–El expresidente y director del Partido Liberal César Gaviria Trujillo envió una extensa carta a la Corte Suprema de Justicia en la cual, sin formular ninguna petición, cuestiona duramente al presidente Gustavo Petro por sus “tendencias autoritarias” y desconocer las decisiones de la Corte Constitucional y del mismo Congreso de la República.

“Cada vez que la Corte emite un fallo contrario a sus ideas, el presidente Petro el expresa y acusa que le dieron un “golpe blando””, precisa el exmandatario liberal en su misiva dirigida al presidente de la Corte Gerson Chaverra Castro.

Estos son los términos de la carta:

“He constatado con enorme preocupación que, a lo largo de estos dos años, el gobierno del presidente Petro ha incrementado sus posturas contrarias a la Constitución y al debido respeto a las instituciones democráticas. He expresado mi desacuerdo con las tendencias autoritarias que el presidente Petro. El gobierno ha desconocido los fallos de la Corte Constitucional y las decisiones ya aprobadas por comisiones Constitucionales del Congreso.

En el caso de lo que se ha llamado la reforma a la salud, ni siquiera el propio ministro de Salud ha respetado la decisión tomada por la Comisión Séptima del Senado, que busca garantizar la continuidad y validez del derecho a la salud, para que tal disposición se pueda aplicar, debe pasar por las Comisiones Primeras de Senado y Cámara. Esto es un requisito establecido por la Corte Constitucional, que ha reiterado que el ejercicio de cualquier derecho consagrado en la Constitución debe estar reglamentado por una ley estatutaria que determine cómo se ejerce dicho derecho.

Hasta ahora, las decisiones tomadas por la Corte Constitucional han cumplido con este requisito. Esta es la primera vez que se desarrolla un derecho de orden social, y no individual, lo cual constituye un precedente importante para el desarrollo de otros artículos sociales que forman parte de la Constitución de 1991 y representan un objetivo de máxima importancia.

Este proceder atenta gravemente contra la separación de poderes y el respeto a los órganos autónomos cuya independencia es garantizada por la Constitución. En esta ocasión, me refiero específicamente a la práctica reiterada de este gobierno de incumplir claras reglas constitucionales, así como las providencias de la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional tiene la función de salvaguardar la supremacía e integridad de la Constitución. Los demás poderes públicos, en especial el Ejecutivo, deben no solo respetar, sino también cumplir sus fallos. Sin embargo, el actual gobierno nacional ha cumplido las decisiones de la Corte Constitucional de manera parcial.

El ministro de Hacienda ya informó que no pagará las deudas del 2022, y el gobierno tampoco parece dispuesto a acatar las decisiones tomadas por las comisiones Constitucionales del Congreso. En el caso de la salud, las decisiones de la Comisión Séptima del Senado disponen conservar lo que resta del actual sistema.

La Corte ha declarado inexequibles distintas iniciativas del gobierno, este es un hecho absolutamente normal en un Estado de derecho y ha ocurrido con importantes medidas desde 1991, durante distintas administraciones, incluida la mía. Es más, se puede afirmar que el principal desarrollo de la Constitución se debe a los fallos de esa Corte, y no a las iniciativas de los gobiernos o de los congresistas.

Sin embargo, ante varias decisiones judiciales, la reacción del Gobierno Petro ha sido incumplir las sentencias y atacar a la Corte Constitucional. Cada vez que la Corte emite un fallo contrario a sus ideas, el presidente Petro el expresa y acusa que le dieron un “golpe blando”. En realidad, cada vez que desacata una sentencia judicial, él es quien da un golpe blando a la Constitución, al Estado de derecho y a nuestras instituciones democráticas. Por ejemplo, ha afirmado que la Corte “regala impuestos” a las empresas y ha amenazado con reducir el presupuesto de la Rama Judicial en represalia por fallos que no le son favorables. Estas acciones son, en realidad, los verdaderos “golpes blandos” contra la Constitución.

Además, es contrario a la Constitución y a la jurisprudencia constitucional que el Gobierno pretenda ejecutar un presupuesto diferente al aprobado por el Congreso, al anunciar que tomará los recursos que aún no se han ejecutado, aunque las entidades territoriales y del gobierno nacional ya los tengan comprometidos para vigencias futuras. El presupuesto que obliga al Gobierno es el aprobado por el Congreso de la República, como recientemente lo ha señalado el Contralor General. Cualquier modificación al presupuesto debe hacerse siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución.

