–El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), emitió un comunicado este jueves en el cual refuta el informe que publicó el pasado martes la Contraloria General de la República que publicó el pasado martes y en el que dio cuenta de una baja ejecución presupuestal y reportó hallazgos fiscales por 15 mil millones de pesos.

En su informe, el organismo de control fiscal hizo, entre otras, las siguientes precisiones:

-Dentro de los hallazgos se encuentra que la pérdida de apropiación en la vigencia 2023 ascendió a $111.643 millones, sin que el ICBF hubiera atendido las propuestas del Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal.
-La ejecución más baja se identificó en los programas de contribución al desarrollo integral de niñas y niños entre 6-13 años, en el marco del reconocimiento, garantía de sus derechos y construcción de proyectos de vida a nivel nacional.
-Se identifican debilidades en el proceso de planeación presupuestal en cuanto a los recursos programados para la vigencia 2023.
-También se evidenciaron deficiencias de supervisión relacionadas con pago de raciones familiares para preparar no entregadas y compras no autorizadas.

-Igualmente se encontraron inmuebles en estado de abandono que no cumplieron con el objeto del contrato.

Al respecto, el ICBF afirma que en el año 2023 se realizó la ejecución presupuestal más alta de los últimos cuatro años, equivalente a un compromiso del 98.77%. Y sobre los hallazgos fiscales, señala que en su mayoría responden a las denuncias emitidas por el mismo ICBF a la Fiscalía sobre algunos contratos identificados en la regional Nariño, dichos contratos fueron oportunamente denunciados. Y puntualiza que estos hallazgos suman los $15.500 millones.

Estos son las precisiones que hace el ICBF en la respuesta a la Contraloría:

El año 2023 representó la ejecución presupuestal más alta del ICBF en los últimos cuatro años, equivalente a un compromiso del 98.77% de lo apropiado para la vigencia, incluyendo los valores correspondientes a cuentas por pagar y reservas necesarias para garantizar la continuidad de la atención de servicios de protección para el cierre del año 2023 y comienzo del 2024. Al cierre de la vigencia se comprometió un total de $8.96 billones de pesos, de $9,07 billones asignados, que permitieron garantizar los derechos de más de 2.5 millones de niños, niñas, adolescentes y sus familias.

El 1,23 % que no fue posible comprometer, corresponde principalmente a conceptos de gasto con inflexibilidades técnicas o normativas que limitaron la posibilidad de su uso, tales como:

a). Recursos inexistentes por falta de reglamentación del Fondo de Explotación Sexual Comercial de Niños y Niñas(ESCNNA), los cuales fueron estimados, pero no recaudados en la vigencia, es decir, no estuvieron disponibles dentro del presupuesto.

b). Presupuesto de funcionamiento orientado a gastos de personal cuya ejecución está supeditada a la provisión de empleos en la planta de personal del instituto que, en su dinámica, corresponde a los nombramientos ordenados en carrera administrativa por la CNSC; igualmente sucede, con la reserva prevista para el mejoramiento de dos grados salariales del personal, que no pudo ser ejecutada en el último trimestre de 2023, en tanto la expedición de la reglamentación requerida estableció su inicio a partir del 1 de enero de 2024 ; y otro tanto corresponde a ahorros en el proceso de adquisición de equipos de cómputo.

c.) Recursos condicionados a un Crédito de la Nación con el BID con destinación específica.

El saldo sin comprometer fue 53% menor que el de la vigencia de 2022, pasando de $239 mil millones a $111.642 millones, y tal como lo verificó el equipo auditor el Bienestar Familiar solicitó al Ministerio de Hacienda la reducción presupuestal en aquellos rubros que no podían ser ejecutados.

En relación con los recursos destinados a la atención de niños y niñas de 6 a 18 años es importante precisar que la ejecución presupuestal a nivel de compromisos alcanzó un porcentaje del 95%, quedando por ejecutar solo recursos asociados al Fondo ESCNNA ya mencionado.

Los hallazgos en las diferentes regionales, en su mayoría responden a las denuncias emitidas por el ICBF a la Fiscalía sobre algunos contratos identificados en la regional Nariño, dichos contratos fueron oportunamente denunciados y estos hallazgos suman los $15.500 millones.

En relación con los contratos de obra suscritos en vigencias previas a esta administración y que ejecuta Findeter, se resalta que el ICBF declaró el incumplimiento de los mismos y dio inició al proceso sancionatorio con el cobro de una multa por valor de $400.258.493. A la fecha, se adelantan las gestiones para la recuperación y puesta en funcionamiento de los espacios, cuyas obras fueron contratadas en 2016, y que desde entonces presentan incumplimientos.

Bienestar Familiar permanece con las puertas abiertas a los entes de control, y en desarrollo del principio de colaboración armónica, los invita a continuar dando curso a las denuncias instauradas en el gobierno del cambio.

Asimismo, reitera la solicitud hecha a todos los equipos de ordenación de gasto público de niñez, para que mantengan su disposición de atender cualquier requerimiento.