–(Foto DDP).La Defensoría del Pueblo hizo este martes un llamado urgente para que sean respetados los derechos fundamentales de más de 45 mil habitantes (la gobernadora dijo la víspera que son 50 mil) que están confinados en las cabeceras municipales y sus zonas rurales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan, por obra y gracia del paro armado indefinido declarado por el grupo terrorista Eln en la subregión del San Juan, en el departamento del Chocó.

Son un total de 85 comunidades afro e indígenas, las que están en situación de confinamiento; 7 mil 500 de ellas están con doble afectación por la agudización del conflicto armado y factores ambientales o efectos asociados al cambio climático, lo que deriva en una situación de emergencia humanitaria, según la Defensoría.

La entidad indicó que además del paro armado, la confrontación y disputa territorial del grupo ilegal con las llamadas autodefensas gaitanistas del clan del golfo agrava lo que está ocurriendo con las familias asentadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón y en inmediaciones de la carretera Nóvita-Torrá.

Añadió que el anuncio del paro afecta también a las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia (Medio San Juan), Unión Chocó-San Cristóbal, Puadó-Mataré-La Lerma (Istmina), Docordó-Balsalito, Santa María de Pangala, Río Taparal, Tiosidilio, Togoroma, Buena Vista, Río Pichimá, Chagpien, Chagpien Tordó, al igual que a los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman.

La Defensoría del Pueblo advierte que los hechos ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos, toda vez que las personas están siendo expuestas a reiterados eventos de confinamiento, restricción a la movilidad, accidentes con minas antipersonal o artefactos explosivos y desplazamiento forzado.

Igualmente señala que agrava el lamentable panorama la limitación en el acceso a servicios esenciales como alimentación, salud y educación, y aún más por las afectaciones ambientales relacionadas con el desbordamiento e inundación del río San Juan.

En consecuencia, puntualiza, es necesario que las instituciones estatales, de manera coordinada, adelanten acciones urgentes de prevención y protección, todas orientadas a la garantía de los derechos fundamentales de la población civil en situación de riesgo o afectada.

Adicionalmente precisa que es oportuno que atiendan las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo en sus Alertas Tempranas emitidas para la subregión del San Juan: la 020 del 2021, 025 del 2021, 027 del 2021 y 012 del 2022, actualizadas con Informes de Seguimiento, máxime que durante el 2023 hubo seis paros armados en el departamento, más dos que ya son registrados en este 2024.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo señala que viene realizando acompañamiento a las comunidades étnicas y seguimiento a la situación humanitaria a través de los profesionales en terreno de su Regional Chocó. De igual forma y en prevención temprana, desde julio pasado realizó requerimientos a entidades competentes, en los que solicitó la implementación inmediata de medidas perentorias de prevención y protección.