un supuesto hackeo al sistema de transmisión sin aportar prueba alguna y, sobre todo, la contradicción entre los porcentajes anunciados y los ejercicios de verificación ciudadana que se hicieron públicos al concluir el escrutinio, que además coincidían con los muestreos y encuestas de boca de urna que aplicaron metodologías técnicas”.

Advierte que “desde antes de la jornada electoral, la elección presidencial se había caracterizado por una sucesión de obstrucciones arbitrarias al ejercicio del sufragio activo y pasivo, en la forma de artilugios ilegales, intimidación, violencia, detenciones, expulsiones, inhabilitaciones, trabas burocráticas, uso electoral del aparato estatal y otro arsenal de obstáculos a la manifestación libre de la voluntad popular. Estas acciones buscaron inclinar la balanza a favor del oficialismo, desalentar y amedrentar a la oposición, engañar y confundir al electorado y, en general, burlar la normativa electoral y los acuerdos alcanzados en un amplio proceso de negociación con acompañamiento internacional. Desafortunadamente, los esfuerzos del oficialismo por controlar el proceso electoral no cesaron el 28 de julio, sino que más bien se intensificaron al cierre de la votación”.

En el comunicado de presentación del informe, el secretario General de la OEA, hace, además, las siguientes afirmaciones:

La peor forma de represión, la más vil, es impedirle al pueblo soluciones a través de elecciones. La obligación de cada institución de Venezuela debía ser asegurar la libertad, la justicia, la transparencia del proceso electoral. El pueblo debía de contar con las máximas garantías de libertad política para poder expresarse en las urnas, y proteger los derechos de los ciudadanos a ser elegidos.

A lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. La misma continúa hasta el día de la fecha.

El régimen madurista se burló de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años y nuevamente se fue a un proceso electoral sin garantías, ni mecanismos y procedimientos para hacer valer esas garantías. El manual completo del manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela la noche del domingo, en muchos casos de manera muy rudimentaria.

Se ha hablado de auditoría o de reconteo de actas de un material electoral que no ha tenido las menores condiciones de seguridad y de control. Asimismo, debemos tener presente que, respecto a auditorías, el régimen está atrasado por lo menos 11 años, cuando se comprometió con UNASUR (en reunión del 18 de abril de 2013 en Lima) a hacer una auditoria del 100% de las actas del proceso electoral del 14 de abril 2013. Es obvio decir que la misma nunca se cumplió. Es obvio que una nueva burla sería inadmisible.

Teniendo en cuenta que el comando de campaña opositor ya presentó las actas por las que habría ganado la elección y el madurismo, incluido el CNE aún no ha podido presentar las actas por las que habría ganado lo cual a esta altura sería risible y patético sino fuera trágico; en este contexto resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de las actas en poder de la oposición y en consecuencia aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela. De no hacerlo, sería necesaria la realización de nuevas elecciones, pero en este caso con las MOEs de la Unión Europea y la OEA presentes y un nuevo CNE para que se reduzca el margen de irregularidad institucional que plagó este proceso.

La carga de las injusticias sobre el pueblo de Venezuela continúa, ese pueblo es víctima una vez más de la represión, sin lugar a dudas la característica gubernamental más relevante, fruto de una gestión ineficiente que ha sembrado las más graves crisis humanitaria y migratoria que ha conocido la región.

No hace tanto el Secretario General Luis Almagro expresó que “Ninguna revolución” “puede dejar a la gente con menos derechos de los que tenía, más pobre en valores y en principios, más desiguales en las instancias de la justicia y la representación, más discriminada dependiendo de dónde está su pensamiento o su norte político.”

El Secretario General asimismo expresa que lamenta la falta de memoria acumulativa de actores de la comunidad internacional lo cual lleva sistemáticamente a repetir errores, así como a obliga a la Secretaría General a reiterar pronunciamientos y conceptos vertidos desde hace mucho tiempo.

El informe del Departamento de Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA, reseña:

Al cierre de la tarde del 29 de julio, Edmundo González y María Corina Machado brindaron un mensaje conjunto91 en que manifestaron que la oposición tenía más del 73% de las actas de escrutinio y que, con los resultados que arrojaban, sería imposible para Nicolás Maduro asegurar el gane, incluso si obtuviera el 100% de los votos en las actas restantes.

El embajador González expresó al pueblo venezolano que “la voluntad expresada ayer a través de su voto la haremos respetar. Ese es el único camino hacia la paz.

Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible”. Los líderes de la oposición anunciaron también el lanzamiento de un portal web (https://resultadospresidencialesvenezuela2024.com/92) en que compartirían la imagen de todas las actas y los resultados digitados, de forma que la ciudadanía pudiera verificar la correspondencia de los datos. El portal se encuentra ya estaba habilitado para recibir consultas.

Las y los especialistas electorales de la OEA tuvieron acceso a cuatro fuentes de datos distintas que, en general, coincidieron en los resultados. Las primeras dos son encuestas de salida (exit polls) elaboradas por actores reconocidos: en una, Edmundo González aparece con el 62,2% de los votos y Nicolás Maduro el 31,1%; en la segunda, González obtiene el 64%, frente a 31% de Maduro.

También se pudo consultar un conteo rápido, ejercicio estadístico con información recabada de actas en terreno, que arroja una ventaja a Edmundo González de más de 30 puntos porcentuales por encima del candidato oficialista (67,37% González, 30,22% Maduro). Por último, se tuvo acceso a las propias actas digitales a las que hizo referencia la PUD y que emanaron del sistema automatizado en la noche de la elección (67,59% González, 30% Maduro).

La información que surge de estas cuatro fuentes es coincidente y contrasta con el único boletín oficial que de forma oral emitió el CNE. Le corresponde a la autoridad electoral explicar, de forma convincente, por qué las propias actas de su sistema informático se contradicen con los totales anunciados y apresuradamente proclamados.

El informe concluye reseñando las siguientes conclusiones:

Este informe contiene un relato de ilegalidades, vicios y malas prácticas que se presentaron durante este proceso electoral en particular, pero que son reiterados en procesos eleccionarios recientes en Venezuela. La evidencia denota un intento del régimen por desconocer la voluntad mayoritaria expresada en las urnas por millones de venezolanas y venezolanos. Lo sucedido demuestra, una vez más, que el CNE, sus autoridades y el sistema electoral venezolano está parcializado y se encuentra al servicio del Poder Ejecutivo Nacional, y no de la ciudadanía. El régimen de Nicolás Maduro nuevamente ha traicionado al pueblo venezolano, declarando respetar la voluntad popular al tiempo que hace todo lo posible por manipular y desconocer esa voluntad.

En conclusión, dado que no hay sustento público documental que respalde los datos anunciados por el CNE, y en cambio existe información de diversas fuentes que los contradicen, es el criterio técnico del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral que los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático.