–La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció en las últimas horas que está sancionando a cinco sujetos colombianos involucrados en el comercio ilícito mundial de drogas y del tráfico de personas a través del Tapón del Darién, en la frontera colombo-panameña.

Los individuos colombianos sancionados hoy son «líderes del Clan del Golfo (CDG) de Colombia, también conocido como Los Urabeños, que es una de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes del país y un contribuyente clave al tráfico de personas a través del Tapón del Darién», precisa el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro.

También anuncia sanciones a empresas ubicadas en México, que, afirma, son propiedad de traficantes de fentanilo designados por el Cártel de Sinaloa, «una de las organizaciones de tráfico de drogas más notorias y omnipresentes del mundo, responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales que se trafican a los Estados Unidos».

Sobre los cabecillas sancionados del clan del golfo, que cita con las siglas CDG, el Departamento del Tesoro hace la siguiente relación:

El Presidente (Joe Biden) identificó a CDG, también conocido como Los Urabeños, como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin el 31 de mayo de 2013 y, en diciembre de 2021, la OFAC designó a CDG de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059. CDG depende de las actividades de narcotráfico y de un marco de estilo militar para mantener su operatividad, con su base de poder ubicada en su región natal de Urabá en el noroeste de Colombia. Desde esta ubicación estratégica, CDG envía cantidades de varias toneladas de cocaína a través de transporte marítimo a Panamá, México y otros países de América Central de forma regular.

En agosto de 2023, un gran jurado federal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida presentó una acusación formal contra José Miguel Demoya Hernández (Demoya Hernández) por tráfico de cocaína con la intención de distribuirla a los Estados Unidos. Demoya Hernández, que sigue prófugo de los cargos estadounidenses, también es buscado por el gobierno colombiano por su participación en CDG. Considerado el principal jefe financiero de CDG, Alexander Celis Durango (Celis Durango), fue acusado en marzo de 2021 por un gran jurado federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por tráfico de cocaína. Celis Durango fue arrestado por las autoridades colombianas en 2023 y actualmente está pendiente de extradición a los Estados Unidos.

La OFAC está sancionando a Demoya Hernández y Celis Durango de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o plantean un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

La OFAC también está sancionando a José Gonzalo Sánchez Sánchez (Sánchez Sánchez), considerado el segundo al mando dentro de CDG.

Además, la OFAC está sancionando a José Emilson Córdoba Quinto (Cordoba Quinto) y Wilder de Jesús Alcaraz Morales (Alcaraz Morales), quienes son responsables del control de los flujos migratorios a través del Tapón del Darién, así como del transporte de drogas a través del territorio del CDG.

Las autoridades colombianas están ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos colombianos por la captura de Córdoba Quinto y Alcaraz Morales. Por otra parte, el Departamento de Estado de los EE. UU. ha emitido una recompensa bajo el Programa de Recompensas del Crimen Organizado Transnacional por información relacionada con los principales líderes del CDG involucrados en el tráfico de personas en la Región del Darién entre Colombia y Panamá.

Además del tráfico de drogas, el CDG está involucrado en el transporte de migrantes y armas a través del Tapón del Darién, una barrera natural de 5.750 kilómetros cuadrados de selva tropical que separa América Central de América del Sur.

La OFAC está sancionando a Córdoba Quinto, Alcaraz Morales y Sánchez Sánchez de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por ser propiedad de, estar controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, CDG.

La OFAC está sancionando a Córdoba Quinto, Alcaraz Morales y Sánchez Sánchez de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por ser propiedad de, estar controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, CDG. Fin de la relación.

El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, afirmó que “el presidente Biden y la vicepresidenta Harris están comprometidos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para combatir a los cárteles que están envenenando nuestras comunidades con fentanilo y otras drogas letales”.

Agregó que “esta acción también apunta a la capacidad de organizaciones criminales como el cartel del golfo, con sede en Colombia para operar redes de tráfico de migrantes hacia el norte a través del Tapón del Darién y hacia la frontera sur de Estados Unidos.

«El Tesoro seguirá implacable en la interrupción de la financiación que alimenta el tráfico ilícito de fentanilo, incluidas las empresas comerciales que llenan los bolsillos de los miembros del Cártel de Sinaloa”, precisó.

El comunicado afirma que las sanciones impuestas hoy en Colombia son el resultado de la colaboración con la Policía Nacional de Colombia y la DEA (Administración para el Control de Drogas). El Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera de México, se coordinó con Estados Unidos para la acción en México.

Destaca que durante décadas, la OFAC ha coordinado con las autoridades colombianas y mexicanas para abordar el narcotráfico, incluso mediante sanciones a los cárteles y sus redes.

