–En su ‘VI Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera’, divulgado este martes, la Defensoría del Defensor advierte un panorama preocupante sobre las obligaciones del Estado frente al cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado hace más de 7 con las extintas Farc, subrayando que la violencia persiste y los grupos armados ilegales han ampliado su control en los territorios.

Se requiere el robustecimiento de la arquitectura institucional, con una cabeza autónoma que lidere y emita directrices y líneas de política pública; así mismo, es necesario actualizar y mantener actualizado el estado del avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI); igualmente, registrar periódicamente la información presupuestal mediante el trazador previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, precisa el informe presentado por el Defensor Julio Balanta Mina.

En lo que tiene que ver con tierras, subsiste la falta de claridad en las cifras, pues hay una enorme disparidad en la información que se entrega sobre un mismo punto y no se avanza en la caracterización de los predios para facilitar su adjudicación. De 21.132 predios ingresados, solamente el 37.84% ha sido adjudicado. De más de 1500 predios ofertados por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), tan solo han sido adquiridos 26.

Adicionalmente, la ruta étnica en materia de restitución de tierras no presenta mayores avances. En la ruta individual, 2730 solicitudes inscritas en diferentes vigencias aún no cuentan con demanda, y hay 16.995 solicitudes pendientes de microfocalización, en las que el 80% corresponde a adultos mayores, quienes esperan la aplicación del Decreto 1623 de 2023, el cual facilita la continuidad del trámite.

Al primero de enero del 2024 fue reportado el 12,40% del área geográfica del país con información actualizada con catastro multipropósito. En términos reales, el avance durante la vigencia 2022-2024 es de tan solo el 3%. En lo que refiere al Plan de Zonificación, presenta un avance del 6.35%, siendo el más bajo en comparación con los otros 15 planes.

En materia de PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), el avance durante el periodo analizado (con corte al 31 de abril del 2024) es del 1% en comparación con lo reportado por la Defensoría en su informe anterior, en el que se indica un porcentaje de avance del 44% (15.545 iniciativas de las 33.007 pactadas en los patrones establecidos).

Otro aspecto que preocupa a la Defensoría está relacionado con la violencia, lamentablemente persisten los escenarios de riesgo para el ejercicio de su labor de lideresas, líderes y personas defensoras de derechos humanos: hay un registro de 57 casos de homicidios entre enero y abril del 2024.

Balanta Mina señaló que si no hay seguridad en los territorios rurales del país, no puede haber reforma agraria, tampoco sustitución de cultivos ilícitos por economías lícitas, ni restitución de tierras, ni retorno de la población desplazada.

La seguridad territorial es un tema en el que la Defensoría del Pueblo ha insistido y seguirá insistiendo. Con las Alertas Tempranas emitidas ha advertido de qué manera los grupos armados no estatales están copando zonas rurales y ejerciendo el control en los territorios.

Para que el campesino, el indígena, el afrodescendiente o cualquier colombiano pueda explotar la tierra entregada o retornada o desarrollar un proyecto productivo lícito, es necesario que las condiciones de seguridad se lo permitan, y en ese sentido las entidades gubernamentales deben garantizarlas.

La Defensoría insiste, a través del Informe, en la necesaria articulación interinstitucional. Las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz deben ir más allá de las buenas intenciones, en sus agendas deben estar las acciones y actividades que apunten a cumplir los compromisos establecidos. Es propicio ponerse de acuerdo para garantizar un desarrollo rural que le permita condiciones de vida dignas al campesinado.

La reforma agraria, por ejemplo, debe vincular a todos los actores, porque no se trata solamente de entregar tierra a quien no la posee, implica el ordenamiento social de la propiedad, la formalización, la decisión de procesos administrativos represados, la aplicación de la Sentencia SU-288 para la recuperación de baldíos, el respeto de derechos adquiridos de buena fe. Adicionalmente, la participación de la producción agrícola, el acceso al uso adecuado del agua, la atención de la población en zonas protegidas, entre otros. Para que todo sea posible, se requiere un trabajo conjunto.

El documento añade que el uso de recursos públicos también debe estar en sintonía con el trabajo articulado. Los programas que incentivan o fortalecen las economías lícitas deben corresponder a políticas públicas y no a decisiones coyunturales. No son medidas ‘asistencialistas’ las que se deben implementar, son políticas públicas orientadas a garantizar proyectos productivos sostenibles, tierras aptas para producir y explotar y seguridad jurídica en los derechos adquiridos.

Para permitir que la sociedad y las comunidades nacional e internacional dimensionen el nivel de compromiso y avance en el cumplimiento de las metas, se requieren cifras claras y verificables. Ello genera confianza y permite el control social. Se requiere, por lo tanto, la actualización urgente de indicadores y el compromiso de seguir alimentándolos oportunamente.

El tiempo de ajuste institucional a mitad de camino del Gobierno supone grandes esfuerzos que deben verse reflejados en indicadores y anuncios importantes en materia de entrega de tierras, compra y formalización. Aspectos como el catastro multipropósito exigen medidas urgentes, ya que a la fecha las cifras de avance distan de lo esperado y prometido.

No obstante, el seguimiento de la Defensoría, sustentado en sus seis informes, ha permitido evidenciar el esfuerzo de la Agencia para la Renovación del Territorio con las alcaldías de los municipios PDET, el plan de mejora de la Unidad de Restitución de Tierras y la gestión del fondo de esa entidad para garantizar retornos en condiciones dignas y facilitar el cumplimiento de las órdenes judiciales y la atención a los reincorporados. A ello se suma el avance del Gobierno Nacional en la consolidación de la Jurisdicción Agraria.