–(Foto U. Andes). Una pena de 76 meses de cárcel le impuso la Corte Suprema de Justicia al exgobernador de Sucre, Jorge Carlos Barraza Farak, además de una multa de 285 salarios mínimos, por hechos de corrupción en contratos que adjudicó hace más de quince años sin el cumplimiento de requisitos legales.

La condena la profirió la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, la cual negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria y determinó que el exmandatario sea detenido y puesto a disposición del Inpec para que le asigne el centro carccelario en el cual será recluido.

Barraza Farak ocupó el cargo de gobernador de sucre entre 2008 y 2011, y fue procesado por tres contratos que adjudicó por cerca de mil 900 millones de pesos, para la dotación de material de apoyo para el desarrollo y el mejoramiento de las competencias de estudiantes de ocho municipios del departamento, dotación de textos escolares de inglés e informativa de 7 municipios y dotación de textos integrados de las cuatro áreas básicas para estudiantes de 9 instituciones oficiales del departamento.

Los contratos fueron firmados con José Lizardo Molina Horta y Luis Eduardo Quintero Pérez, representantes legales de la
empresa Los Tres Editores y se justificaron en la necesidad de mejorar la calidad educativa de los estudiantes de los colegios oficiales del departamento por el bajo nivel reportado en las pruebas del ICFES 2009-2011, instrumento de medición del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que evalúa las destrezas de los estudiantes durante su formación básica y media a través de sus habilidades para la resolución de problemas; sin analizar las causas de la problemática ni consultar a los docentes y rectores de los colegios favorecidos.

La Corte precisa que los hechos de corrupción ocurrieron en la época en que el aforado se desempeñó como gobernador de Sucre, dignidad a la que accedió por votación popular, lo cual reviste su conducta de gravedad pues se trató de la adquisición de libros de colegios oficiales de población marginada, privando a los menores más necesitados de la posibilidad de competir en condiciones de igualdad en las pruebas del ICFES, hechos que, por demás, denotan el poco respeto que tiene por las normas penales y el desprecio a la confianza que sus electores depositaron en él para velar por los destinos del departamento.