–(Foto CGR). El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunció este lunes que pidió al ministro de Educación prestar atención urgente al tema de la financiación de las universidades públicas del país y reclamó que, para este efecto, haya una colaboración entre los gobiernos nacionales y territoriales, las instituciones educativas y actores sociales.

Rodríguez Becerra pidió compromiso en la asignación de recursos, así como resolver las preocupaciones que se presentan frente a las variaciones significativas de los pasivos pensionales de las universidades públicas y el flujo de dineros para el cumplimiento de estas obligaciones.

“Las universidades públicas, y en general todas, vienen creciendo desde los años 90 con los mismos recursos, en lo que se ha denominado la universalización de la educación superior. Es necesario resolver estos problemas estructurales de financiación. Esto se ha solventado con déficit de deuda y disminución las condiciones de calidad. A las universidades le tienen que ver su manejo presupuestal, pero también le tienen que ver la calidad de educación que están impartiendo”, indicó.

Consideró que las Universidades Públicas vienen sufriendo una desfinanciación estructural. Y sugirió revivir el debate sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 del 92, de tal manera que se garantice una adecuada financiación para que cada una de las universidades, acorde con sus particularidades, pueda sacar adelante su financiación y que el riesgo no sea marchitar el sistema y deteriorar la calidad que se ha venido alcanzando, mientras se aprueba una política de financiación adecuada, que no tiene que estar sujeta a esa reforma.

El Contralor Rodríguez Becerra expresó preocupación por el tema pensional de las universidades públicas. A partir de la Ley 100 del 93, se reconoció la financiación de las pensiones de las universidades públicas. El giro de los recursos de los fondos de pensiones para el caso de las universidades públicas, del orden territorial, de acuerdo con las normas, no se viene realizando oportunamente, lamentó.

“Eso está generando riesgo de estabilidad de algunas universidades públicas. La actualización de los estudios actuariales de sus pensionados debe estar al orden del día, de manera que se pueda contar con los recursos suficientes. Recordó al respecto que una parte es financiada por parte de la Universidad, otra por la Gobernación y una más por el Estado”.

Rodríguez Becerra trasladó su inquietud sobre este tema al ministro de Educación, para que revise lo que está pasando.

Puso de ejemplo lo que le ha pasado a la Universidad del Valle con el bono de pensiones del primer semestre del 2024, que equivale a 54 mil millones de pesos: lo debió recibir en enero del 2024 y le llegó en el presente mes de agosto.

Dijo que esta Universidad viene de un déficit de $38 mil millones en 2023, que va a crecer gradualmente durante el transcurso del año.

La baja ejecución del presupuesto de Prosperidad Social en 2023 afectó a la población vulnerable del país. La CGR halló posibles irregularidades por $108.869 millones.

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— Contraloría General (@CGR_Colombia) August 8, 2024

Los pasivos pensionales de algunas universidades muestran variaciones significativas entre 2022 y 2023, según datos de la Contaduría General de la Nación. Por ejemplo, universidades públicas como la del Valle, Cauca y Antioquia presentan altos incrementos en sus pasivos pensionales:

-Universidad del Cauca: Incremento del 46.8% (es decir $219.903.313.457) en sus pasivos pensionales, destacando la necesidad de revisar políticas de gestión de activos y pasivos.
-Universidad del Valle: Aumento del 11.1% (es decir $185.166.640.367) en sus pasivos pensionales, reflejando una gestión activa de los planes de beneficios post empleo.
-Universidad de Antioquia: Incremento del 18.0% (es decir $22.547.034.366) en sus pasivos pensionales, sugiriendo la necesidad de reforzar medidas de control.

El control fiscal sobre la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la Universidad Industrial de Santander (UIS) es ejercido por las respectivas contralorías territoriales y, en este sentido, el Contralor llamó la atención las Contralorías Departamentales del Valle del Cauca, Antioquia y Santander para que destinen un equipo que le haga seguimiento especial a este tema, que consideró también debe ser abordado a la mayor brevedad por el SUE (Sistema Universitario Estatal), compuesto por las 34 Universidades Públicas del país y presidido por el ministro de Educación.

“Me parece que la viabilidad financiera de la Universidad Pública puede ver comprometida la calidad de la educación superior. Es un tema delicado y el Ministerio de Educación debe tomar acciones frente a este tema”, concluyó el Contralor General de la República.