Las posiciones del gobierno, van en contravía de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se han materializado de dos maneras: en el desconocimiento de los fallos y en el incumplimiento de órdenes específicas. En primer lugar, en las discusiones sobre la reforma a la salud y las acciones que debe implementar el gobierno para asegurar la sostenibilidad del sistema, se han desatendido y distorsionado las sentencias de la Corte. El Gobierno ha sostenido que la participación de particulares en el sistema de salud es incompatible con el carácter fundamental de dicho derecho, una tesis que nunca ha sido sostenida por la Corte y que, de hecho, no podría serlo, ya que el artículo 49 de la Constitución contempla expresamente la participación de entidades privadas en la prestación de servicios de salud.

La Corte Constitucional estableció que las EPS tienen derecho a obtener beneficios, y ordenó al Gobierno que pagara, dentro de los siguientes 45 días, las deudas acumuladas en los últimos tres años. En esa misma sentencia, la Corte también subrayó la necesidad de ajustar el valor de las unidades de capitación, debido al incremento sustancial de los costos en salud desde la pandemia de COVID-19 y la evolución de enfermedades que han presentado características cambiantes en diferentes países y continentes. Este fenómeno ha sido difícil de controlar, no solo en Colombia, sino también en países con sistemas de salud más robustos, como Estados Unidos.

La propuesta del Gobierno de estatizar el servicio de salud y acabar con las EPS fue derrotada en el fallo de la Corte Constitucional. Sin embargo, en lugar de acatar y respetar esta decisión democrática, el Gobierno optó por propiciar deliberadamente el colapso anunciado desde los inicios de su administración por la exministra de Salud. Ante la imposibilidad de estatizar la salud mediante una ley de la República. Desde 2023, no se ha actualizado correctamente la Unidad de Pago por Capitación ni se han desembolsado los recursos correspondientes a los Presupuestos Máximos, lo que ha llevado a una progresiva desaparición de las EPS. Esto no solo constituye una violación de la garantía del derecho a la salud, sino que también afecta la sostenibilidad del sistema. Además, el Gobierno ha intervenido arbitrariamente las EPS por no cumplir con los índices de solvencia financiera, una situación que, en muchos casos, ha sido provocada por el incumplimiento de las obligaciones financieras del Estado.

Durante este proceso, se llevaron a cabo reuniones con participación de buena parte de los miembros del Pacto Histórico, así como de los partidos Liberal, Conservador y de la U. Estas reuniones surgieron después de que los partidos propusieran fórmulas para resolver los problemas generados desde la implementación de la Ley 100 de 1991, que creó el Sistema Nacional de Salud. En ese entonces, logramos limitar algunos abusos del sistema, como la norma que permitía a las EPS retener el 20% de los recursos que percibían sin regulación, lo que llevó a que algunas EPS invirtieran en equipos de fútbol, centros de entretenimiento y otras actividades ajenas a su objeto social. En otra decisión creo el modelo, conocido como régimen subsidiado, permitió la creación de varias instituciones por empresarios y dirigentes políticos poco involucrados en la atención de la salud, lo que provocó un deterioro progresivo del sistema y enormes pérdidas para sus propietarios y para los recursos públicos de los entes territoriales. Hoy, podemos decir que ese sistema ha sido un fracaso generalizado.

En el Auto 2882 del 20 de noviembre de 2023, la Corte declaró bajo el cumplimiento de la orden vigesimocuarta de la sentencia T-760 de 2008, y ordenó, entre otras cosas, desembolsar la totalidad de los recursos aprobados con ocasión del Acuerdo de Punto Final con las EPS. Sin embargo, hasta la fecha, dicha orden no ha sido cumplida.

Como lo denuncié en una carta dirigida a la Procuradora General de la Nación, el Gobierno ha ignorado su obligación constitucional y legal de financiar adecuadamente el aseguramiento en salud. Ha retrasado repetidamente el pago corriente de los Presupuestos Máximos a las EPS, acumulando entre tres y cuatro meses sin realizar los respectivos giros, lo que representa un déficit de casi un billón de pesos. Además, hasta el 29 de febrero de 2024, aún no se habían saldado las deudas correspondientes a los ajustes de 2022 y 2023, que ascienden a 820 mil y 900 mil millones de pesos, respectivamente. Gracias a la intervención de la Corte Constitucional, que ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social realizar estos pagos en un plazo de 45 días, como lo disponía la sentencia original, el sistema ha logrado evitar su colapso total ante esta situación injustificada e ilegal.

Para agravar el problema, el Gobierno tampoco está respondiendo adecuadamente a las necesidades de quienes requieren atención especial. El Ministro de Salud insiste en que esta es una obligación de las EPS, a pesar de que muchas de ellas han desaparecido o están siendo administradas por la Superintendencia de Salud, frecuentemente con personal no calificado.

