–Por hechos relacionados con la Comuna 13, en el marco del Caso 08, que investiga crímenes de la fuerza pública cometidos en asocio con paramilitares durante el conflicto, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, llamó a versión en Medellín a los generales (r) Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón,.

La Sala de Reconocimiento citó al general Montoya puesto que fungió como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército entre 2001 y 2006; y al general Gallego Castrillón puesto que fue comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL), entre 2000 y 2003.

La investigación indica que, durante esos periodos, se habrían cometido crímenes por parte de miembros de unidades adscritas tanto a la Cuarta Brigada como a la MEVAL, en el marco de varias operaciones realizadas por la fuerza pública en la Comuna 13 de Medellín, entre los años 2001 y 2003, entre esas la ‘Operación Orión’.

La fecha de la diligencia será anunciada mediante oficio. Ambos oficiales retirados son convocados a asistir presencialmente a la diligencia.

De otro lado, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció el inicio de juicio adversarial transicional contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía. Esta etapa procesal comenzó después de que el oficial no aceptó su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad y que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) lo acusara de cometer 35 hechos representativos, que resultaron en la victimización de 72 personas.

Durante la audiencia preparatoria del 16 de julio, la magistratura de la JEP anunció cuáles son las pruebas admitidas para el juicio oral. En este proceso, el acusado, al igual que en la justicia ordinaria, presenta su defensa y entrega evidencia que será analizada por la sección. Bajo la dirección de la magistrada Reinere Jaramillo, se revisaron más de 1.153 documentos y se solicitaron 82 testimonios.

“Se ordenaron las pruebas que solicitó la UIA con las que pretende probar la responsabilidad del coronel retirado en los hechos de ejecuciones extrajudiciales dadas durante el periodo en el que fue comandante en el Batallón La Popa entre 2002-2004″, explicó la magistrada Reinere Jaramillo, quien presidió la diligencia.

Asimismo, se decretaron todas las pruebas que solicitó la defensa para demostrar que el coronel retirado es inocente, entre ellas, se aceptó escuchar a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango como testigos en el juicio. También se decretaron las pruebas solicitadas por la Procuraduría General y los representantes de las víctimas.

Por otra parte, se ordenó al Ministerio de Defensa que remita copia de los denominados planes de guerra: Plan Colombia y Plan Patriota, así como los documentos que soporten o hagan constar los informes, alertas y advertencias de presuntas violaciones a los derechos humanos en Colombia remitidas por organismos internacionales durante el periodo de comandancia del coronel Mejía Gutiérrez en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa.

La centralidad de las víctimas en el modelo adversarial transicional

Durante la audiencia preparatoria, la magistrada Jaramillo Chaverra explicó el modelo, aprobado por unanimidad, que garantizará la participación efectiva de las víctimas en el juicio adversarial transicional que se desarrollará en Cesar y Bogotá. De esta manera, se asegura que, incluso por esta vía, por donde transitan quienes no aceptan responsabilidad, se mantenga la centralidad de las víctimas en el proceso judicial.

Según la Sección, asimismo, y de manera excepcional e inédita, los apoderados de víctimas podrán realizar preguntas complementarias en el juicio. Esta posibilidad se aplicará si, tras los interrogatorios y contrainterrogatorios, quedan aspectos que no hayan sido abordados o que tengan estrecha relación con la acusación.

El juicio oral, que será de carácter público, se desarrollará del 18 al 20 de septiembre de 2024 en la ciudad de Valledupar (Cesar) y continuará en tres momentos: el 17, 18, 28 y 29 de octubre; 12,13, 25 y 27 de noviembre y, finalmente, 3 y 4 de diciembre de 2024. Durante estas sesiones, la fiscalía de la JEP tendrá que probar que el coronel (r) Mejía Gutiérrez es responsable de los crímenes por los que se le acusa, mientras él defiende y trata de demostrar su inocencia.

Este primer juicio, con el que la JEP pondrá en marcha la ruta adversarial transicional, iniciará en Valledupar. ¿La razón? fue en ese territorio donde las comunidades indígenas y afros, así como la comunidad campesina sufrieron de manera directa las afectaciones por los hechos que se acusa al oficial retirado.

¿Por qué va a juicio el coronel retirado Publio Hernán Mejía?

El 7 de julio de 2021, la Sala de Reconocimiento de la JEP le imputó a Mejía Gutiérrez crímenes de guerra y lesa humanidad, dentro del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como bajas en combate por agentes de Estado. Como comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP), entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, el coronel (r) fue hallado máximo responsable por su participación determinante en el asesinato de 75 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.

Tras decidir no reconocer responsabilidad, el proceso del coronel (r) fue remitido a la UIA que lo acusó ante la sección por la comisión de al menos 35 hechos representativos en los cuales se victimizó a 72 personas entre enero de 2002 y noviembre de 2003, por conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en calidad de autor y coautor mediato.

De acuerdo con la UIA los crímenes se enmarcan en un patrón de macro victimización consistente en un ataque sistemático y generalizado contra integrantes de la población civil. Especialmente, jóvenes desempleados de bajos recursos, miembros de la comunidad indígena presentes en la región y campesinos del norte de Cesar y el Sur de La Guajira.

Según la UIA ese patrón macrocriminal se materializó en tres modalidades:

La primera tiene que ver con la alianza de un Ilegal Aparato Organizado de Poder (IAOP) con el frente ‘Mártires del Cesar’, también denominado como frente ‘Mártires del Cacique de Upar’, de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), liderado por David Hernández Rojas, conocido como ’39’.

Bajo esta modalidad, la UIA identificó tres tipos de víctimas:

Víctimas retenidas y asesinadas por las AUC, cuyos cuerpos fueron entregados al IAOP liderado por el procesado, quien luego de simular un combate, los presentó como el resultado de una operación militar.
Víctimas retenidas y entregadas con vida por las AUC al IAOP del procesado, para que fueran asesinadas y sus cuerpos fueran presentados como bajas en combate.
Víctimas que fueron señaladas por las AUC de pertenecer o auxiliar a otros grupos armados ilegales, para que los integrantes del IAOP liderado por el procesado, les quitaran la vida y los presentaran como resultados de las operaciones militares.

La segunda modalidad del patrón de macrocriminalidad hace referencia a que, los integrantes del IAOP de Mejía Gutiérrez asesinaron y desaparecieron a personas de la población civil, a las que hicieron pasar por objetivo militar lícito.

La tercera modalidad, por la cual se acusó al coronel en retiro, indica que el IAOP liderado por él, sostuvo combates reales con grupos armados ilegales ubicados en la zona. Después de ellos, se le quitó la vida a combatientes que habían depuesto las armas o se encontraban heridos.