–Tras revelar la gravedad y gran parte de los alcances de la organización criminal de la que habrían sido protagonistas, la Fiscalía General de la Nación sustentó ante el Juez 35 con Función de Control Garantías de Bogotá la urgencia y necesidad de imponer una medida privativa de la libertad en centro de reclusión, contra los tres primeros judicializados por el multimillonario robo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Por supuesto, se trata del exdirector, Olmedo de Jesús López Martínez; del exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y del contratista Luis Eduardo López Rosero, a quienes la fiscal del caso María Cristina Patiño, consideró “un peligro para la comunidad”. Sin embargo, la fiscal solicitó que estos procesados cumplan la medida de aseguramiento en una guarnición militar.

“Los motivos que respaldan este requerimiento se cimientan en razones de seguridad de los implicados, quienes han venido recibiendo amenazas contra sus vidas. Al Estado le corresponde proteger sus vidas”, afirmó.

Además, advirtió que la organización criminal no ha sido desmantelada por completo y por lo tanto, “estando en libertad pueden tener contacto con los otros miembros de la organización”, subrayando que “en los hechos de corrupción están vinculados funcionarios del Estado de todos los niveles, alto, medio, bajo, congresistas, directores, subdirectores de entidad, que recibieron dineros públicos”.

Otro aspecto que sustentó la fiscal para solicitar el encarcelamiento de los imputados fue el de evitar que “destruyan más evidencia”, pues señaló que Sneyder Pinilla reconoció en un interrogatorio que había borrado varios chats. Además, indicó que entidades como la Contraloría han alertado de la pérdida de 69 cajas con material probatorio.

“La solicitud no se basa en simples sospechas carentes de respaldo. Por el contrario, existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada”, precisó la fiscal del caso.

Durante la audiencia, el grupo de fiscales a cargo de la investigación presentó los elementos probatorios que respaldan la medida de aseguramiento, de acuerdo al rol y grado de participación en el entramado delincuencial, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

“En lo relativo al elemento subjetivo dolo de las conductas punibles endilgadas a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, se tiene que dichos ciudadanos conocían que estaban conectándose, a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la administración pública” afirmó la Fiscalía.

“Los imputados tenían pleno conocimiento del comportamiento exigible a aquellos quienes manejan recursos públicos, contratación pública y a quienes el Estado les ha confiado la ejecución de obras, de suministros, de servicios, mucho más aquellos dirigidos a la protección de la población en condiciones de vulnerabilidad”, agregó la Fiscal.

La Fiscalía General de la Nación reveló la magnitud del impacto del entramado de corrupción que se apropió de multimillonarios dineros públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al solicitar medida de aseguramiento medida privativa de la libertad en… pic.twitter.com/y9ONquHmO9

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 7, 2024

La bancada de la Fiscalía dejó claro que, pese a que se pueda aplicar un principio de oportunidad o preacuerdo, es necesario que se dicte una medida privativa de la libertad.

“(…) Ante el supuesto de no concederse el principio de oportunidad, o de no lograrse un preacuerdo, los procesados al verse compelidos a afrontar plenamente su responsabilidad en los delitos imputados y las elevadas penas que para los mismos se consagran, podrían intentar destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales probatorios”.

La investigación desarrollada en una primera fase advierte cómo se creó una banda delincuencial que, se habría apoderado de los contratos de la UNGRD para ser direccionados a contratistas específicos que adquirían el compromiso de entregar a cambio millonarias coimas. Los judicializados López Martínez y Pinilla Álvarez, al parecer, direccionaron 21 órdenes de contratación por valor de 228.884 millones de pesos.

La contratación, presuntamente amañada, se ejecutó en tres grandes eventos. El primero consta del acuerdo entre los exfuncionarios y el contratista López Rosero para recibir 6 contratos. Uno de ellos firmado el 12 de octubre de 2023 para la compra de 40 carrotanques por valor de 46.800 millones de pesos, vehículos en los que se llevaría agua potable a las comunidades indígenas vulnerables en la Alta Guajira. Según la investigación, en este contrato se presentó una defraudación de 14.163 millones de pesos.

En un segundo evento se habrían entregado contratos a unos amigos de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por 24.238 millones de pesos, suscritos entre el 5 y el 23 de febrero de 2024. En un tercer evento se trasladaron 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la UNGRD para ejecutar siete contratos.

Mientras continúa el avance de esta y otras líneas de investigación de la Fiscalía General de la Nación dirigidas a desarticular la “organización criminal” que se habría apoderado de la contratación en la UNGRD, el Juzgado 35 con Función de Control Garantías de Bogotá definirá el 31 de agosto la decisión sobre la solicitud de medida de aseguramiento formulada contra los imputados López Martínez, Pinilla Álvarez y López Rosero.