Las regiones más atrasadas y marginadas del país tampoco no han recibido el tratamiento especial en términos de recursos públicos para asegurar que el sistema de salud llegue a estas zonas. En lugar de abordar el problema, el Gobierno ha mostrado. Su incapacidad para implementar los puestos de salud necesarios para que el sistema funcione correctamente. Además, la escasez de medicamentos, producto de la precipitada decisión de producirlos internamente, ha empeorado la situación, sin que hasta ahora se haya logrado dicho objetivo, el cual, en la mayoría de los casos, resulta inalcanzable. Como consecuencia, el país enfrenta una de las crisis sociales más graves de su historia republicana, con la posible muerte de miles de pacientes por falta de medicamentos para tratar enfermedades especiales.
Por otra parte, es imperioso rechazar de manera contundente las posturas de rebeldía de los ministros frente a la Corte Constitucional. Todos los que defendemos la Constitución y las instituciones democráticas estamos en la obligación de expresar públicamente nuestro desacuerdo con las decisiones y actitudes del gobierno nacional y sus altos funcionarios, que atentan contra la independencia de la administración de justicia y constituyen un irrespeto hacia las altas cortes, pilar esencial del Estado social y democrático de derecho.

En recientes denuncias, el congresista Andrés Forero ha revelado que el Ministerio de Hacienda no ha cumplido con el pago de los ajustes correspondientes a los presupuestos máximos del año 2022. A través de un derecho de petición, Forero obtuvo una respuesta del viceministro de Hacienda, quien confirmó que estos pagos no se han realizado y que no hay una fecha definida para su cumplimiento, a pesar de la orden de la Corte Constitucional. Esta situación es alarmante, ya que afecta directamente la financiación de servicios de salud esenciales que no están cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS), poniendo en riesgo la atención de miles de pacientes en Colombia.

El incumplimiento de estas obligaciones no solo representa un desacato a la orden judicial, sino que también pone en evidencia la falta de previsión y planeación por parte del Gobierno. Es imperativo que se tomen medidas urgentes para garantizar el pago de estos presupuestos y asegurar la continuidad de los servicios de salud en el país. La vida de miles de colombianos depende de ello.

Por último, en respuesta al reciente informe de la Contraloría General de la República, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) ha emitido un comunicado expresando su desacuerdo con los hallazgos presentados. Según Acemi, los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) fueron utilizados de manera adecuada para financiar completamente el aseguramiento y la atención durante la pandemia en el año 2020. En total, se destinaron 10,5 billones de pesos para cubrir los costos asociados a la atención de pacientes con COVID-19, incluyendo hospitalizaciones, pruebas diagnósticas y tratamientos.

Acemi, junto con la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar y las cámaras de salud de la ANDI, han subrayado que la UPC puede ser utilizada para la constitución de reservas técnicas. Estas reservas, al ser liberadas, se destinan al pago de servicios incurridos en el pasado, así como a la cobertura de servicios y tecnologías del año en curso y de años anteriores. Por ejemplo, en 2020, se utilizaron 2,3 billones de pesos de estas reservas para cubrir deudas acumuladas de años anteriores. Esta flexibilidad es esencial en un sistema de aseguramiento, especialmente en un contexto de insuficiencia de recursos y de información rezagada.

El gremio de las EPS ha hecho un llamado respetuoso a la Contraloría para que revise y aclare su postura, ya que la aplicación estricta del principio de anualidad presupuestal podría afectar gravemente el flujo de recursos y el pago de deudas en el sistema de salud. Según Acemi, la falta de flexibilidad en el uso de los recursos podría poner en riesgo la atención de más de 23 millones de afiliados al sistema de salud. El Ministro insiste en que el nuevo proyecto ya está concertado, lo cual es carente de verdad, como tampoco ha construido los puestos de salud sin los cuales es imposible que el sistema concebido por el gobierno opere.

La palabra sobre la importancia de alcanzar consensos, son borrados por mensajes pugnaces. Hay que decirlo de manera vehemente: cualquier acuerdo político debe suponer el acatamiento a todas la sentencias judiciales y el respeto por el pluralismo democrático. Otra cosa bien diferente es concurrir en asuntos donde pueda haber un interés común, pero para que haya posibilidad de acuerdo político la premisa es el cumplimiento de las providencias judiciales y la pluralidad de ideas que enriquece el debate democrático.
Cordialmente,

(Firmado)

CESAR GAVIRIA TRUJILLO
Expresidente de Colombia
Director del Partido Liberal Colombiano