–El comando del Ejército Nacional reportó este lunes que 40 de los 100 soldados secuestrados el pasado viernes 9 de agosto por una comunidad instrumentalizada por las disidencias de las Farc de alias «Calarcá» lograron escapar y retornaron a su guarnición militar, mientras que los restantes 60 siguen en cautiverio.

Los uniformados secuestrados hacen parte de la Brigada de Selva 22, adscrita a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, quienes se encontraban desarrollando operaciones de control y contra la extorsión en zona rural de San José del Guaviare, la capital departamental, concretamente en las veredas de Chuapal y Bocas de Caño Cafra.

El secuestro colectivo fue promovido por unos sujetos que se identificaron como integrantes de una «guardia campesina» del sector, que luego de retener a los soldados, solicitaron la presencia del alcalde, así como de representantes de la Misión de la ONU en Colombia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, para dejarlos en libertad.

Tras producirse el secuestro, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó en su cuenta en la red X:

La continuidad del secuestro de los soldados en San José del Guaviare, obligará a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briceño. La prórroga por 3 meses, vigente hasta el 15 de octubre, se debe suspender si no existe real compromiso de parte de ese grupo ilegal.

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) August 11, 2024

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación rechazó los hechos «que atentan contra los derechos humanos» y demandó la libración de los 60 los uniformados que continúan en cautiverio «sin que hasta el momento se conozcan decisiones o pronunciamientos frente a su liberación por parte de las personas que los tienen en su poder».

La Procuraduría «hace un contundente llamado al Gobierno nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior, para que implemente a cabalidad los mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación establecidos en los decretos de cese al fuego con los grupos armados ilegales con presencia en el territorio, que permitan la prevención de incidentes, garanticen el ejercicio de derechos ciudadanos de sus pobladores y eviten posibles infracciones al DIH».

Además, expresa su preocupación por el uso de vías de hecho por parte de las comunidades en esa zona del país, y hace un llamado para que se respete la vida e integridad de estas personas y no se pierda de vista el apego a los mecanismos legales vigentes para denunciar y requerir la atención de las instituciones del Gobierno nacional, departamental y municipal para que conozcan, acompañen e intervengan en los eventos y situaciones que afecten el goce efectivo de sus derechos.

Finalmente, la Procuraduría señala que continuará monitoreando la situación de derechos humanos que se presenta en este territorio, vigilando la respuesta efectiva y oportuna de las autoridades en su deber de protección y garantía de derechos de los ciudadanos.?