–(Imagen de archivo). El doxeo o doxing se ha recrudecido en Venezuela con fines políticos. Se trata de la práctica de divulgar información privada para atacar y desprestigiar a personas por diversos motivos y se asocia al descontento post-electoral y a mecanismos de “terror” del Estado.

El doxeo o doxing, como se conoce a la revelación de información privada sin consentimiento a través de medios digitales para desprestigiar a una persona, se ha incrementado recientemente en la política venezolana, afirman especialistas y estudios de organizaciones civiles.

El gobierno de Venezuela ha incurrido en una campaña “masiva” de intimidación y doxeo exponiendo en redes sociales la información privada de cientos de manifestantes arrestados y activistas que protestan los resultados electorales, aseguró a la Voz de América la politóloga Mariví Marín, directora de Pro Box, una organización que monitorea la conversación digital en el país, donde Nicolás Maduro y la oposición, se disputan la victoria en las presidenciales.

Una investigación conjunta de Pro Box, el Instituto de Democracia Digital de las Américas (DDIA) y el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council determinó que el Estado venezolano empleó las redes sociales entre julio y agosto para afianzar “una campaña de criminalización masiva” y de “terror” contra la disidencia.

El doxeo es un concepto académicamente reciente que identifica a “la violencia virtualizada” empleada para “humillar, dañar y reducir la autonomía informativa” en Internet de alguna persona, de acuerdo con una investigación publicada en 2022 por los especialistas en criminología digital de la universidad australiana de Deakin, Briony Anderson y Mark Wood.

Dionexis García, hermana de Dioner Gómez, cuya fotografía muestra otro miembro de la familia, sostiene un cartel que dice en español “Nuestros hijos no son terroristas” afuera de un centro de detención, donde se encuentran algunos menores en Caracas.
Esa práctica consiste en la revelación inconsulta de datos personales, como nombres reales, dirección de residencia, su sitio de trabajo, coordenadas financieras, datos de familiares o detalles de su vida personal.

Entre los datos que pueden divulgarse sin consentimiento suelen estar direcciones de correo electrónico, fotografías personales, precisiones sobre su salud, antecedentes penales, historiales de búsquedas en línea o información sobre gustos y prioridades.

También, el doxeo puede incluir la difusión de comportamientos posible y presuntamente amorales, como relaciones extramaritales y delitos. Esta no es una práctica ilegal. En países como Argentina, el ministerio de Justicia ha advertido que “no existen leyes antidoxing específicas” y que su legalidad suele determinarse “caso por caso”.

El doxeo o doxing puede tener diversas razones, como el acoso en el mundo virtual de los videojuegos, intereses empresariales o el desprestigio político. En el caso venezolano, se ha manifestado entre actores del gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores en el contexto de la rebatida elección presidencial de julio, según docentes e investigadores.

Según los hallazgos del estudio conjunto entre Pro Box, DDIA y el Atlantic Council , el gobierno venezolano trasladó a las redes sociales su “cacería” de voces críticas como parte de la Operación Tun Tun, que derivó en los arrestos de cientos de manifestantes y activistas electorales de la oposición por parte de las fuerzas de seguridad.

“La Operación Tun Tun saturó el ecosistema digital venezolano con amenazas de arresto por publicar contenido que según el régimen fueran ‘golpistas’ o ‘violentos’, empleando doxing, publicando información personal de los acusados y realizando operativos de captura de manifestantes en vivo para intimidar, perseguir y arrestar a miles”, indica la investigación.

Entre el 29 de julio y el 19 de agosto, los investigadores registraron 128 cuentas en X “con publicaciones que incluían doxeo de ciudadanos”.

También documentaron 11 cuentas en TikTok, 4 en Instagram y 2 en Facebook. El doxeo incluyó asimismo la divulgación de videos de detenidos incriminándose a través de cuentas del gobierno venezolano.

De acuerdo con el informe de las tres organizaciones, el doxing es “una vieja práctica oficialista” dentro de Venezuela.

Según la fundadora de Pro Box, Mariví Marín, hay un contexto de “severas limitaciones” al acceso a la información y a la libertad de expresión en línea por parte del oficialismo venezolano.

A su juicio, el doxeo en Venezuela es parte de “una escalada de persecución y represión” del gobierno en redes sociales y aplicaciones de mensajería, que incluye la delación de presuntos detractores del oficialismo luego de la elección presidencial a través de una aplicación oficial, VenApp.

Carmen Beatriz Fernández, profesora de comunicación política en la Universidad de Navarra, España, especialista en ciberpolítica, desinformación y campañas electorales, resalta que el doxeo ni siquiera es un concepto ampliamente conocido en el mundo académico, pero sus orígenes y ejemplos son de antigua data.

“Es bastante común en las campañas políticas norteamericanas”, dice. “Le llaman investigación sobre oponentes y se trata de escudriñar a fondo todas las trayectorias de los adversarios políticos para armarles un dossier y una campaña negativa”, asegura.

“Implica sacar a la luz pública aspectos que han estado escondidos en la trayectoria del adversario”, señala la profesora venezolana, recordando los momentos cuando se ventiló una multa por conducir en estado de ebriedad del expresidente George W. Bush o los reportes de que el exmandatario Bill Clinton fumó marihuana en su juventud.

Según Fernández, sus expresiones en Venezuela nacen esencialmente “desde el poder”, como lo observó en las campañas electorales de 2012 y 2013 contra el candidato presidencial opositor Henrique Capriles Radonski.

Algunos académicos también han tomado nota del doxeo por parte de opositores del presidente Maduro, entre denuncias sobre un presunto fraude en la elección del 28 de julio, con mensajes y videos que divulgan información privada de funcionarios del gobierno, sus familiares y supuestos colaboradores del chavismo en sectores empresariales y políticos.

Esa práctica “habla del descontento y la rabia” de una parte de la ciudadanía por lo que consideran que ocurrió en la elección presidencial, explica la politóloga, profesora y especialista en sociología, María Alexandra Semprún.

“La censura y el miedo hacen que las protestas sean canalizadas de otra forma. Son formas de protesta contra funcionarios a los cuales no les llega la ley” como castigo penal de sus delitos según sus críticos, precisa.

El oficialismo venezolano aprobó en 2017 una ley contra el odio mediante la cual ha detenido y acusado penalmente a decenas de personas. Durante su debate, hace 7 años, el chavismo mencionó la práctica del doxeo/doxing como justificación de su aprobación y promulgación.

Isbemar Jiménez, presidenta de la oficialista Radio Nacional de Venezuela y viceministra de Gestión Comunicacional del gobierno de Maduro, asoció entonces el doxeo con un “linchamiento moral y acoso a la población” a través de las redes sociales.

A su juicio, esas prácticas constituían “crímenes de odio” y eran parte de una “campaña” para presuntamente desestabilizar al gobierno venezolano.

Semprún, por su parte, detalla que el doxeo supone divulgar información que no necesariamente se conoce como cierta o falsa.

“Si hay una figura que genera rabia, la gente se va a sentir inclinada para creer todo lo malo que se hable sobre ella”, advierte.

Los orígenes del doxeo también se asocian con la antigua divulgación de chismes de políticos y personajes del espectáculo y la farándula en periódicos y revistas para tener mejores ventas e influencias “de poder”, indica. (Información VOA).