–La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, llamó a versión a siete altos mandos militares en retiro que formaron parte de las unidades militares que en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca a rendir versión sobre los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate, esto es, los «falsos positivos», así como las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Los citados son los generales retirados del Ejército Nacional Justo Eliseo Peña, Óscar González Peña y Leonardo Alfonso Barrera Gordillo, así como el coronel (r) Emiro José Barrios Jiménez y los oficiales (r) Edwin Javier Madroñero, Wilfredy Areiza Jaramillo y Julio César Álvarez Pedreros.

Estos comparecientes fueron llamados conjuntamente en el marco de la fase nacional del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, y del Caso 05, que prioriza la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

La Sala ordenó el llamado a versión de los siete militares basándose en la información obtenida en otras diligencias del Caso 05. Esta investigación aborda violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en la región, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual, desplazamientos, desapariciones forzadas y afectaciones al medio ambiente, ocurridas entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016. También investiga una posible alianza entre miembros de la fuerza pública y el Bloque Calima de las AUC. Hasta ahora, 52 miembros de la fuerza pública han sido llamados a versión en este macrocaso.

Por otro lado, en marzo de 2024, el Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, llamó a versión a 12 comparecientes que formaron parte de la fuerza pública. Entre ellos hay excomandantes de la Tercera División y la Tercera Brigada del Ejército Nacional, así como del Gaula del Ejército, quienes operaron en el Valle del Cauca. Se les investiga por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los 42 municipios de este departamento.

La JEP ha recaudado información sobre numerosos casos de asesinatos presentados como bajas en combate por agentes del Estado ocurridos en el departamento del Valle del Cauca. Según investigaciones del Grupo de Análisis de la Información (GRAI), entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016, se registraron 307 muertes en este departamento que fueron ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

Los informes presentados a la JEP por las víctimas del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y la Corporación Plural destacan que, en el Valle del Cauca, los asesinatos de civiles por parte de la fuerza pública se realizaron mediante diversas modalidades. Estas incluían el perfilamiento proporcionado por informantes, engaños a través de reclutadores o instigadores, y la transacción de cuerpos asesinados con organizaciones paramilitares o narcotraficantes.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha mencionado ante la JEP numerosos hechos presuntamente cometidos por la fuerza pública en la zona priorizada en el Caso 05 como militarización de sitios sagrados, restricciones en la movilidad, desplazamientos, homicidios selectivos por parte del ejército nacional, ataques contra viviendas indígenas, asesinatos para desalojo de indígenas de haciendas ubicadas en el norte del Cauca, asesinatos de comuneros y asesinatos de indígenas durante las mingas.