–La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que se promueva un incidente de incumplimiento y la nulidad de lo actuado en el caso del excongresista Luis Fernando Almario Rojas, por no haber cumplido con el régimen de condicionalidad previsto para quienes se acogen a este sistema judicial.

La Sala de Reconocimiento de la JEP aceptó, el 24 de julio de 2020, el sometimiento de Almario Rojas, exrepresentante a la Cámara por el departamento de Caquetá, como agente de Estado no miembro de la fuerza pública, procesado por sus presuntos vínculos con las extintas Farc y por su presunta participación en el asesinato, a manos de la columna móvil Teófilo Forero, del excongresista Diego Turbay Cote (presidente de la Comisión de Paz cuando ocurrieron los hechos); su madre, Inés Cote de Turbay, y de Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos, en hechos ocurridos en el 29 de diciembre del año 2000.

La Procuraduría pide abrir el incidente de incumplimiento y la nulidad de lo actuado, porque se vulneró el factor de competencia en razón a que se envió el asunto al trámite acusatorio sin cumplir con lo previsto por ley, ya que no existió un Auto de Determinación.

También se vulneró el principio de integralidad del sometimiento al generarse una situación anómala, pues Almario también enfrenta un trámite ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en el que no ha cumplido con los requerimientos exigidos, por el régimen de condicionalidad.

Acosta añadió que Almario reiteró todo el tiempo haber sido ajeno a la guerra y a los crímenes atribuidos, luego esta incapacidad de satisfacer los mínimos de verdad propios del régimen de condicionalidad daba lugar al inicio de un incidente de incumplimiento de dicho régimen, previo al juicio, que no se valoró.

Para el Ministerio Público, esta solicitud de nulidad busca controlar la legalidad de la actuación judicial y garantizar a los sujetos procesales el derecho fundamental al debido proceso.

Tal como lo había señalado la Procuraduría en 2023, dadas las manifestaciones que indicaban la falta de compromiso del excongresista Almario Rojas con el Sistema Integral para Paz, no se advirtió por parte de la delegada una solución distinta que la de excluir su caso de la competencia de la JEP.

Finalmente, la Procuraduría solicitó a la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz que se disponga la práctica de 11 pruebas adicionales en el caso.