–Al comenzar en firme la intervención, con la toma de posesión de la empresa a Air-e, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, este jueves a Barranquilla, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, urgió a los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, así como a la CREG y a la misma Super Servicios, a adoptar medidas para evitar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía y el efecto de propagación en todo el sistema con las incalculables perdidas para la economía nacional.

«El pasado 2 de septiembre advertimos que 10 millones de personas podrían quedar sin el servicio de energía en diferentes regiones del país. Hoy la Contraloría General de la República reitera su preocupación ante la gravedad de la situación que se sigue evidenciando en la prestación de este servicio público», señaló Rodríguez Becerra.

Subrayó que reiteró la alerta considerando los diferentes estudios y análisis realizados por este ente de control y lo que expresan distintas empresas prestadoras de servicios, que han tenido dificultades para que se les gire lo que corresponde a la opción tarifaria y subsidios por parte del Estado y al pago de facturas por parte de algunas entidades estatales que les adeudan una cartera considerable.

El contralor señaló que como lo ha venido advirtiendo, «si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los usuarios, el desarrollo económico del país, en especial en toda la Costa Caribe y por ende, los ingresos al presupuesto nacional derivados de diferentes conceptos».

Enfatizó que «la situación es grave y no vemos medidas concretas, oportunas y efectivas para solventar lo descrito, tan es así que hoy AIRE, empresa que presta el servicio de energía en una parte importante de la Costa Atlántica, está en proceso de intervención, lo que se puede presentar en otras empresas como el caso de AFINIA, que tiene un número de usuarios significativo en la Costa Atlántica, y que al perjudicarse financieramente, afectaría además a otras empresas como EPM y las finanzas del Municipio de Medellín y el Departamento de Antioquia».

?En #Barranquilla, bajo el liderazgo del superintendente Dagoberto Quiroga Collazos (@dquirogac) se realizó el procedimiento de toma de posesión de la empresa @Aire_Energia que presta el servicio público de energía a los habitantes de los departamentos de #Atlántico, #Magdalena… pic.twitter.com/spNjvJVakL

— Superservicios (@Superservicios) September 12, 2024

Consideró importante tener presente que una intervención implica «no solo el conocimiento técnico, financiero de la operación sino disponer de recursos del presupuesto nacional» y puntualizó:

«Una nueva intervención a otra empresa le podría costar al gobierno nacional $4 billones al año, que corresponde al déficit de operación por ejemplo de las dos compañías AIRE y AFINIA, para solventar no solo su operación sino también las inversiones y garantizar la atención de la demanda con los niveles de calidad y confiabilidad necesarios».

El Contralor indicó que por los anuncios que se han visto en los últimos días, «la Nación no cuenta con los recursos necesarios, prueba de ello es el atraso en el giro de los subsidios y el no cumplimiento de su compromiso de asumir la deuda de los usuarios de energía eléctrica a través de la opción tarifaria, lo cual requiere que se tomen medidas para garantizar la prestación del servicio público que, en últimas, corresponde a una de las finalidades de nuestro Estado».

Y complementó: «El acceso a los servicios públicos es uno de los indicadores de desarrollo, de equidad y de disminución de pobreza, luego se debe actuar para garantizar la prestación del servicio a los usuarios y dar garantías a los operadores y prestadores».

Además advirtió que la posible intervención de las compañías puede darse no solo en la Región Caribe, sino a nivel nacional «y comprende, además un riesgo para otros servicios como el de gas, que en el caso de la Costa Caribe afectaría a más de 10 millones de habitantes, con el riesgo sistémico que esto comporta».

Dijo que el no pago oportuno a los prestadores del servicio, desincentiva la prestación del servicio de energía, así como en lo que compete al Caribe Colombiano, pone en riesgo importantes avances en lo que corresponde a la calidad del servicio de energía y cobertura como ya lo había manifestado la Contraloría General de la República en recientes y anteriores pronunciamientos y estudios sectoriales.

Finalmente, el Contralor Rodríguez Becerra reiteró «el llamado urgente a los ministerios, superintendencias involucradas y al gobierno nacional, como garante de satisfacer las necesidades más esenciales de la población y propender por el bienestar general, para que se adopten las medidas que el marco regulatorio dispone, en orden a prevenir y solventar las afectaciones en la prestación del servicio público y evitar el riesgo sistémico que se cierne sobre el sistema a nivel nacional».