Confirma la visita de la directora interina de la OFAC, Lisa Palluconi, a Colombia y México esta semana y precisa que «fortalecerá aún más los lazos regionales del Tesoro, promoverá el cumplimiento de las sanciones y protegerá al sistema financiero de las ganancias de las drogas ilícitas».

Reseña que el Tesoro desempeña un papel de liderazgo en la lucha contra el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas como parte de la Agenda de Unidad del Presidente Biden, aprovechando su experiencia para combatir el financiamiento ilícito y los delitos financieros para interrumpir los flujos de dinero de los que dependen las organizaciones criminales para operar.

«En los últimos dos años, el Tesoro ha sancionado a más de 350 objetivos por su participación en actividades de tráfico de drogas en todas las etapas de la cadena de suministro, desde los principales líderes de los cárteles hasta laboratorios poco conocidos, redes de transporte y proveedores de productos químicos», resalta.

En lo que se refiere a los miembros del Cártel de Sinaloa, México, el Departamento del Tesoro afirma que utilizan con frecuencia las ganancias del narcotráfico internacional para establecer negocios que, aparte de la inversión inicial de ganancias ilícitas, pueden parecer que funcionan de manera legítima.

Los sancionados son los narcotraficantes con sede en Culiacán, Sinaloa, México y sus cónyuges, Jesús Norberto Larrañaga Herrera (“El 30”) y Karla Gabriela Lizarraga Sánchez, quienes fueron designados en marzo de 2024 de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 , establecieron Nieves y Paletas EVI utilizando las ganancias de las drogas, incluidas las derivadas de la venta de fentanilo ilícito. De manera similar, Farmacia y Mini Super Trinidad , una farmacia minorista y supermercado en Nogales, Sonora, es propiedad, está controlada o dirigida por el narcotraficante con sede en Nogales, José Arnoldo Morgan Huerta («Chachio»), hermano de Juan Carlos Morgan Huerta («Cacayo»), quien también fue designado en noviembre de 2023. Como «jefe de plaza» del Cártel de Sinaloa, Juan Carlos Morgan Huerta administra las operaciones del cártel en Nogales y supervisa el tráfico de cantidades de varias toneladas de drogas, que incluyen cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo ilícito, desde México a los Estados Unidos. En abril de 2021, Juan Carlos Morgan Huerta fue acusado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por varios cargos de tráfico de drogas relacionados con el fentanilo, la cocaína, la heroína y la metanfetamina. Hasta la fecha, es un fugitivo.

Hoy, la OFAC sanciona a Nieves y Paletas EVI por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Jesús Norberto Larrañaga Herrera y Karla Gabriela Lizarraga Sánchez; y sanciona a Farmacia y Mini Super Trinidad por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, José Arnoldo Morgan Huerta. Cada una de estas tres personas fue sancionada previamente de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059.

La OFAC coordinó estas acciones con base en México con el Grupo de Trabajo de Control de Drogas contra el Crimen Organizado de Tucson del Buró Federal de Investigaciones, el Escuadrón de Respuesta de Cumplimiento Local de la Administración de Control de Drogas de la División de Campo de Phoenix de la DEA, el Grupo de Trabajo de Phoenix Scottsdale de la DEA, el Grupo 51 de la Oficina del Distrito de Nogales de la DEA, la Oficina de Tucson de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también están bloqueadas. A menos que estén autorizados por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentos, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas de otra manera. Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de la Orden Ejecutiva 14059 y la Ley Kingpin. Las personas no estadounidenses también tienen prohibido causar o conspirar para causar que personas estadounidenses violen consciente o inconscientemente las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que evadan las sanciones estadounidenses. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC brindan más información sobre la aplicación de las sanciones estadounidenses por parte de la OFAC, incluidos los factores que la OFAC generalmente considera al determinar una respuesta apropiada a una aparente violación.

La medida de hoy forma parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis no fatales. Esta medida también se basa en un reciente aviso complementario de FinCEN a las instituciones financieras estadounidenses sobre nuevas tendencias, tipologías e indicadores de alerta asociados con la cadena de suministro ilícita de fentanilo y la adquisición ilícita de productos químicos precursores de fentanilo y equipos de fabricación por parte de organizaciones criminales transnacionales con sede en México. La OFAC, en coordinación con sus socios del gobierno de EE. UU. y sus homólogos extranjeros, y en apoyo de la Agenda de Unidad de la Administración Biden-Harris , seguirá exigiendo cuentas a las personas y empresas involucradas en la fabricación y venta de drogas ilícitas.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC no sólo se derivan de la capacidad de la OFAC para designar y añadir personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar a personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento. (Información directa del Departamento del Tesoro EE.UU).