–La Fiscalía General de la Nación notificó en las últimas hoas que el proceso por el sonado escándalo de corrupción de Odebrecht continúa, reportando entre las más recientes decisiones, entre ellas, la preclusión y el retiro de acusaciones contra algunos investigados, y añadió que en el contexto de una valoración integral de las actuaciones investigativas y judiciales adelantadas en los últimos años, reorganizó el Grupo de Tareas Especiales destacado para este caso y fortaleció las estrategias en las diferentes líneas de acción.

“Los cambios que se han dispuesto buscan alinear las investigaciones a las reglas procesales de conexidad y a la metodología de asociación de casos, para abordar este fenómeno criminal de manera integral, de cara al Direccionamiento Estratégico 2024-2028 “Experiencia e innovación al servicio de la justicia”, precisó el organismo judicial en un comunicado.

La Fiscalía estableció que como producto del estudio detallado de los elementos de prueba que obran en los expedientes, ha sometido a consideración y decisión de los jueces competentes propuestas de reorientación jurídica de algunos de los casos.

En la primera de estas acciones -puntualizó-, se solicitó ante el juez competente la preclusión de una de las dos investigaciones seguidas contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade Moreno, al presentarse dos escritos de acusación por la misma irregularidad atribuida al investigado.

Con esta solicitud, que fue respaldada por la defensa, el Ministerio Público y el representante de víctimas, se busca que se adelante el juicio de estos hechos bajo una sola cuerda procesal para conjurar el doble juzgamiento, que riñe con el debido proceso y el principio de non bis in idem, indicó.

Así mismo resaltó que se retiraron las acusaciones presentadas contra María Clara Garrido, Beatriz Eugenia Morales Vélez, José Andrés Torres Rodríguez, Yasmina del Carmen Corrales Paternina, Daniel Francisco Tenjo Suárez, Francisco Javier Forero Lozano y César Augusto Peñaloza Pabón por cuanto se trata de funcionarios de la ANI a quienes les fue imputado el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, no obstante que su participación se limitó a asistir a algunas sesiones del comité de gestión contractual de esa entidad en las que se discutieron las adiciones del contrato de concesión ‘Ruta del Sol II’, sin intervenir ni tener poder de decisión, o por el hecho de rendir conceptos técnicos en cumplimiento lícito de las funciones que desempeñaban.