–En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la defensora del Pueblo, Iris Marín alertó sobre la creciente violencia contra la mujer en Colombia, tras reseñar que entre los meses de mayo de 2023 y 2024, se registraron en el país 630 feminicidios y se contabilizaron 149 mil 017 denuncias por violencia intrafamiliar.

“Una de las crisis más graves de derechos humanos es la violencia y discriminación contra las mujeres, no solo en nuestro país, también en el mundo. Nunca la vemos como una crisis de derechos humanos”, precisó la primera mujer en ocupar el cargo de Defensora del Pueblo.

“La violencia institucional es la cómplice de la violencia contra las mujeres. Lo más grave no es que en las calles y hogares haya violencia contra las mujeres, sino que las autoridades del Estado no la vean con la suficiente gravedad y no tengan la formación para enfrentar estos casos y protegerlas a ellas y todas aquellas personas que sufren la violencia de género”, manifestó en rueda de prensa Iris Marín, advirtiendo que para enfrentar esta grave situación se deben fortalecer los programas de protección para las mujeres, así como el acceso a la justicia.

Expuso que según el Instituto Nacional de Salud (INS), durante el 2024, con corte al 31 de agosto, fueron reportados 106.601 casos de violencias de género física y sexual, negligencia y abandono psicológico; el 76% de los reportados fue contra mujeres, es decir, 80.934 casos.

Iris Marín habló de manera particular sobre la violencia ejercida contra lideresas sociales y niñas y adolescentes, así como de la grave situación de suicidios de menores de edad y jóvenes entre los 20 y 29 años.

Al efecto detalló que el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó 1462 suicidios entre el 2019 y el 2023; el 53% de ellos fue de niños y adolescentes y la mayoría de los suicidios se presentó en menores de 14 a 17 años.

“Este no es más que el síntoma de nuestra incapacidad como Estado de darles un entorno protector a los niños, las niñas y las jóvenes, y un buen futuro. Tener esperanza en que pueden vivir y que la sociedad los va a acoger”, enfatizó Marín Ortiz.

La Defensora afirmó que en la agenda de la entidad, que no le pertenece a ningún sector en particular, sino al pueblo, estará la protección de los derechos de las mujeres y niñas, niños y adolescentes, pero también el fortalecimiento de las políticas de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado y de la violencia, inclusive la ejercida por el Estado. Así mismo, el acompañamiento a comunidades afectadas por el cambio climático, y contribuir a superar la crisis carcelaria y penitenciaría. Otro de los temas claves será el seguimiento a las negociaciones de paz con grupos armados ilegales.

La Defensora del Pueblo anunció que le va a pedir al Gobierno Nacional que “nos permita, no la participación como negociadores, sino en un rol humanitario en el que toda esta información del Sistema de Alertas Tempranas y otra información que pueda tener la Defensoría del Pueblo sea útil para que se puedan tomar las mejores decisiones en favor de la protección civil”.

Iris Marín explicó que la Defensoría pedirá que la participación se dé “como delegados humanitarios que brinden información y acompañen para la firma de acuerdos humanitarios, compromisos humanitarios o alivios para la población, sin integrar ninguna de las dos partes de las mesas, sino simplemente con nuestro chaleco humanitario y con la información”.

También hizo un fuerte llamado a quienes son desertores del proceso de paz: “Quienes vuelven a las armas después de haber firmado el Acuerdo de Paz se enfrentan a la pérdida de todos los beneficios. Entonces mi llamado es a que el Gobierno tenga en cuenta que estas personas deben asumir las consecuencias por haber desertado e incumplido el Acuerdo”.

Subrayó que se deben brindar condiciones de seguridad a quienes le apostaron a dejar las armas, pues, advirtió, desde que se firmó el Acuerdo han sido asesinados 430 firmantes. Y le pidió al Estado fortalecer y, en algunos lugares, recuperar su gobernanza integral, basada no solo en la acción de la fuerza pública, sino en la justicia y el Estado de derecho, una gobernanza integral civil y social del territorio.

Así mismo, le solicitó al Gobierno Nacional enfrentar las causas profundas del dominio territorial que alcanzan los grupos armados no estatales, no solo los que mantienen agendas políticas, sino también los que dependen de las economías ilegales.