La víspera, el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) realizó la toma de posesión de la empresa Air-e S.A.S. Empresa de Servicios Públicos (E.S.P) al determinar que no tiene la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para garantizar la debida calidad, cobertura y continuidad del servicio público de energía eléctrica en los departamentos del Atlántico, La Guajira y Magdalena.

En el cumplimiento de su función de inspección, vigilancia y control, la acción se llevó a cabo en la sede central de la compañía y paralelamente en las oficinas de los departamentos en mención. En cabeza del superintendente, Dagoberto Quiroga Collazos, la transición se empezó a dar de manera respetuosa y concertada.

“Nuestro objetivo es recuperar la empresa, resolver los problemas financieros que tiene y satisfacer las necesidades de los usuarios, ese es nuestro objetivo fundamental”, expresó el superintendente.

Agregó que este compromiso no es sólo de la entidad sino de todo el Sector de Energía. “Es un compromiso de las generadoras, de la sociedad y del sector privado, el comprometernos a darle una solución estructural a la crisis energética que atraviesa la costa Caribe y que viene de años atrás, que culminó en la liquidación de Electricaribe y en la creación de Air-e y Afinia”, expresó el alto funcionario.

Sobre la baja en las tarifas de energía, Quiroga Collazos explicó que esto obedece a una estructura regulatoria, en donde la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ya viene dando los lineamientos con la expedición de nuevas resoluciones que han sido aprobadas para impactar el modelo de la bolsa, poniendo precios techo a la venta del kilovatio y el componente de transmisión. “En el componente tarifario hay una serie de factores que inciden, el clima, por ejemplo, no ha ayudado, pero pronto vamos a tener resultados concretos. En muy corto plazo podremos dar buenas noticias en este sentido”, explicó.

La Superintendencia verificará la situación, operativa, financiera, comercial y la información clave de la compañía, en un inventario que permitirá hacer análisis sobre cómo recibe la empresa y si corresponden a los datos reportados al Sistema Único de Información (SUI). “Con este diagnóstico haremos un plan de acción de corto plazo, un plan de choque, para que los ciudadanos empiecen a ver los resultados de esta intervención, que nos permita responder y avanzar como lo esperan los habitantes del Caribe”, agregó el superintendente Quiroga.

Finalmente, explicó que se ha establecido un plazo de un año para la intervención y se instalará un consejo consultivo de expertos. “No queremos otro Electricaribe, aspiramos a no volver a cometer los mismos errores y estudiar las soluciones con mucho juicio y rigor. Vamos a hacer un cambio estructural para resolver la crisis energética del Caribe”, puntualizó.

Inmediatamente, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, le dio posesión como Agente Interventor de Air-e al ingeniero eléctrico, Carlos Arturo Diago Abello. Estará al frente de la empresa prestadora de energía para los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Diago Abello cuenta con cuarenta y cinco años (45) de experiencia en el sector eléctrico en temas de servicios públicos domiciliarios, gerencia y evaluación de proyectos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, regulación energética, economía energética, energías renovables y análisis de sistemas eléctricos, entre otros.

El nuevo Agente Interventor de Aire es especialista en Servicios Públicos Domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con otros estudios relacionados del sector.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, declaró a través de su cuenta en X que recibía con optimismo la llegada de Carlos Diago como interventor de Aire-Energia, junto a la Superservicios.

«Como ingeniero eléctrico cuenta con el perfil profesional para atender la situacion y como barranquillero ha sido un doliente más de toda esta crisis tarifaria. Él sabe más que nadie que lo que padecen las familias de la costa caribe con este tema, no lo padecen en ningún otro lugar del país», añadió el mandatario de la capital del Atlántico.

«Por eso su experiencia será clave para resolver esta compleja situación, que hoy representa el peor servicio y el más costoso para nuestra gente», puntualizó.

Finalmente indicó que desde la alcaldía de Barranquilla estaba listo «para apoyar y trabajar juntos, uniendo fuerzas para superar esta difícil situación».

«Esto solo será posible mediante una regulación estructural del sistema que incluya: un efectivo control en los precios de los generadores de energía, un mínimo vital para nuestros usuarios más necesitados y un aumento en el consumo de subsistencia», concluyó.